La compañía HIF Global presentó ante el Ministerio de Ambiente la comunicación y viabilidad ambiental de localización del proyecto de una planta para la producción de metanol y gasolina sintética a partir de hidrógeno verde, generado mediante la electrólisis de agua proveniente del río Uruguay, y dióxido de carbono, generado por la combustión de desechos de empresas forestales y también proveniente de una planta de Alur. La iniciativa, que incluye obras complementarias, pretende ubicarse en Paysandú en padrones linderos al área protegida Islas del Queguay.
Los estudios fueron realizados por la consultora CSI y la iniciativa fue categorizada como C, que abarca “actividades, construcciones u obras cuya ejecución pueda producir impactos ambientales negativos significativos, se encuentren o no previstas medidas de prevención o mitigación”. El Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental determina que este tipo de proyectos requiere, además, un estudio de impacto ambiental completo, puesta de manifiesto y audiencia pública.
La presentación de la viabilidad ambiental de localización es un primer paso que deben dar los privados para obtener la autorización ambiental previa. Sin embargo, este documento –que tiene 372 páginas– es clave porque aborda la ubicación del emprendimiento, que es uno de los puntos que han sido más cuestionados por organizaciones socioambientales y sindicatos que pretenden declarar la zona bajo protección departamental mediante iniciativas populares. Por otro lado, el informe también brinda información sobre las características de la planta, sus obras complementarias, los posibles impactos y la cantidad de agua que utilizarán.
El documento encargado por los privados justifica que la iniciativa está alineada con “la política uruguaya de diversificación de la matriz energética” y argumenta que “la visión de la empresa es liderar el camino en la lucha contra el cambio climático y fomentar la descarbonización a través de soluciones innovadoras”. Dice que, por esta razón, está construyendo y operando plantas para producir combustibles sintéticos en varios países. Por ejemplo, otro de sus proyectos se llama Haru Oni, se ubica en la región de Magallanes y la Antártica chilena y, según consigna HIF Global en su página web, se trata de “la primera planta demostrativa de combustibles sintéticos carbono-neutrales”; vende sus productos a la compañía alemana Porsche para eventos que realiza en Estados Unidos y Europa. Este emprendimiento, según reportó El País de Madrid, también ha causado preocupación en académicos y locales por los posibles impactos en las poblaciones y ecosistemas.
Pese a las reticencias en sectores de la población de Chile y Uruguay, la compañía está intentando expandir la industria. Según indica el documento presentado ante el Ministerio de Ambiente, la planta en Paysandú “será la concreción a escala industrial” de la producción de estos combustibles sintéticos. Actualmente el informe se encuentra en puesta de manifiesto, que es el momento en que la población puede hacer llegar sus comentarios a los tomadores de decisiones a través de la web de la cartera.
Más que una planta: infraestructuras y cambios de uso del suelo
En el documento presentado ante la cartera por HIF Global se detalla que su capacidad de producción será de 876.000 toneladas de e-metanol y 313.390 toneladas de e-gasolina por año. Ambos productos serán exportados. La ubicación fue seleccionada porque “presenta aptitudes clave para el desarrollo industrial”. También señala que los componentes del proyecto que serán evaluados en esta autorización son la planta de producción de combustibles sintéticos; una obra de toma para la aducción de agua del río Uruguay; un ducto de conducción de agua desde el río hacia la planta; un emisario para el vertido de efluentes desde la planta hacia el colector industrial de la ciudad de Paysandú; ductos que conectarán la planta de Alur y la de HIF; un sitio de “disposición” de cenizas generadas por la combustión de residuos forestales, y una infraestructura “temporaria” de atraque y acceso en el río Uruguay.
Las instalaciones también contarán con una planta de tratamiento de agua desmineralizada y potable, otra de tratamiento de aguas servidas y residuales, otra planta de electrólisis y tratamiento de hidrógeno, un área de compresión y almacenamiento de hidrógeno y calderas, cuyo “principal propósito” “es transformar los desechos forestales en dióxido de carbono” que, “junto con el hidrógeno, son el insumo primordial de la planta de síntesis de metanol”.
Por otro lado, mediante otras autorizaciones ambientales, la compañía pretende ejecutar obras complementarias pero necesarias para llevar adelante el megaemprendimiento, como los “proyectos conexos para la generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables (plantas fotovoltaicas y parques eólicos) y la conducción de esta hacia el punto de conexión para el suministro de la planta”. Señala que “la producción de combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y dióxido de carbono hará uso de agua, la que provendrá de una toma de agua superficial en el río Uruguay, desechos forestales (biomasa) y energías renovables. El hidrógeno se produce por el proceso de electrólisis del agua, mientras que el CO2 provendrá en parte de la captación de las emisiones producidas en la planta de bioetanol de Alur en Paysandú, en parte de la combustión de la biomasa obtenida de residuos de cosecha y eventualmente de residuos de la industria maderera, [de] emprendimientos ubicados en un radio de 300 kilómetros de la planta aproximadamente”.
Cuando la planta esté en plena capacidad de operación, esperan “el arribo de aproximadamente 110 camiones por día” para alimentar tres calderas de combustión de residuos forestales. Estiman que el consumo de esta biomasa será de 951.400 toneladas anuales. Durante el proceso de combustión de los desechos forestales generarán cenizas, aproximadamente 33.029 toneladas por año. Por esta razón, el proyecto incluye un “depósito de residuos sólidos industriales” o “monorrelleno” para su disposición final. Esta obra ocupará 7,5 hectáreas aproximadamente.
Para abastecerse de energía renovable, la compañía también inició los trámites ante el Ministerio de Ambiente para dos proyectos. El llamado Lucía es una planta solar fotovoltaica conformada por 1.844.400 paneles que se planea distribuir en 1.500 hectáreas en un predio ubicado a 12 kilómetros del poblado El Eucaliptus. El otro, denominado Elena, es un parque eólico que contará con 158 aerogeneradores y que se estima que ocupará 47,5 hectáreas.
La vida útil de la planta de combustibles sintéticos se estima en 40 años. La empresa señala que durante la etapa de obra “se generarán en promedio 1.375 puestos de trabajo”, con “un máximo de 3.200 personas en el momento de mayor actividad”. Durante la fase máxima de operación se contempla “un total de 640 personas contratadas de forma directa e indirecta”.
Agua dulce para combustibles sintéticos
HIF Global pretende abastecer su proceso industrial con agua proveniente del río Uruguay, construyendo una toma “a la altura del predio de la planta de e-combustible”. La demanda de agua bruta, detalla, es requerida para tres procesos: la producción de hidrógeno, la “reposición de agua de sistemas de enfriamiento” y la “reposición de agua de sistema de generación de vapor de caldera”. En concreto, la captura de agua será de 1.557 metros cúbicos por hora. Para ayudar a comprender la cifra, según datos de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua, una familia tipo integrada por cuatro personas consume entre 10 y 20 metros cúbicos por mes. Es decir, el proyecto pretende tomar en una hora la cantidad de agua equivalente a la que consumen entre 78 y 155 familias en un mes.
Sobre este punto, la compañía indica en el documento que “la producción de combustibles sintéticos a partir de hidrógeno verde requiere el suministro continuo de agua, por lo cual es imprescindible contar con una fuente de agua capaz de abastecer la demanda de manera sustentable. La principal ventaja locativa del sitio seleccionado responde justamente a este aspecto, situándose sobre la costa del río Uruguay. El abastecimiento a la industria con agua proveniente del río Uruguay asegura la cantidad y calidad objetivo para los procesos, a la vez que no impone riesgos de afectación al ambiente, la población y otros usos recreativos o productivos, ya que la cantidad de agua a extraer representa en el orden del 0,01% del caudal del río en condiciones promedio”.
Algunos de los posibles impactos en el territorio
En la viabilidad ambiental de localización se sistematiza la identificación de impactos ambientales y se hace una especie de lista de los impactos potenciales negativos que necesitan una evaluación específica, los impactos potenciales negativos que “pueden ser eliminados o minimizados mediante la implementación de prácticas ambientales conocidas y que no demandan proyectos o estudios de ingeniería específicos” y los impactos potenciales “no significativos”.
Durante la etapa de construcción encontraron 36 impactos negativos que necesitan una evaluación específica, 72 impactos potencialmente negativos que pueden ser mitigados y 69 impactos que no son “significativos”. Algunos de los que requieren mayor atención son la “pérdida de cobertura vegetal”, el “riesgo de introducción de especies invasoras”, la “fragmentación de hábitats”, la “probabilidad de afectar elementos de interés cultural debido a las excavaciones a realizar en el sitio”, la “posible alteración” de la “hidrodinámica del río” y de la calidad de agua, el “ahuyentamiento de fauna y riesgo de atropellamiento” y la “posible migración o muerte de fauna debido a destrucción del hábitat en el entorno inmediato de la obra”.
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HIF Global asegura que para lograr “la optimización de la logística de transporte para el arribo de los componentes necesarios para el montaje de la planta industrial” necesita “disponer de un acceso fluvial” temporal que implica intervenciones en la “zona de protección ambiental y manejo de borde del río, dispuesta como servidumbre ecológica”. La obra que definieron como de “atraque y acceso” desde el río Uruguay implica estructuras sobre el curso de agua en “los límites” del área protegida Islas del Queguay. Un ejemplo de los impactos ambientales negativos identificados es la “afectación a la flora y fauna local por la remoción de vegetación en las zonas de obras, que implica la tala de un área de bosque ribereño y monte parque, con presencia de especies nativas”. La empresa relata que, “luego de la obra y del levantamiento de la infraestructura temporal”, se harán “planes de restauración del área”.
Durante la fase de operación estimaron 12 impactos negativos que requieren una evaluación específica, 21 impactos que pueden ser mitigados y 12 que no son “significativos”. Algunas de las problemáticas que deberán ser estudiadas con mayor detalle son los “cambios del paisaje y visuales por la presencia de la infraestructura de la planta”, el “efecto lumínico de la planta” que podría afectar la fauna local –recordemos que el sitio forma parte de un área que ha sido destacada a nivel internacional por su importancia para las aves– y el “incremento de la circulación vehicular” que “puede constituir un riesgo para la circulación y población de la zona”. También menciona que se podría generar “deterioro local de la calidad de aire y molestias a la población cercana”.
Por ejemplo, describe que “por la combustión de biomasa se producirá la emisión de gases y partículas”. Durante la Evaluación de Impacto Ambiental estudiarán “las características de la emisión” y “se modelará la dispersión en el aire de las emisiones del proyecto” para “analizar la potencial afectación a la calidad del aire”. Dice que la “antorcha” actúa “como un mecanismo de seguridad ante eventuales problemas en la planta de síntesis de combustibles” y que “el proyecto prevé la incorporación de sistemas de mitigación de emisiones gaseosas de forma de garantizar cumplimiento con los estándares normativos”.
Otro impacto es la “percepción social negativa” generada por la “afectación al paisaje por la presencia física del sitio de disposición de cenizas en el predio del proyecto”. La viabilidad ambiental de localización dice que “la presencia del sitio de disposición de cenizas producirá una modificación sobre el paisaje actual, el que se caracteriza por un ambiente rural, de relevancia ecosistémica y paisaje natural asociado a la costa del río Uruguay y el conjunto de Islas del Queguay”. Agrega que “deberá estudiarse en mayor detalle el grado de afectación”.