Lorenzo defendió la ponderación de los impuestos directos en la estructura de los ingresos fiscales lograda con la Reforma Tributaria y dijo que, en virtud de ello, la estrategia futura supone “reducir la importancia de los impuestos indirectos” jerarquizando los que contribuyan más a la equidad, en sintonía con la idea del FA de abatir el Impuesto al Valor Agregado (IVA). Licandro criticó el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) porque grava el ingreso cuando se genera mientras el IVA vuelve a hacerlo cuando se consume, y evaluó que el IRPF afecta el ahorro; aseguró que un gobierno del PN eliminaría el Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS), que sustituyó al IRPF a los jubilados, en tanto éste sería desmantelado al cabo del período. Sobre el abatimiento de ingresos fiscales que supondría eliminar el IRPF, explicó que sería compensado por la suba de la recaudación derivada del crecimiento de la economía.
El otro
La AP sustenta “un planteamiento económico diametralmente opuesto al pensamiento económico predominante”. Su estrategia de inserción internacional supone privilegiar la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba). Yohai planteó, además, la “reforma agraria”, el “control del comercio exterior” con “apropiación estatal de las divisas” y el impuesto progresivo al capital. Reclamó la protección de la producción nacional, porque en los períodos de mayor protección comercial y dirigismo estatal Uruguay alcanzó un “alto nivel de vida [...], equidad y seguridad en las calles”.
El que guarda siempre tiene
Licandro afirmó que “los años que estamos viviendo muestran un aumento del gasto público francamente espectacular”, por lo que el PN quiere aplicar una “regla fiscal”: supone que el gasto público suba atado a la tasa de crecimiento potencial o al promedio de aumento del Producto Interno Bruto (PIB) de los últimos años. Así, el gasto actuaría en forma contracíclica, expandiéndose con la retracción de la economía y disminuyendo con su auge; la deuda pública como porcentaje del PIB caería y “las generaciones futuras no se tendrán que hacer cargo de los desgobiernos en materia fiscal” ocurridos en las gestiones precedentes. A su turno, Umansky insistió en la idea de evaluar los resultados del gasto público, incorporando la “programación estratégica” en su diseño. Posada también abogó por una regla fiscal que represente “un cambio en la cultura de gobierno”, generando un “fondo estructural de reserva” para hacer frente a las fluctuaciones de los ciclos.
Lorenzo valoró como positiva tal opción pero advirtió que no es “la panacea”, ya que Chile, citado como ejemplo de su aplicación, debió apartarse de la regla fiscal en la crisis actual y activó “programas excepcionales” para mitigar la retracción. Recordó que la política de gasto público del gobierno del FA se pensó para “mitigar vulnerabilidades” y afirmó que “la política fiscal está anclada sobre firmes bases de sustentabilidad”. Adelantó que las prioridades de un nuevo gobierno del FA serían el gasto social, la educación y la seguridad pública.
Equilibrios, en plural
Lorenzo ponderó la estabilidad como “un elemento distintivo” del gobierno del FA, reivindicando una definición más amplia que la referida únicamente a “equilibrios macroeconómicos y monetarios”. Planteó como un componente central de la estabilidad “la reducción de vulnerabilidades” sociales, para lograr “más crecimiento económico y menos necesidades insatisfechas”. Reclamó incorporar esas dimensiones “cuando se habla de la opción pura y dura de ahorro versus ‘despropósito’ fiscal”.
For export
Si bien hubo críticas al gobierno por no firmar un TLC con Estados Unidos, la inserción internacional de la economía registró el menor nivel de disenso entre los panelistas. Lorenzo puntualizó que “la dimensión de nuestra economía requiere forzosamente de oportunidades de mercado”, lo que hace necesaria una estrategia agresiva de penetración en “todos” los mercados.
Licandro aseguró que el PN promovería la apertura externa mediante “acuerdos comerciales con otros países”; aunque éstos deben celebrarse “con quien sea”, apuntó que “cuanto más grande y asimétrica sea esa economía mejor para nosotros, porque los acuerdos de libre comercio son para exportar y para importar”.
Umansky dijo que para alcanzar metas de crecimiento es imprescindible “propender a una mayor y mejor inserción del país al mundo”, lo que exige “actuar con pragmatismo”. Posada sugirió una estrategia de “regionalismo abierto” que pondere los acuerdos con países que tengan producciones complementarias con las de la economía uruguaya.
Parte y reparte
El tipo de negociación salarial y el papel del Estado en ella provocaron divergencias entre los representantes del FA y el PN. Licandro sostuvo que su partido mantendría los ámbitos colectivos como espacio de negociación salarial pero reclamó una política laboral con negociación “libre y voluntaria” entre trabajadores y empresarios, por lo que en un gobierno blanco habría un marco legal como el actual “con algunas modificaciones”.
Lorenzo reivindicó los logros del gobierno en la materia, explicando que el crecimiento del ingreso de los hogares “no hubiera sido posible sin una institucionalidad laboral como la que se planteó en los Consejos de Salarios”. Sin éstos, “los frutos del crecimiento económico” no habrían llegado a amplios sectores de la población, por lo que la estrategia de negociación salarial fue clave para el “abatimiento de la desigualdad”.
Hoy como ayer
Tras repasar las acciones del gobierno blanco de los años 90 para desregular una economía catalogada como “altamente intervenida e inducida por la función pública”, Licandro aseguró que en otro gobierno del PN “la desregulación de la economía se va a profundizar”. Dijo que si bien ese criterio “fue criticado en aquel momento [...] hoy todo el mundo lo acepta”, aunque posteriormente “no se avanzó en ese camino”. Destacó la idea de su partido de liberalizar el comercio de combustibles habilitando “la importación de derivados de petróleo”, la generación de energía eléctrica y la conectividad.
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