El impuesto es recaudado por la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). Grava a las propiedades inmuebles urbanas y suburbanas que superen el monto mínimo imponible, estimado en base al valor real expedido por la Dirección Nacional de Catastro (ver recuadro). Actualmente deben tributar 365.600 padrones de Montevideo y 394.000 del interior, según explicó a la diaria Gabriela Silva, gerenta de Recursos Propios de la ANEP. Habría alrededor de 250.000 padrones por debajo del mínimo imponible.
¿Quién paga?
Deben pagar el impuesto las personas propietarias, promitentes compradoras, usufructuarias y poseedoras de bienes inmuebles urbanos o suburbanos de todo el país cuyos valores catastrales superen, en 2009, los 82.542 pesos. Se tributa de manera progresiva en proporción al valor catastral, con tasas que van de 0,15% a 0,30%. Expresados en pesos, los montos a pagar van desde los 123 pesos a los 216 pesos en la primera franja (82.541 a 144.447 pesos valor catastral), de 288 a 1.238 pesos en la segunda (de 144.448 a 619.050 pesos), de 1.547 a 3.611 pesos en la tercera (619.051 a 1.444.446), y de 4.333 pesos en adelante para las propiedades valuadas por encima de 1.444.446 pesos. Pasados los noventa días de la fecha de vencimiento, la mora es de 20%. Para valuar las propiedades, la Dirección Nacional de Catastro se vale de fotos aéreas, planos y permisos de construcción, y del relevamiento exterior de las casas; tiene en cuenta la extensión y ubicación de los terrenos y las características materiales, arquitectónicas y de conservación de las construcciones. Esto hace que el impuesto pueda ser inequitativo e injusto, porque indica que la persona aporta por el bien que tiene, sin considerar la condición económica en que ésta pueda encontrarse. Por otra parte, las propiedades se reaforan teniendo en cuenta los valores de mercado y no los montos de los sueldos.
En este período de gobierno han aumentado los montos a tributar, así como el número de propiedades en condiciones de hacerlo, debido al reaforo realizado por la Dirección Nacional de Catastro, que ha acercado los valores históricos a los valores de mercado. En muchos casos, dicho aumento quintuplicó los valores, principalmente en el interior, donde los aforos estaban menos actualizados.
Para que el impacto no fuera tan grande, en 2008 se resolvió que el impuesto se cobrara sobre un promedio de los valores reales de los últimos cinco años, y que en aquellos casos en que “en un período anterior de casi diez años [la Dirección Nacional de] Catastro había hecho un aforo, y el nuevo aforo superaba al anterior en más de un 50%, se tomaría como base para el cálculo la suma del valor histórico más el 20% del aumento el primer año, el siguiente año el otro 20%, el tercer año el otro 20% y así hasta que en cinco años se estuviera pagando por el aforo vigente”, explicó Silva.
La nueva base de cálculo determinó que en 2009 deban tributar 50.000 padrones más que en 2008. Silva aclaró que desde el punto de vista de la recaudación el incremento no fue tan notorio (esos 50.000 padrones significan una recaudación de alrededor de 5 millones de pesos), pero que “va a seguir aumentando, seguramente va a haber más padrones que pasen a tributar, y los que ya están tributando este año van a crecer en su aforo; al cabo de cinco años va a notarse ese aumento, que de año a año no es tanto”.
Destino
La ley de creación del impuesto estableció que lo recaudado se destine a “financiar los créditos presupuestales de gastos e inversiones del Consejo de Educación Primaria [CEP]”. De acuerdo con el documento publicado en la página web de la ANEP, en 2008 el impuesto recaudó 910 millones de pesos. De ellos, 87% fue para el rubro alimentación. El segundo ítem corresponde a “Gastos de funcionamiento del Consejo de Educación Primaria” (5,5%), entre los que se incluyen los gastos de recaudación del impuesto. Silva indicó que “los dos rubros más importantes de gastos operativos del tributo son los agentes de cobranza, que son Abitab y Red Pagos”, y que “el otro gasto importante está en el costo de la distribución de la factura, que se realiza a través del Correo”.
Consultada acerca del costo de la publicidad que esporádicamente se encarga de recordarle a la gente que es hora de pagar el impuesto de primaria, la gerenta señaló que “la publicidad también es un rubro importante, pero es menos de la mitad de la distribución de la factura: la distribución del Correo este año fue de 14.500.000 y la publicidad fueron 5 millones”. Porcentajes menores fueron invertidos en transporte escolar (3,4%), partidas de limpieza para las escuelas (1,9%), equipamiento de escuelas (1,9%) y transferencias a comisiones de fomento (0,4%). La actual administración identifica como un cambio importante respecto de la administración anterior haber dejado de destinar fondos del impuesto al rubro “Sueldos”, que, según datos de ANEP, en 2004 absorbió el 44,7% de lo recaudado. Esta corrección les permitió reorientar el impuesto hacia la alimentación escolar, que en 2004 representaba apenas el 49,5%.
¿Quiénes no pagan?
Están exoneradas del impuesto las propiedades del Estado; las propiedades de gobiernos extranjeros y destinadas a sedes de legaciones diplomáticas, organismos internacionales o consulares; los templos religiosos; las instituciones de enseñanza privadas y culturales; las cooperativas de vivienda; y las instituciones de asistencia médica colectiva. La ley de creación del impuesto incluía también a las propiedades rurales, que fueron excluidas en 1996. A cambio, el Ministerio de Economía y Finanzas realiza una transferencia de dinero a la oficina del Impuesto de Primaria, por lo que éste recauda de los padrones rurales. En 2009 dicha transferencia fue de 97 millones de pesos. También el Banco Hipotecario del Uruguay aporta desde 2001 por las viviendas que están en su cartera comercial y que aún no ha colocado.
Morosidad en cifras
La recaudación genuina (de los contribuyentes) representó en 2008 casi el 85% del total, según datos proporcionados por Gabriela Silva, gerenta de Recursos Propios de la ANEP.
El impuesto tiene una morosidad importante: en Montevideo es de 24%, mientras que en el interior supera el 50%.
Silva indicó que desde el punto de vista de la recaudación, la deuda “está repartida entre Montevideo y Maldonado, porque el resto de los departamentos, aunque tenga una morosidad importante, no representa un monto significativo”.
Como forma de disminuir la morosidad, Silva señaló que están apuntando a las deudas que superan los 100.000 pesos. Se realiza un proceso administrativo de intimación, y, en caso de no obtener respuesta, se inicia el juicio ejecutivo. “En Montevideo seleccionamos 134 padrones, cuya deuda total es de 129 millones, de los cuales recuperamos 10 millones hasta ahora”.
La morosidad en el interior puede explicarse por la ausencia de facturas. Hasta 2006 las facturas sólo se distribuían en Montevideo; a partir de esa fecha comenzaron a repartirse en el departamento de Canelones, aunque no está totalmente cubierto. En el resto del país, quienes quieran pagar el impuesto, tienen que presentarse ante alguna de las oficinas recaudadoras y pagarlo. El estímulo puede considerarse bajo, más aun si se considera que la ciudadanía paga muchos otros impuestos para cubrir el tan anhelado 4,5% del PBI para la educación pública.
Alimentación
Tal como se describe en la página web del CEP, el Programa de Alimentación Escolar (PAE) “se inició a principios del siglo XX en las escuelas rurales y al aire libre, extendiéndose luego al medio urbano”. En 2008 el PAE atendió a 253.000 escolares y preescolares, cubriendo así más del 60% de la matrícula total.
No deja de ser llamativa la creciente función de alimentación que asumen las escuelas públicas. Consultada al respecto, la doctora María Ester Mancebo, investigadora de políticas educativas, respondió a la diaria que “la escuela tiene una función prioritaria: educar. Sin perjuicio de preservar el cumplimiento de tal función básica, las políticas sociales encuentran en la institución escolar un excelente lugar de canalización porque allí están prácticamente todos los niños en muchas jornadas a lo largo de todo el año lectivo [...] Desde otro ángulo, más niños pueden acceder a los programas sociales si éstos se instrumentan haciendo de la escuela un núcleo central. Este enfoque tiene el riesgo de sobrecargar a la escuela con tareas que la alejen de su función fundamental, por lo cual deben hacerse los arreglos institucionales que eviten que se desvirtúen el papel de la escuela y el rol de los maestros”.
Más allá de que los almuerzos o meriendas compartidas puedan proporcionar espacios para trabajar aspectos educativos, la perspectiva cambia cuando un niño está obligado a concurrir a la escuela para comer, aunque esté en vacaciones, aunque necesite y merezca tener vacaciones. Queda la sensación de que Primaria está cubriendo huecos ajenos. No es Primaria la que tiene que preocuparse por alimentar a los niños, porque hay otros organismos creados para eso.
Y mientras, las comisiones de fomento deben asumir numerosos gastos de funcionamiento que le corresponden a Primaria. Mensualmente, las comisiones de fomento recaudan fondos que son utilizados para comprar vidrios, reparar instalaciones eléctricas y sanitarias, comprar o procurar donaciones de pintura, pintar y un largo etcétera que abarca también la adquisición de materiales didácticos. Las comisiones de fomento recaudan principalmente con rifas, beneficios y bonos colaboración, o sea, con el aporte directo de la ciudadanía.
