El día que asumieron las autoridades de salud mental, integrantes del directorio de ASSE mencionaron que ninguna de las personas a las que se les había ofrecido hacerse cargo de las colonias había aceptado. El actual director, Osvaldo Do Campo (que ocupa ese puesto desde enero de 2006), fue nombrado para un cargo de mayor jerarquía en la órbita de salud mental de ASSE, pero no ha podido asumir por la demora en la renovación de autoridades.
Si bien la remoción de directores de hospitales públicos ha sido objetada desde hace un par de meses, el debate cobró carácter público a partir de la renuncia presentada por Lizardo Valdez, responsable del Programa Nacional de Salud Mental (dependiente del Ministerio de Salud Pública) el 20 de setiembre, quien alegó por escrito que no le era posible trabajar en “un clima de intrigas y desconfianza”.
Un poco más explícito había sido el 6 de setiembre Francisco Labraga, asesor de la dirección de Salud Mental de ASSE, quien expresó: “Me preocupan los criterios empleados para la elección de las nuevas autoridades en la órbita de la Salud Mental de ASSE: la Salud Mental requiere conocimientos específicos varios. Tanto en el trato con el paciente como en la administración de servicios complejos deben imperar la capacitación, el conocimiento y la formación, por sobre los objetivos y/o compromisos políticos. Es indudable que para dirigir servicios de la relevancia de los mencionados se requiere sintonía política. Pero con ella no basta”.
Trascendidos públicos indican que Alfredo Silva, representante de los trabajadores en el directorio de ASSE, estaba detrás del relevo de varias autoridades, colocando a aquellos que tuvieran un buen relacionamiento con la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP), organización de la que fue secretario general.
Aparentemente, los cambios que motivaron la renuncia de Valdez no contaron con los votos de dos de los cinco integrantes del directorio de ASSE: Ángel Peñaloza (Partido Socialista) y Alejandro Draper (Partido Nacional). la diaria no pudo comunicarse con Mario Córdoba, presidente del directorio de ASSE, para la elaboración de esta nota; el jerarca desmintió en declaraciones de prensa trascendidos acerca de que era intención del MPP (su sector, que estaría respaldando a Silva, que es integrante del Partido Socialista de los Trabajadores) controlar la asistencia estatal.
El domingo pasado la Vertiente Artiguista emitió una declaración por las designaciones realizadas sobre la administración de servicios de salud y expresó que deben respetarse “al máximo los criterios de idoneidad técnica” mediante “la realización de concursos de oposición y méritos”.
Santín
El viernes 24 de setiembre, trabajadores de la colonia Santín Carlos Rossi entregaron al directorio de ASSE una carta firmada por más de 160 médicos y funcionarios de esa institución. Allí manifestaron preocupación por el futuro del nosocomio. “La desastrosa situación a que ha llegado este Centro se debe al abandono y falta de inversión en el mismo desde hace cinco años, desviando toda la atención y gastos a la Colonia Bernardo Etchepare. Exigimos que las nuevas autoridades que nombren para este Centro cuenten con la capacitación y preocupación necesarias para revertir, aunque sea parcialmente, esta situación que afecta a 400 pacientes y a nosotros mismos”, dice el texto.
El temor expresado en la carta refiere a versiones que indican que Alfredo Silva propuso nombrar en la dirección de ambas colonias a dos funcionarios de su confianza. Alcides Chiazzaro sería el designado para Santín Carlos Rossi, y es el sujeto omitido de la carta, según confiaron a la diaria trabajadores de dicha institución.
Chiazzaro fue electo delegado sindical de la comisión interna de ambas colonias en las elecciones de 2008; en parte fue electo por expresar una línea diferente a la de Silva, que dominó hasta 2008 el gremio de Etchepare (colonia en la que trabajaba), y con el que los funcionarios de Santín tenían fuertes rivalidades. Pero poco después de asumir, Chiazzaro recibió “un nivel”, esto es, un incentivo salarial por el que pasó a cobrar alrededor de 7.000 pesos mensuales más, y que fue entendido como “una venta” por otros trabajadores. Se trata de un funcionario que era telegrafista de AFE y que pasó a Santín en la reestructura de personal de la entidad ferroviaria.