En diálogo con la diaria, Viana indicó que en este momento el principal pedido de información es ante el MRE, dado que el canciller, Luis Almagro, viajó en octubre a Suecia y a Finlandia para reunirse con los ejecutivos de Stora Enso. Allí se habría firmado un acuerdo entre el Estado uruguayo y la multinacional, que asegura la instalación y funcionamiento de Montes del Plata en Punta Pereira, localidad ubicada en el departamento de Colonia, a orillas del Río de la Plata.
“A conseguir los términos de ese acuerdo y lo que realmente haya ocurrido” en las reuniones es a lo que apunta la intervención. Viana indicó que es llamativo que la negociación sea realizada por el ministro de Relaciones Exteriores, quien representa al Estado uruguayo en la negociación entre países, pero en este caso lo hace ante a una multinacional; “se la coloca en una situación de equivalencia a un estado, a mi juicio es el resultado principal de los tratados de inversión, que se firman entre estados para favorecer a las multinacionales”, dijo Viana.
Medio ambiente
La solicitud de información apunta a deducir una eventual demanda contra el Estado, concretamente contra el MVOTMA.
En el escrito presentado, Viana alega: “La actividad industrial proyectada refiere a la producción de pasta de celulosa a partir de la madera proveniente de plantaciones forestales (eucaliptos y pinos), con destino a la elaboración de papel. Implica variados procesos químicos para el blanqueo respectivo en los que se emplean diversas sustancias peligrosas para el ambiente (azufre, dióxido de cloro, óxido de sodio, etcétera). Y sabido es que la industria de la celulosa es generadora de diversos y significativos impactos ambientales negativos, tanto directos (emisiones atmosféricas, contaminación de las aguas por efluentes tóxicos, residuos sólidos, mal olor, potenciales afectaciones de la salud humana, etcétera) como indirectos (degradación de recursos naturales por el aumento de la forestación, perturbaciones a otras actividades productivas y al turismo, etcétera)”.
El fiscal se basa, entre otras legislaciones, en el artículo 47 de la Constitución de la República, que señala que “la protección del medio ambiente es de interés general” y que el Estado tiene el deber constitucional de intervenir en la materia.
A la vez, Viana plantea que el Estado uruguayo es socio de la multinacional, lo que no lo deja en condiciones de realizar el contralor. “El propósito del Estado es facilitar, entregarle incentivos, zonas francas, carreteras, puertos y todos los mecanismos que hagan posible que la industria se instale. El Estado se convierte en un interesado al igual que la propia empresa, y ese mismo Estado debe controlar a la empresa, se vuelve juez y parte al mismo tiempo. Si incentiva la instalación de la industria de la celulosa, a mi juicio está incapacitado para controlarla”, explicó Viana. Agregó que en esa situación el Estado nunca va a denunciar “el cúmulo de impactos ambientales, porque el propósito es que se instale y, a mi entender, la gran ventaja de este tipo de industrias para venir a instalarse es que no hay nadie que las controle, no tenemos la capacidad física ni jurídica para hacerlo”.