Familiares marcharon por las calles de Rocha

“Justicia por nuestras víctimas” decía la pancarta llevada durante la marcha de ayer. La movilización transitó en silencio, desde la cárcel hacia el juzgado letrado de la ciudad rochense. Al llegar, se leyó una proclama que señalaba que los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial fueron omisos a las condiciones de reclusión que impone la ley. Solicitan una “investigación seria” de los hechos. Más allá de que nadie les devolverá la vida de los jóvenes fallecidos, piden justicia.

Hay testimonios que indican que hubo demora en abrir la puerta de la celda incendiada por temor a que se tratara de un motín. El Ministerio del Interior niega dicha afirmación, alegando que se actuó con celeridad, aunque la investigación judicial no ha concluido.

Por otra parte, reclusos de la cárcel de Rocha iniciaron ayer una huelga de hambre en reclamo de justicia y condiciones dignas de vida puertas adentro de la cárcel.

El Estado en cuestión

Al igual que lo hizo el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj-Uruguay) el jueves 8, el viernes 9 Amnistía Internacional Uruguay emitió una declaración pública expresando su consternación por los hechos ocurridos en la cárcel de Rocha y señalando la responsabilidad del Estado respecto a la seguridad e “integridad física y mental de las personas privadas de libertad”. Luego de mencionar el trato “inhumano y degradante” que constató el relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Manfred Nowak, en su visita a las cárceles uruguayas, en marzo de 2009, Amnistía instó “a las autoridades competentes a desarrollar una investigación exhaustiva e imparcial sobre las responsabilidades en lo acontecido y sus consecuencias fatales y que haga públicos los resultados. Reiteramos el pedido al Estado uruguayo para que cumpla con su obligación y las condiciones de reclusión se ajusten a los estándares de derechos humanos”.

Ayer, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) emitió un comunicado de prensa lamentando las muertes y haciendo un llamado “urgente al Estado para que adopte las medidas necesarias para investigar debidamente estos hechos, y para prevenir su repetición”. Y recordó la responsabilidad del Estado “de garantizar la vida e integralidad personal de los reclusos”.

Por su parte, Gustavo Salle, abogado de los familiares de uno de los fallecidos y de otro que permanece internado en el Centro Nacional de Quemados (Cenaque), se trasladó al juzgado de Rocha, donde interpuso “un accionamiento para la recusación de los jueces de Rocha y la nulidad de todo lo actuado” en la investigación realizada hasta el momento. Salle se ampara en la ley 18.026 que establece que en crímenes de lesa humanidad “habilita a los familiares y a las víctimas, a través de sus abogados patrocinantes, a participar activamente en la investigación de los hechos delictivos que por su naturaleza normalmente tiene a agentes del Estado en su consumación. Entonces, para establecer mayores garantías a los familiares o a las víctimas, se les permite que a través de sus abogados participen en la investigación aportando pruebas, examinando pericias, repreguntando a los peritos. La instrucción que se ha cumplido en Rocha hasta el momento no ha respetado este derecho de las víctimas”, explicó Salle a la diaria.

El abogado explicó por qué el tema es considerado crimen de lesa humanidad: “A través de la acción de amparo que hicimos en 2009 ante el juzgado letrado de lo contencioso administrativo de primer turno a cargo de la doctora María Cristina Cabrera Acosta demostramos, incluso con la confesión del Ministerio del Interior, que en la gran mayoría de las cárceles del Uruguay a los presos se los somete a tratamiento inhumano.

En primer lugar por el hacinamiento y en segundo lugar por las condiciones edilicias de las distintas cárceles. La ley 18.026, en el artículo 22, numeral 2, literal b edita como crimen de lesa humanidad bajo la denominación de tortura precisamente a esta situación de someter a los presos al tratamiento inhumano. El doctor Manfred Nowak, relator internacional para la tortura de la ONU, dijo que las cárceles uruguayas eran de las peores del mundo y que a los presos se los tenía peor que a animales, por lo tanto, pruebas de que el Estado uruguayo desde hace muchísimos años ha cometido el delito de tortura contra los presos hay de sobra”.

Salle mencionó que está transitando los caminos internos para que los abogados de los familiares puedan participar en la investigación, pero que de no conseguirlo por esta vía, deberá recurrir a organismos internacionales de justicia. “Frente a un Estado que consuma el delito de tortura, frente a un Poder Legislativo que a través del comisionado parlamentario está al tanto de esta situación y ante un Poder Judicial que a través del instituto de la visita de cárceles [los jueces tienen la obligación legal de visitarlas] tiene a las máximas autoridades enteradas de esta situación y nadie hace absolutamente nada, es que deviene necesario, además del accionamiento interno, nacional, buscar los mecanismos para llevar este tema a los organismos internacionales de justicia, para que por medio de esto se incida sobre el Estado para que deje de violar los derechos humanos”.

Que no se repita

El comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Álvaro Garcé, preparó un informe que presentará hoy al ministro del Interior y al presidente de la Asamblea General para que los difunda el cuerpo legislativo. El entrevistado dijo a la diaria que se trata de “un informe preliminar con las conclusiones de lo sucedido, este informe no sustituye la investigación judicial. El tema para la Justicia es determinar eventuales responsabilidades, mientras que para el comisionado parlamentario el tema del informe es determinar cuestiones generales de procedimiento, es decir, cuáles son las prácticas que deberían ser corregidas hacia el futuro para prevenir situaciones más o menos similares”.

Garcé indicó que la situación de la cárcel de Rocha “presenta analogías muy fuertes en cuatro establecimientos del interior, y afecta a la mayor parte de la población de esos establecimientos”.

Es preocupante la omisión del Estado ante estas situaciones, teniendo en cuenta que la emergencia carcelaria fue declarada en marzo de 2005 por el ex presidente Tabaré Vázquez.

Consultado sobre la eficacia de la figura del comisionado parlamentario, Garcé respondió que algunas de sus recomendaciones han sido escuchadas. Y precisó, justamente, con el ejemplo siguiente: “En el informe de 2005 hay un capítulo para cada una de las cárceles, en el caso de Rocha se denunciaba que el local era inadecuado, que debería ser sustituido y que mientras el local no fuera sustituido había que quitar las ranchadas y las tolderías [frazadas que contribuyeron a propagar el fuego en el incendio del jueves] y que en su lugar debía implementarse la división de los pabellones con otros materiales más adecuados. La recomendación de eliminar las ranchadas fue tomada por algunas jefaturas que dieron inmediato cumplimiento, en otras no se cumplió eso y las tolderías permanecieron”.

En la marcha de ayer, los familiares pidieron también que el tema no se politizara y que se implementen soluciones de fondo. Uno de los familiares bregó también por que el problema no quede solapado por los éxitos futbolísitcos del momento.

Más allá de las disculpas públicas realizadas por el presidente, José Mujica, en su audición en M24 el pasado viernes, estos elementos de fondo que hacen al problema carcelario no se reflejan en los sitios web oficiales. El portal de Presidencia no recoge absolutamente nada del caso, y el contrapeso con los éxitos futbolísticos es total. Algo similar sucede con la página del Ministerio del Interior, que recién ayer abordó el tema, únicamente para desmentir la supuesta demora de los policías al abrir la celda. Aunque la demora no hubiera sido tal, la cárcel no contaba con la habilitación de bomberos ni con extintores para combatir un fuego que era previsible desde hace cinco años.