Domesticando

En noviembre de 2010 la Inspección General del Trabajo hizo por primera vez trabajo de campo para comprobar el acatamiento de la normativa en torno al trabajo doméstico. Roballo dijo que el informe no está concluido porque se está en el plazo de cumplimiento de las intimaciones, pero adelantó que “el operativo fue un éxito” porque se pudieron “derribar varias ideas que había flotando y que hacían que los trabajadores pensaran que no se podía fiscalizar, o que los empleadores consideraran que podían evadir las normas”. La confusión se ocasionaba porque el artículo 11 de la Constitución de la República impide que se ingrese a un hogar sin la invitación de sus ocupantes o sin una orden judicial. Roballo explicó que en este primer operativo dispuso “no ingresar a ningún hogar, que sólo se fiscalizara desde la puerta, porque desde ahí se puede obtener toda la información, porque atiende una empleada o si atiende el ama de casa y observo si hay empleado o no. Además se piden recibos de sueldo, de registro en el Banco de Previsión Social”, y afirmó que incluso entraron a barrios privados. De todos modos, aseguró: “Si nos encontramos con una situación en la que pensamos que hay servicio doméstico no declarado, pediremos la autorización al Poder Judicial”.

La IGT recorrió La Paloma y La Pedrera a fines de diciembre, mientras que en la primera semana de enero le tocó a Punta del Diablo, Aguas Dulces y La Coronilla. En ambas, los inspectores controlaron alrededor de 300 establecimientos de todo tipo: “comercios, restaurantes, autoservices, hoteles, obras de construcción, todo lo que hubiere”, explicó a la diaria el inspector general de Trabajo, Andrés Roballo. Esta semana fue el turno del Chuy (restaurantes, free shops, comercios en general), de la Barra del Chuy y balnearios aledaños.

Roballo indicó que en La Paloma y La Pedrera se constató un incumplimiento que rondaba el 40%, y que en algunos lugares más hacia el este el número trepó al 60%. Acotó que “es importante aclarar que no es la informalidad absoluta sino de algunas obligaciones de los empleadores”. La informalidad absoluta se conocerá en algunos días, porque IGT fiscaliza un lugar y si constata que hay irregularidades, hace intimaciones a los propietarios de los locales, pero Roballo precisó que “algunas de esas irregularidades luego se cumplen parcialmente, en el sentido de que hay veces en que en el momento no pueden acreditar el cumplimiento de algunos elementos, pero lo hacen con el pasar de los días y el porcentaje baja algo”.

Detalles cruciales

Roballo especificó que la IGT enfoca su accionar en dos aspectos: “Condiciones generales de trabajo y cumplimiento de rubros salariales (como salarios mínimos, licencia, salario vacacional, horas extras, limitación de la jornada laboral, descanso intermedio y descanso semanal, categorización), y condiciones ambientales de trabajo, atendiendo seguridad, salud e higiene”. Respecto a estas últimas ejemplificó con lo ocurrido “en una fábrica de pastas” donde “chequeamos el orden, la limpieza, los elementos de protección de las máquinas para impedir que alguien se accidente” o en el rubro restaurante donde “vigilamos hasta si el piso de la cocina tiene grasa porque puede ocasionar que alguien se resbale”.

Algunos incumplimientos frecuentes de los empleadores refieren al pago del salario vacacional, licencia, aguinaldo, el no respeto a la limitación de la jornada o del descanso semanal o intermedio. Respecto a esto último, precisó que dependiendo de la rama de actividad, corresponde que sea de 24, 36 o 48 horas, y que no vale de nada el argumento que señala que saltearse el descanso fue un acuerdo entre las partes, porque el único acuerdo que vale es cuando se pacta un descanso superior al mínimo establecido. En cuanto al descanso intermedio, cada ocho horas de labor debe descansarse media.

Roballo indicó que las intimaciones y sanciones “se gradúan de uno a 150 jornales por trabajador involucrado. Precisó que el margen es bastante amplio, porque se establece en función de la gravedad del incumplimiento y de la disposición del empleador para regularizar la situación”. Respecto a cómo se gradúa la gravedad del incumplimiento determinó que “una cosa es que se haya atrasado unos días en el pago del salario vacacional y otra es que haya maquinarias peligrosas sin elementos de protección, o una empresa donde hay riesgo eléctrico porque la instalación no está habilitada y está en malas condiciones, ahí el peligro es más importante”.

El jerarca resaltó que lo que le interesa a la IGT es “generar procesos culturales de buenas prácticas en materia laboral, siguiendo el planteo de la Organización Internacional del Trabajo, de trabajo decente y buenas prácticas; que en Uruguay eso sea parte de una cultura diferente entre trabajadores y empleadores”.

Esta temporada la IGT trazó un plan estratégico de inspecciones en coordinación con el Banco de Previsión Social y la Dirección General Impositiva. Roballo señaló que la planificación fiscalizadora en el este del país se pensó “desde una doble óptica: la protección del trabajador en relación de dependencia, y atender a un reclamo y planteo que hacen los empleadores, las cámaras y comerciantes organizados, de luchar contra la actividad estacionaria que perjudica al establecido”.

Alineados

Por su parte, Alfonso Varela, presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay, manifestó en diálogo con la diaria su total conformidad con los controles que se desarrollan en la costa este del país. “Hay que inspeccionar a los comerciantes presuntamente formales que hacen informalidades y a los que son totalmente informales. El tema de la informalidad indudablemente es muy importante, se está hablando de índices de un treinta y pico por ciento de informalidad, es una competencia desleal escandalosa y al mismo tiempo un perjuicio muy grande para los trabajadores”, afirmó.