La entrevista fue el lunes 18 en un ministerio casi vacío. En su despacho, Muslera explicó que la instancia parlamentaria le sirvió a su cartera para reunir y resumir lo que se venía haciendo en torno a éste y otros temas vinculados. “Venimos trabajando fuerte en la zona este desde el año pasado sabiendo que ahí tenemos el frente costero marino, donde en este período hay cantidad de iniciativas que implican riesgos para esos equilibrios. El tema minero también nos llevó a que desde el año pasado vengamos convocando al Comité Nacional de Ordenamiento para trabajar en lo transversal de las distintas políticas. La verdad es que ha sido un año de trabajo marcado por la madurez en las miradas que se van generando desde otros sectores, y estoy hablando, por ejemplo, de los sectores transporte, industria y turismo”, dijo la ministra.
La jerarca destacó la importancia de contemplar las inquietudes locales, pero remarcó que debe primar el interés nacional sobre el regional: “Hemos hecho un camino de transversalización de políticas básicamente con dos ejes. Uno es el de las directrices nacionales. En este momento se laudó un borrador en el Poder Ejecutivo y fue puesto en la mesa del Congreso de Intendentes. La idea es que se llegue a tener un formato de ley. El otro es el de la mirada concreta de la región”.
-¿Qué evaluación ha hecho de la interpelación?
-El momento de la interpelación fue también un momento de resumen de un trabajo, de consensuar miradas, de que cada uno de los ministerios comprenda que su hacer necesariamente tenía que tener articulación con otros sectores; es un proceso nuevo en una gestión de gobierno. Este proceso que se inicia es abierto; se convoca constantemente a la población local, a la institucionalidad en el nivel de las alcaldías y en el del gobierno departamental, con participación de los ministerios involucrados para discutir cada una de las etapas de avance. La otra mirada es que fue una interpelación a las capacidades del ministerio, porque se cuestionó de antemano como si fuéramos un ministerio que no haya tenido la trayectoria que ha tenido, básicamente con el tema de Botnia, pero, en general, en lo que son todas las políticas de medioambiente. Creo que finalmente quedó claro que tenemos capacidades legales, experiencia y también desafíos. No es que la gestión sea perfecta, nos falta capacidad de control, pero hay líneas de trabajo que nos permiten decir que esto está bajo control, que es posible desarrollar una gestión técnicamente fuerte.
-¿Cuáles serían los próximos desafíos?
-Creo que el gran desafío es involucrar a la gente con las políticas ambientales. Es el tema de esa participación a la que te obliga la ley. Acá tenemos un trabajo técnico valioso, con experiencia, con cuadros profesionales importantes que te aseguran que podés encarar esto, pero el gran desafío es el ida y vuelta con la población. Lograr ese acuerdo que nos permita que las políticas ambientales se defiendan, se impongan y se respeten. Eso implica sí un desafío grande para el ministerio, que está dando los primeros pasos en diferentes áreas para empezar a articular con lo local. Está el tema de las comisiones de cuenca, de los planes de ordenamiento territorial locales y creo que el de las políticas ambientales, las instancias de audiencia; cosas en las que tenemos que mejorar y lograr que la población se sienta respetada, escuchada y que tenga instancias concretas de control. Creo que ahí está la real reforma del Estado. El gran cambio al que me refiero se está gestando en ese marco, a partir de que en este período nosotros recibimos unas leyes revolucionarias que hay que llevarlas a la realidad, hay que lograr la gestión del territorio sobre la base de la Ley de Ordenamiento Territorial.
-El ordenamiento territorial incluye aspectos sensibles como que el Estado en última instancia es el dueño del territorio. No sería lo mismo usar un territorio deshabitado o que no se usa para producir que uno que ya tiene uso; sin embargo, la ley no prevé esa distinción.
-Creo que lo que sucede es la posibilidad de discutir un cambio de uso. Hay gente asentada hace 200 años que se encuentra ante este cambio o ante esta propuesta. Esto es algo duro, doloroso, es algo que tensiona y divide. De ahí a acusar al gobierno de que no se hace cargo de las tensiones sociales, cuando sí nos estamos haciendo cargo porque estamos impulsando este proceso en el que si no hay acuerdo no saldrá... Por otro lado, está pasando algo que antes no estaba puesto en valoración: ahora se plantea que es posible extraer esas riquezas minerales, y es una posibilidad de riqueza muchísimo mayor que la que se genera con la actividad ganadera actual. Ahora, la definición tiene por delante etapas que esperamos que sean transitadas con cordura, con madurez. Sabemos que la gente se polariza, pero también sabemos que tenemos instancias de diálogo, de poner arriba de la mesa las posiciones de cada uno con argumentos. Por eso yo hablaba de que acordaba con la idea de que haya una instancia consultiva. No es para sacarnos de arriba la responsabilidad de lo que hacemos -es casi seguro que vamos a definir hacer esto y de esta forma-, sino para ponernos de acuerdo en cómo resolver.
-Desde diferentes ámbitos se reclama un debate sobre los modelos de desarrollo y sobre el impacto en el ambiente que traería la explotación minera, algo que usted mencionó por primera vez en la interpelación acerca del agua, del aire y del suelo. ¿La etapa consultiva permitiría esta discusión?
-Sí, nosotros sabemos que se está jugando en serio con un equilibrio ambiental, pero sabemos muy bien que en minería hay tanto ejemplos desastrosos como de buen manejo. Entonces lo que dijimos fue: “No está el proyecto, no vamos a manejar este proyecto”. Sí vamos a decir que en el caso de la mina, en el caso del pozo, son irrestituibles las condiciones originales. Uno puede pensar en un plan de manejo, en un plan de cierre que genere condiciones para otro uso, pero no las condiciones originales. Es una actividad que sí genera impactos graves, el tema es cómo lo manejamos de manera de decir: “Esta situación no nos deja un saldo irreparablemente negativo”. Eso es un aspecto de la discusión que se viene. Lo que planteó el presidente fue llamar a un plebiscito consultivo sobre el uso de esos recursos que nos aseguren ese desarrollo sustentable. El centro de la discusión es el acuerdo social en torno al uso de los recursos que entren al Estado a partir del planteo de que hay capacidades que estamos dispuestos a explotar.
-¿Qué se decidiría entonces con el plebiscito? ¿Qué se votaría?
-Después veremos qué se va a votar, porque todavía no está redonda la discusión, es un proceso que se está dando en el Ejecutivo. Pero hay modos de manejar estos recursos que pueden generar estabilidad, que pueden generar el desarrollo de alternativas que tienen que ver, por ejemplo, con la cadena metalúrgica o con otras. O puede darse un uso tal que después de que los recursos se terminen todo se agote y te deje sin capacidades. Entonces se abre un abanico de posibilidades en el que hay historias como la de Potosí, que acaban en una expoliación total con cero capacidades para el país, pero también hay casos que permiten potenciarte.
-¿Se maneja la posibilidad de que la población vote sí o no a la megaminería?
-No, estamos hablando del uso de los recursos. La minería es algo que está permitido por la ley.
-¿Qué aproximación tiene el ministerio a esta terminología que maneja tanto la ecología como la academia acerca de “los bienes comunes”, que serían bienes de todos y de nadie, como el agua, la tierra y el aire, y a la legitimidad que implica el reclamo de su uso por parte de cualquier persona?
-Estas leyes obligan al Estado a que la aplicación de la ley sea con un acuerdo social. No son leyes que imponen el uso de acuerdo a la decisión de tres o cuatro ministerios. Le imponen que el uso posible esté en acuerdo con esos tres niveles de participación, el nacional, el social y el local a nivel de intendencias. El agua te impone que el uso sea en acuerdo con las comisiones de cuenca, que son estas que estamos intentando formar. Hay una madurez en esa legislación en cuanto a que necesariamente involucra al que está haciendo uso. El tema es también que tengamos la madurez de involucrarnos, que a esta ley se la llene realmente de contenido en el día a día, en lo cotidiano. Son instrumentos nuevos que recién se están creando y que van a dar los espacios de relación que permitan acordar los usos.
-¿Incide a la hora de evaluar un proyecto el hecho de que el lugar donde se instale esté habitado o no?
-Lo concreto es que esto ocurre en un lugar con uso y que venimos de un país en el que desde hace 200 años sólo prima lo agropecuario. Recién ahora, en los últimos diez años, vino esta avalancha de tensiones, de oportunidades de nuevos usos. Tenemos que ir resolviendo lo local pero con una mirada país, no sólo con la mirada de contemplar lo local.
-Empieza a ocurrir que a partir de estos proyectos las comunidades involucradas se juntan para pensar alternativas. De alguna manera traen a la luz discusiones que también tienen lugar en la academia o en otros ámbitos intelectuales.
-Claro, creo que nuestra obligación es acercarnos con nuestros argumentos y discutir las alternativas. Muchas veces desde lo local cuesta ver la visión de desarrollo más integral. No estoy diciendo que no tengan verdades, pero va a ser una discusión rica en escalas, en miradas, en responsabilidades. Yo creo que justamente estás tocando el centro de la discusión, que es lo que se le reclamaba a la izquierda: el concepto de país productivo, para dónde iba. Ése es el centro del acuerdo que tenemos que tener. Por otra parte, son políticas de largo aliento, no se pueden resumir en cuatro o cinco años. Necesitan continuidades para generar ese músculo como país. Por eso el tema, que no es hueco, del llamado a tomar las decisiones con fuertes acuerdos sociales. Que podamos conseguir un ida y vuelta y que podamos llegar a comprendernos, a comprender los desafíos del gobierno y a comprender también la mirada de la academia, esa mirada de defender lo más puro. Nos faltan muchos espacios de interacción eficientes, creíbles, confiables.
-Tal vez el gobierno, en términos de ver lo ideal, no hubiera elegido como la mejor opción de desarrollo la explotación minera, con todo lo que implica desde el punto de vista social y ambiental.
-La explotación está planteada como una posibilidad que vamos a estudiar a fondo como opción de desarrollo: estamos en proceso de generar esos acuerdos para ver cuál es el camino que vamos a seguir. Otra cosa de la que doy fe es de que en el tema de Aratirí tenemos las manos libres, las mayores exigencias, y no hay involucramiento político en el análisis técnico; eso es otra historia. Hay dos niveles de gestión: uno es la oportunidad del planteo de Aratirí y el otro es el más profundo, el de los cambios que se vienen con la habilitación de la explotación de esta riqueza, que si no es con Aratirí, será con otro. Y cómo, qué capacidades tenemos para manejarlo y con qué políticas de sostenibilidad.