El 20 de abril será la primera sesión de la comisión negociadora que intentará superar el conflicto instalado en la Fundación Peluffo Giguens (FPG) desde hace más de tres meses. La integran Fernando Tomasina, decano de la Facultad de Medicina, en representación del Centro Hospitalario Pereira Rossell (CHPR), Marcos Carámbula, médico e intendente de Canelones, por el equipo médico, y el abogado Pablo Durán por la dirección de la FPG.
La primera reunión estaba fijada para el lunes 26, pero por problemas de salud de uno de sus miembros se pospuso para el 20 de abril, puesto que luego de la Semana de Turismo uno de ellos ya tenía planeado viajar al exterior. “Aceptamos dicha fecha y solicitamos que el plazo máximo de negociación a partir del 20 de abril no se extienda por más de tres semanas”, publicó el martes en Facebook el grupo “Apoyamos al equipo médico de la Fundación Peluffo Giguens”, donde participan galenos de esa institución. La publicación mereció comentarios de indignación. La madre de un niño que se asiste en la institución escribió: “Creo en mi humilde opinión que cada cosa que vaya pasando en el país que tenga que ver con la salud, va retrasando nuestra lucha”, y detalla: “Primero fue la Ley del Aborto que hizo que la prensa se olvidara de la Peluffo, luego se enfermó Fulano, Sultano se va de viaje, luego los enfermeros asesinos, ahora la médica y la enfermera de Colonia. [...] Yo confío en este equipo de médicos ciegamente, gracias a ellos y a Dios mi hijo está vivo y feliz, pero en mi interior confieso que tengo mucho miedo, en esta enfermedad tan cruel nada es seguro...”, remató.
El 8 de diciembre los médicos de la FPG solicitaron al presidente del Consejo Directivo, Jorge Bartesaghi, que renunciara. El tema se hizo público a finales del mes, cuando fue destituido Luis Ney Castillo, jefe de servicio de la FPG; la restitución del jerarca contó con el apoyo del resto del equipo médico, funcionarios, comisiones de apoyo y padres de niños usuarios. Su regreso se dio a comienzos de enero, con la intermediación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). En ese momento, el equipo médico advirtió que mantenía el pedido de que Bartesaghi dimitiera y amenazó con renunciar en masa si no lo hacía antes del 1º de marzo. El plazo fue postergado, pero el planteo no.
En enero, además del MTSS intervinieron los ministerios de Salud Pública y de Educación y Cultura (este último controla las asociaciones civiles y fundaciones) y la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), a la que pertenece el CHPR. En aquella negociación se convino que Castillo, que además de ser miembro de la FPG es jefe del Servicio de Hemato Oncología Pediátrica del Pereira Rossell, formule sus planteos ante la dirección del CHPR en lugar de hacerlo ante la FPG.
Además de evitar choques entre Castillo y Bartesaghi, de esa manera puede atacarse otro de los aspectos denunciados por los médicos: la discusión por la utilización de fondos. El Consejo Directivo fue el que impulsó la construcción del centro de telemedicina, cuya obra comenzó en setiembre y costará más de dos millones de dólares. Los médicos discreparon con esa decisión porque, según ellos, no autorizaban compras prioritarias con el argumento de que no había dinero.
Alicia Ferreira, gerente general de ASSE explicó a la diaria que ASSE no tiene injerencia en el planteo de los médicos porque, salvo Castillo, el resto depende sólo de la FPG. Respecto a lo asistencial, aseguró que “hasta el momento no ha habido ningún inconveniente”, y que se apuesta al acercamiento de las partes, para que el Servicio de Hemato Oncología no se vea afectado.