Todas las fichas están puestas a lo que resulte de la comisión negociadora. El equipo médico de la Fundación Peluffo Giguens (FPG) emitió el lunes un comunicado en el que señaló que el cometido de esa comisión será “lograr en un breve plazo, la solución definitiva del conflicto entre todo el equipo médico, personal técnico, funcionarios, comisiones de apoyo y la Comisión Directiva de la Fundación”. La negociación se entablará entre Fernando Tomassina, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, que representará al Centro Hospitalario Pereira Rossell; Marcos Carámbula, médico e intendente de Canelones, que acudirá por el equipo médico de la FPG, y un delegado del Consejo Directivo. La idea es que los tres representantes sean ajenos a la institución, para que la mediación no se vea influenciada por intereses particulares. Si bien esto había sido expresado, en una instancia previa el Consejo Directivo envió a su abogado, por lo que el lunes las dos partes representadas fijaron un plazo de 72 horas para que el Consejo Directivo de la FPG nombre a su delegado.

Al extender ese plazo, el equipo médico postergó la renuncia masiva anunciada para ayer. Ésta había sido presentada a comienzos de enero, para hacerla efectiva a partir del 1º de marzo si no se concretaba, como solicitaban, la renuncia del presidente de la FPG, Jorge Bartesaghi. Eso no ocurrió, pero la fecha se aplazó hasta el 20 de marzo, apostando a la coordinación que pudiera hacer la directora general del Pereira Rossell, Ima León, que en aquel momento estaba de licencia.

La renuncia de Bartesaghi había sido solicitada por el cuerpo médico de la fundación el 8 de diciembre, por discrepar con la utilización de fondos que venía haciendo la institución. El Consejo Directivo, liderado por Bartesaghi, fue el que promovió la obra del centro de telemedicina, actualmente en construcción, pero los médicos entendían que había otras prioridades. El conflicto se hizo público a fines de diciembre, cuando Luis Ney Castillo, jefe de servicio, fue destituido por hacer declaraciones públicas. Tras la mediación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Castillo fue restituido a comienzos de enero, porque se entendió que su remoción se había dado en medio de un conflicto laboral. Pese al reintegro del médico, el equipo continuó solicitando la renuncia de Bartesaghi. Ese planteo es apoyado por la Asociación de Funcionarios de Oncología Pediátrica, que nuclea a los trabajadores no médicos del servicio, que también se ha declarado en conflicto.