Pero la crisis en los centros económicos estaría marcando los límites de supervivencia de modelos de crecimiento como los que se aplican en esta región. En Argentina, no es sólo la nacionalización de la antes privatizada y emblemática compañía Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), ni los controles a la actividad cambiaria, ni las restricciones a las transferencias de capital de las filiales argentinas de empresas transnacionales hacia sus casas matrices, ni la obligación para estas firmas de liquidar dentro del país porcentajes mayores de sus ingresos por exportaciones, ni las restricciones a las importaciones de bienes de consumo e incluso de capital, asunto que está provocando extendidas dificultades a muchas firmas que necesitan repuestos y actualización tecnológica. Ni tampoco que los cepos a las compras externas afecten de lleno a los socios argentinos del Mercosur, asunto no menor si se opta por creer en la retórica integracionista de Buenos Aires (¿y de Brasilia?). Todo ello influye en la medida en que cada aspecto enumerado contiene la potencialidad más o menos inmediata de aportar divisas al erario del país. Son fuentes de ingreso de recursos financieros indispensables para cubrir un importante déficit de cuenta corriente generado, pese a casi una década de elevadas entradas por exportaciones al alza en precios y volumen, por un sostenido gasto público, materializado tanto mediante la aplicación de políticas directas de asistencia social como de la promoción de la producción y de subsidios al transporte y la energía. Esto es, que se impulsó desde 2003 un rumbo de política económica orientado al fomento de la producción y el trabajo, que implicó un giro conceptual respecto del modelo proprivatista y antidesarrollista aplicado durante la década de los años 90. Y que se realizaron niveles decisivamente más altos de gasto público y de redistribución impositiva para equilibrar, desde la política, las asimetrías socioeconómicas de un país que antes supo ser dinámicamente integrador. Asimismo, tampoco se trata de comprender el sentido de las decisiones de la política económica de Buenos Aires a partir del funcionamiento institucional del gobierno, ni de la cultura política que lo contiene y afirma en su legitimidad, confirmada por varias y contundentes victorias electorales consecutivas.
No es moco
En un artículo del académico argentino José Fanelli, publicado recientemente por el Observatorio Económico de la Red Mercosur, se reseñan las medidas más relevantes adoptadas por la Casa Rosada, si bien el autor se expresa sobre éstas en tono crítico al analizarlas como reflejo de una política oficial sistemática de cambios en las reglas de juego, que estaría deteriorando el clima de negocios en el país. En materia de “derechos de propiedad de los individuos y empresas”, Fanelli enumeró: “discrepancia entre la inflación medida por el INDEC y la medida por las provincias [que] significó una pérdida de capital para los tenedores de bonos indexados”; “eliminación del régimen de AFJP”; “no ejecución de sentencias a favor de jubilados”; “no actualización del mínimo no imponible y de otros rubros del impuesto a la ganancia, que significan una redefinición de hecho de la carga tributaria para trabajadores y empresas” y “expropiación de YPF”.
Entre los “derechos de propiedad pública” listó los siguientes puntos: “traspaso de subtes a la Ciudad de Buenos Aires”; “renegociación de obligaciones de deuda con las provincias” y “cambio en la Carta Orgánica del Banco Central y utilización de reservas”.
También recientemente, un artículo de Clarín.com que cita un estudio de la Universidad Di Tella, consigna que, “en las grandes empresas privadas donde hay directores que representan al Estado como accionista minoritario -herencia de las ex AFJP-, se realizaron negociaciones para minimizar los pagos de dividendos y maximizar las inversiones, en contraste con exigencias de años anteriores. La actitud supone una aceptación tácita de que la economía se está enfriando”. En este punto entra en consideración el deterioro global por la caída de la demanda, factor que no soslaya la incidencia del gasto expansivo en el déficit de divisas pero que, a diferencia de éste, escapa al control político interno. “A nivel doméstico, un posible escenario de estancamiento, junto con una sensación de inseguridad jurídica supone, para muchas industrias, una mezcla capaz de poner en el freezer los planes de inversión”, indica la nota del matutino, que agrega un dato significativo sobre la inversión local de origen externo: “El último informe de la Comisión Económica para América Latina (Cepal) destaca que apenas creció 3%, mientras el promedio para América Latina fue de 31%”. El informe del instituto, “que intenta anticipar las tendencias de la economía, señala que en el primer trimestre del año próximo se podría ingresar en recesión en Argentina. La confianza de los consumidores cayó por quinto mes consecutivo. Y el estado de ánimo de los empresarios sigue empeorando. Así lo indica un sondeo de la consultora SEL, que mide el ‘horizonte de visibilidad’, es decir, qué tan lejos llegan los planes de inversión. En su última medición marcó una caída a mínimos históricos: un año y medio”.
Fanelli recuerda que la expansión de los años recientes se basó en “un shock externo positivo de enorme magnitud” y comparable sólo a “los récords históricos ocurridos alrededor de 1948 y 1973”. Ello produjo un superávit acumulado de cuenta corriente de 33% del PIB, que debe ser repuesto.
Según un artículo de la periodista Liliana Samuel, publicado por la agencia gala de noticias AFP, “en 2011 Argentina cerró con una balanza comercial superavitaria de 10.347 millones de dólares, 11% menos que en 2010”. En el año, las reservas monetarias del país bajaron de 52.000 millones de dólares a 46.000 millones, y el Banco Central “ha vuelto a ser comprador en el mercado tras la imposición de controles cambiarios”. El país necesita “divisas para afrontar en 2012 vencimientos de su deuda por unos 16.000 millones de dólares”, por lo que mantener un saldo comercial positivo “se ha convertido en una virtual ‘cuestión de Estado’”, señaló la Fundación de Investigaciones para el Desarrollo (FIDE).