Tras la muerte de ocho policías y 11 campesinos en la desocupación de un predio del ex senador Blas Riquelme, del opositor Partido Colorado, en Canindeyú, el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) de Paraguay resolvió ayer salir de la Alianza Para el Cambio (APC) que apoyó la elección de Fernando Lugo como presidente. Además de anunciar las renuncias de todos sus ministros, el PLRA resolvió iniciar un juicio político a Lugo, que fue aprobado por amplia mayoría. El oficialismo denuncia que el juicio transcurre sin las debidas garantías, y anuncia que tanto la Justicia paraguaya como organismos internacionales pueden anular la destitución que se prevé aprobar hoy a las 16.30.

Según lo que manejan los medios paraguayos, el detonante de las decisiones del PLRA fue la designación como nuevo ministro del Interior del colorado Rubén Candia Amarilla. Sin embargo, el presidente del PLRA, Blas Llano, dijo que el motivo es que Lugo “ya no puede acompañar al gobierno luego de los hechos de Curuguaty", departamento en el que ocurrió la matanza de Canindeyú (ver http://ladiaria.com.uy/articulo/2012/6/tierra-dolida/ ).

A mil

En la mañana de ayer se propuso en la Cámara de Diputados el inicio del juicio político, mecanismo previsto por la Constitución paraguaya, como en las de otros países, para que el Parlamento pueda destituir al presidente. Automáticamente se dejó de tratar el orden del día y pasó a considerarse el pedido, que fue aprobado por 73 votos contra uno (el de la izquierdista Aída Robles). La acusación pasó a ser considerada por la Cámara de Senadores, a la cual corresponde actuar como tribunal y decidir si el presidente es culpable, en cuyo caso lo destituirá. Para eso se precisan los votos de dos tercios de sus integrantes, y se prevé una aprobación abrumadora como la que se produjo en Diputados.

El Senado sesionó ayer de noche y aceptó la acusación de Diputados, que consta de cinco puntos. Uno de ellos se refiere a "la instigación y facilitación" de la ocupación de tierras en Ñacunday para violar el derecho de propiedad. También se culpa a Lugo de "no hacer nada" para combatir la inseguridad pública y de haber firmado el protocolo Ushuaia II en Montevideo, que la oposición considera un "atentado contra la soberanía paraguaya" (ese protocolo, del Mercosur más Bolivia y Chile, prevé la posibilidad de excluir de los procesos de integración a los Estados donde se produzca una "ruptura del orden democrático"). En el último punto de la acusación aparece la masacre de Canindeyú, que formalmente fue la causa original del enjuiciamiento.

Hoy a las 12.00 argumentará la defensa, a las 14.00 se realizará la administración de pruebas, y una hora y media después habrá lugar para los alegatos. A las 16.30 el Senado comunicará su resolución final. Si Lugo fuera declarado culpable, debería ceder el poder al actual vicepresidente Federico Franco, del PLRA, a menos de un año de la fecha fijada para las próximas elecciones.

Rechazos

El anterior ministro del Interior y actual senador de la izquierda Carlos Filizzola, en declaraciones a Radio Nacional de Paraguay, afirmó que el proceso es "una farsa" y que la oposición ya decidió que va a destituir a Lugo, sin importarle qué argumentos puedan esgrimirse para defenderlo. El abogado del presidente, Adolfo Ferreiro, opinó que los tiempos previstos para el enjuiciamiento en el Senado delatan una intención exclusivamente política, y consideró que no se están dando las garantías del debido proceso. Ferreiro dijo a Radio Nacional que "una persona que comete una infracción de tránsito tiene más tiempo para defenderse que Lugo", y aseguró que tanto la Justicia paraguaya como organismos internacionales podrían declarar nula la resolución final.

El presidente boliviano, Evo Morales, calificó con rapidez de "golpe de Estado" lo que ocurre en Paraguay, y la propia Unasur evaluó utilizar su protocolo para ese tipo de casos. La oposición paraguaya rechaza tal acusación y dice que actúa dentro de lo que la ley permite. Lugo dijo ayer de tarde que no renunciará y que espera que el proceso de enjuiciamiento se ajuste a los mecanismos legales.