La sociedad ante la crisis de 2002

Desde hacía algunos días había un feriado bancario y el miércoles 31 de julio se registró un saqueo en un supermercado de San Martín y Yatay, cuando cerca de 40 personas, sin que mediara otra frase que “tenemos hambre”, se llevaron en bolsas varios productos del local, cuyo dueño no se resistió. Al otro día algunos medios de comunicación informaron sobre la existencia de cerca de 30 saqueos en la capital, aunque otros dijeron que solamente hubo cuatro confirmados y que el resto fueron aglomeraciones de personas frente a los comercios. El viernes 2 de agosto -previo a la votación de la ley de rescate financiero que se votó ese fin de semana en sesión extraordinaria del Parlamento-, hacia la tarde, los medios de comunicación comenzaron a hacer referencia a una horda de gente que “bajaba” desde el Cerro y venía saqueando todo lo que encontraba a su paso.

El Ministerio del Interior previó “operativos de saturación” para ese día en barrios “marginales”, de acuerdo a lo que dijo Nelsi Bobadilla, jefe de Policía de la época. La propia Policía era la que pedía a los comerciantes que cerraran sus negocios ante la inminente llegada de las hordas, que también vendrían desde La Paz y por la ruta 8; algunos medios llegaron a hablar de gente que venía en camiones masturbándose mientras saqueaba todo a su paso. Varios comerciantes obedecieron a la Policía y los medios y cerraron; otros no lo hicieron; muchos siguieron atendiendo detrás de las rejas. La propia Intendencia de Montevideo (IM) desalojó sus locales y lo mismo hicieron varias instituciones educativas. Quienes estaban en zonas comerciales después de las 17.00 recuerdan que de pronto Montevideo parecía una ciudad fantasma y que se hablaba de la posibilidad de que el gobierno aplicara las Medidas Prontas de Seguridad.

Pero las hordas nunca llegaron y desde el gobierno se dijo que el dato había llegado por medio de varias denuncias realizadas desde teléfonos públicos.

Contame el final

Para la doctora en Letras Alma Bolón, aquel día los medios de comunicación construyeron una “realidad virtual”. La docente analiza el hecho de que se anunciara que “las hordas venían desde el Cerro a saquear la ciudad”, lo que implica que ese barrio (y otras zonas) no eran parte de la ciudad. “Actuaron totalitariamente, imponiendo unánimemente una realidad sin fisuras: nosotros, los honestos, estábamos amenazados. Esto no es muy diferente de lo que hacen hoy”, sostiene. La palabra “horda” es una expresión que refiere a una entidad colectiva y por fuera de la civilización, por lo que el rumor supuso un sujeto “invasor bárbaro, primitivo y criminal”, según Bolón.

Pero, más allá de lo virtual, el hecho generó acciones concretas. Bolón habla de un “toque de queda” autoimpuesto por la gente, que habría conseguido “limpiar la calle de cualquier veleidad protestona” ante la votación de la ley en el Palacio Legislativo.

Por otra parte, Bolón sostiene que la parálisis también favoreció al Frente Amplio: “Por un lado, jugó con la derecha [con el Partido Colorado y el Partido Nacional], en nombre de las políticas de Estado, de la gobernabilidad, de los superiores intereses de la Patria, del sentido de la responsabilidad y del orden; por otro lado, ganó con la izquierda [con el Frente Amplio, FA], en nombre del cambio. Entonces, en nombre del cambio anhelado e inminente, el FA aceptó el salvataje de los bancos vaciados; el encierro recetado para esquivar las hordas también benefició a las autoridades del FA, que no encontraron mayor oposición en sus filas”.

El decano de la Facultad de Humanidades (Udelar), Álvaro Rico, observa que durante este episodio la democracia “capitalizó los miedos de la sociedad bajo la dictadura en los miedos a ‘repetir la historia’” y que “independientemente de los contextos históricos y sujetos concretos, el mecanismo funciona como tal hasta el presente: alternativas binarias, disyuntivas yo-el otro, únicos sujetos portadores de la racionalidad. Nosotros también sabemos para qué lado operan y quiénes operan esas alternativas de opción única: orden-subversión, sociedad honesta-sociedad criminal y un largo etcétera”.

Va por barrios

La psicóloga social y educadora Alicia García, quien en 2002 trabajaba en proyectos en el Cerro y otras zonas, recuerda que “la gente que vivía en esos barrios no entendía nada porque ellos no estaban en esa situación y tenían información que les permitió sobrevivir mejor”. Destaca la importancia de las redes de información con las que cada persona cuenta, y recuerda que a ella le bastó con llamar a un conocido en el Cerro para saber que no había ninguna horda.

Además, García sostiene que en las zonas aludidas el rumor fue tomado como un chiste por algunos y agrega que las construcciones de “zonas rojas” venían desde mucho tiempo atrás. Pero, en su opinión, la idea “quedó flotando” y gran parte de la población creyó que el episodio de las hordas era posible. El periodista Raúl Zibechi cree que la mayoría de los medios reaccionó con foco en lo económico y en lo político, y con temor de que hubiera algo que rompiera la normalidad. “Hubo una criminalización de la protesta o una actitud de precaución -racismo o clasismo- hacia los más pobres, que no tenían canales institucionales para expresarse”, sostiene.

La base está

El ministro de Desarrollo Social, Daniel Olesker -quien como economista era director del Instituto Cuesta-Duarte, del PIT-CNT-, indicó que es conveniente hablar de “crisis 1999-2002”, que tendría inicios en la década de 1990. Olesker cree que la crisis era inevitable: “Es resultado del modelo de crecimiento de los años 90, que por su carácter concentrador y excluyente generó que el mercado interno se deprimiera”. El ministro indicó que los ingresos y la inversión no crecían pero sí lo hacía el consumo y el movimiento empresarial, porque el sistema se sustentó en el crédito y en el endeudamiento. El punto de partida de la crisis no habría sido el sistema financiero sino aspectos de la producción, “con fuertes componentes distributivos y laborales”, lo que incidió sobre el sistema financiero.

“A estos problemas estructurales se les sumó un diagnóstico coyuntural espantoso del gobierno. El primer error es que creyeron que la devaluación del real en Brasil iba a ser transitoria y que la inflación se la iba a comer para luego volver al mismo nivel de competitividad. El segundo fue pensar que Argentina aguantaba y que había que acompañarla. Devaluar en 1999 -que era año electoral- podía tener un costo político para el gobierno uruguayo, pero nunca le encontré una explicación a por qué una vez que ganaron las elecciones no devaluaron el 1º de marzo de 2000; empezaron a ampliar la banda y a hacer cosas sin ningún efecto. Pensaron que una crisis que estaba afectando los segmentos productivos, distributivos y laborales se resolvía con ajuste fiscal, con menos gasto y más impuestos. Toda la experiencia mostraba que en la crisis hay que hacer medidas anticíclicas y no procíclicas. La crisis no venía de una mala gestión de Batlle sino del modelo concentrador y excluyente de Lacalle y Sanguinetti, y él lo terminó ahondando porque tomó las peores medidas para enfrentarla”, dice Olesker.

El sociólogo Marcos Supervielle considera conveniente distinguir entre crisis económica, política (“no la hubo”) y sociocultural, más allá de que las tres están ligadas. “Más que una crisis social fue una crisis societal, en cuanto al sistema de sociedad que teníamos: la gente encontró que su vida cotidiana empeoraba y no podía mejorar, también desde el punto de vista colectivo”, explicó. Supervielle destacó dos respuestas sociales contradictorias. Por un lado, la emigración masiva generada porque no se veía más la uruguaya como sociedad viable. Por otro, el renacimiento de la solidaridad mediante una enorme cantidad de expresiones autónomas del sistema político y económico. En el plano político el que recogió esto fue el FA, porque era el único que hablaba de solidaridad”, opina.

“Estas circunstancias son propicias para movimientos revolucionarios, pero la palabra ‘revolución’ ha desaparecido de nuestro vocabulario porque en nuestra memoria colectiva no se asocia tanto a una gesta heroica como a la violencia, a muertes, a desaparición, con justicia o sin justicia. Lo revolucionario no era una alternativa”, sostiene Supervielle.

Cable a tierra

Francisco Fleitas, actual alcalde del Municipio F -que corresponde a la zona de Piedras Blancas y Manga- , era un militante barrial en 2002 y recuerda que en los años 90 la zona sufrió la desaparición de muchas fábricas, que en tanto exportadoras fueron afectadas por los estímulos a la importación. En el momento de aceleración de la crisis, según recuerda, la IM habría sido la única institución de gobierno que buscó paliar la situación: “En 2002 se tuvo que dejar de podar las calles para hacer políticas sociales”.

El trabajador social Gerardo Sarachu era integrante del equipo social del Centro Comunal Zonal (CCZ) 9, que engloba la zona comprendida entre el arroyo Carrasco y el arroyo Toledo. La población de la zona aumentaba desde los años 90 como parte del movimiento de expulsión desde el centro a la periferia. En esos años, dice Sarachu, se vivió una alta precarización del trabajo, que muchas veces desembocó en la informalidad o el desempleo. Todas las fuentes consultadas destacaron el surgimiento de varios tipos de emprendimientos asociativos para combatir la agudización de la crisis, como cooperativas de trabajo, ollas populares, comedores, merenderos y redes de trueque.

Las demandas

Cristina Fynn, actual vicepresidenta de la Agencia Nacional de Vivienda e integrante del área social del CCZ 9 en 2002, recuerda consultas de personas que le decían no saber qué hacer. La descentralización, cree, fue un resorte muy importante para evitar impactos mayores. También Sarachu recuerda que muchos concurrían a los espacios de consulta del CCZ únicamente para que los escucharan. Sobre el vínculo con el gobierno nacional de entonces, Fynn señala que era “inexistente”.

La alimentación ocupó un lugar muy importante entre las demandas sociales; fue en esos días que circuló la noticia de que niños del barrio Conciliación habían comido pasto durante un fin de semana porque sus padres no tenían otra cosa para darles. Si bien desde el gobierno se atribuyeron los saqueos a grupos de izquierda y desde la izquierda se acusó a la derecha, el diario La República tituló el 1º de agosto “Saqueos de los hambrientos”.

García recuerda el “antecedente simbólico” de las ollas populares a la salida de la dictadura. “Lo que hace esa solución es sacar la alimentación del ámbito del hogar hacia lo público: voy porque no tengo el más mínimo recurso. Las organizaciones barriales decían: ojalá que nosotros no tuviéramos que existir”. Indica como un momento importante aquel en que la gente volvió a poder cocinar en su casa y comenta que en 2002 resurgió eso, debido a que mucha gente no tenía para comer y tuvo que concurrir a los comedores y exponerse públicamente; García dice recordar a personas que iban a comedores de otros barrios para no sufrir la humillación de ser vistas por sus vecinos.

Esto ocurrió sobre todo en una categoría a la que muchos llamaron “nuevos pobres”, en referencia a la clase media que se vio desplazada, que son los que más fácil se recuperaron pero a su vez encontraron dificultades al momento de encontrar estrategias para sortear la crisis. Sobre este punto Olesker opina que la decisión -implícita o explícita- que se tomó fue que los trabajadores pagaran el costo de la crisis.

Además, en la semana de los saqueos se produjo una disparada en los precios de varios artículos. Según el economista y sociólogo Pablo Guerra, en ese momento se dejaron de usar las tarjetas de crédito y se generaron reacciones típicas de la psicología de masas en momentos como ése, con tendencia al acopio. “El comerciante trataba de sacar la mayor ganancia y la familia trataba de acumular por miedo a que más tarde no hubiera alimentos. Eso llevó a la disparada y a la modalidad de vender estrictamente al contado”, dice.

El mundo del trabajo

Olesker señala como principal factor de incidencia en la precarización e informalización del salario y el poder adquisitivo de la clase trabajadora a la desinstitucionalización de las relaciones laborales, producto de la supresión de los Consejos de Salarios; esto llevó a que los salarios se regularan por cada caso particular y no por rubro. Por su parte, Fleitas comenta: “Yo trabajaba en un lugar donde ganaba 6.000 pesos y empezaron a contratar gente por la mitad, y si nos despedían a nosotros hacían una inversión”. Trae a colación las estrategias de ahorro de gran parte de la sociedad, que iban desde la realización de tareas domésticas para las que antes contrataban a personas del barrio e incluso comenzaron a caminar y andar en bicicleta para ahorrar el dinero del boleto.

Sarachu rememora cómo en esos años, a determinada hora, la usina departamental de residuos de la calle Felipe Cardozo se llenaba de gente que comenzaba a revisar la basura. Al principio se reprimía, pero luego se llegó a un acuerdo -que continúa hasta hoy- en el que la IM cede parte del terreno a clasificadores, lo que a su vez desencadenó la fundación de la Unión de Clasificadores de Residuos Urbanos Sólidos.

Según García, la relación con el mundo del trabajo depende de cada zona, debido a que hay territorios que tienen una gran tradición obrera y de lucha y otros que no. En algunos casos el retorno de las fábricas permitió que muchas familias salieran de ese tipo de situaciones pero otras no. La educadora recordó que el trabajo es el que nos organiza el tiempo de vida y nos hace salir a la calle, y que la pérdida de ese aspecto generó depresiones tanto en niños como en adultos.

Esos casos fueron definidos como el “núcleo duro de la pobreza”, que para Guerra es difícil de combatir porque va ligado a la marginalidad, por lo que no es únicamente pobreza material. Para el ministro Olesker la pobreza estructural viene de los 90 y de la dictadura, y acumula generaciones de pobreza que dejan de considerar positivo el valor de la educación y del trabajo para salir de ésta.

Para adentro

Sarachu indicó que el impacto de la crisis en la sociedad uruguaya se vivió más bien hacia dentro de las familias y no tanto como un estallido social. Puso como ejemplo el caso de consumo de drogas destructivas como la pasta base -que llega por esos años- y el aumento de los casos de violencia doméstica. Según Olesker, también se produjo una ruptura en la convivencia social, principalmente debido a que los barrios dejaron de estar habitados por desiguales y lo obvio dejó de serlo en materia de convivencia ciudadana.

Varios de los consultados estuvieron de acuerdo en que un factor determinante para evitar el estallido social fue la existencia del FA como una alternativa política real, así como a su actitud frente a la crisis. Algunos señalaron que ésta es una clara diferencia con el clima de “que se vayan todos” que se vivía en Argentina. Esto se suma a la presencia de organizaciones sociales y cooperativas que asumieron un rol protagónico en materia de contención de la crisis en ciertos sectores de la población, una tradición instalada desde hacía años en la sociedad uruguaya.