Algunos residentes del Complejo Habitacional 20 (CH 20), ubicado en Barrio Sur, se reunieron el miércoles temprano con el decano de la Facultad de Ingeniería (Fing), Héctor Cancela, y más tarde con el de la Facultad de Arquitectura (Farq), Gustavo Scheps.
Los vecinos, que serán realojados por la Agencia Nacional de Vivienda (ANV) luego de que ésta declarara al edificio en “estado ruinoso”, solicitan un informe de la Universidad de la República que aclare la controversia sobre el estado del complejo.
El decanato de la Fing señaló, mediante un comunicado, que tomaron contacto con esta problemática por medio de información de la ANV, que proporcionó “informes y materiales complementarios”. “A solicitud de las partes, hemos mantenido reuniones con un grupo de vecinos del CH 20 y con ediles por la misma problemática”, agregaron desde la Fing.
De la información suministrada por la ANV, incluyendo el material fotográfico, surge que el edificio “tiene un importante deterioro”, según el decanato. “Existe por lo tanto un riesgo que puede atentar contra la integridad de las personas que hacen uso del edificio, lo que impone considerar las dos alternativas técnicamente posibles: la de reparación del edificio, o la de realojamiento de los moradores y demolición del mismo”, sostienen en el comunicado.
Respecto de cuál sería la mejor opción, desde decanato explicaron que esa decisión “corresponde a las autoridades competentes”, ya que tomar una resolución implica, en este caso, “la consideración de aspectos técnicos, económicos, sociales, y de política de gestión de los activos de vivienda del país, varios de los cuales no están dentro de las competencias de la Fing”.
Por otra parte, aclaran que la facultad, por medio de su Instituto de Estructuras y Transporte, cuenta con “la capacidad técnica de realizar un estudio completo del estado estructural del edificio y alternativas de reparación, capacidad que está al servicio de la sociedad uruguaya”. “La realización de un estudio de esta naturaleza es posible si se cuenta con el acuerdo de quien tenga la autoridad legal que le permita establecer un contrato formal con la Fing que determine las modalidades y condiciones del estudio, permisos de acceso, entrega de material existente, tiempos de realización y costos, de manera de asegurar la viabilidad y correcto desarrollo del mismo”, agregan los universitarios en el documento.
Cancela comentó a la diaria que la Fing tiene la capacidad de hacer estudios, pero “no puede salir a agujerear paredes si no hay condiciones legales y acuerdos para hacer un estudio de ese tipo”. Señaló que “un estudio global requiere un permiso global”, y explicó que “hay temas legales en los que nosotros no entramos ni tenemos asesoramiento legal de quien tiene la potestad de pedir el estudio”.
“Tiene que haber un contexto, que no prejuzgamos cuál es, pero que asegure que no va a haber un problema legal por no contar con las anuencias debidas. Tiene que haber una contraparte clara que habilite el estudio”, argumentó.
Dijo que la visión de la Fing es que “el edificio no está en buenas condiciones, según la información que transmitió la ANV. No se puede dejar como está, sería irresponsable no tomar acciones, que serían demoler o reparar. No puede ser una alternativa dejar la situación tal como está”. A su entender, elegir entre esas dos opciones no es algo que pueda definir la Fing. “En caso de que uno quisiera reparar, es posible hacer estudios detallados sobre como sería esa reparación; si la decisión es demoler, los estudios no aportarían nada”, explicó.
Por su parte, el director del Instituto de la Construcción de la Farq, Duilio Amándola, dijo a la diaria que, luego de reunirse con algunos habitantes del edificio, se les solicitó que hicieran “un planteo formal en el que se documente que tienen algún grado de representatividad, además de que especificaran qué era lo que querían concretamente”.
Hasta el momento, dijo Amándola, no han recibido esa nota. “La Universidad no tiene problema en responder a la comunidad, pero los equipos de investigación y análisis no están esperando a que vengan a golpear la puerta. Estamos en actividad, y el planteo que ellos nos hagan puede requerir esfuerzos adicionales. Habrá que ver si lo que nos están pidiendo forma parte de lo que estamos en condiciones de informar, qué tipo de informe requieren y si se trata de un interlocutor que representa a un grupo o una comunidad”, señaló. Según su punto de vista, los habitantes del CH 20 “plantean ciertas urgencias”, pero el trabajo “no se puede hacer en uno o dos meses”. Amándola aclaró, como por si acaso, que un informe técnico “no podrá hacerse en menos de tres o cuatro meses”.