El caso fue denunciado en el INAU por la madre de una de las siete víctimas de explotación sexual comercial. Las adolescentes viajaban con frecuencia desde Trinidad y Young hasta el Parador Andresito, ubicado a 55 kilómetros de Trinidad, la capital de Flores. La investigación judicial concluyó que allí eran retribuidas económicamente por el concesionario del lugar por efectuar distintos actos sexuales.
Durante el allanamiento, realizado el sábado, fueron incautados álbumes de fotos en los que las menores aparecen desnudas o semidesnudas, lo que permitió probar la existencia del delito de “fabricación o producción de material pornográfico con utilización de personas menores de edad o incapaces”. La reiteración del delito de “retribución o promesa de retribución a personas menores de edad o incapaces para que ejecuten actos sexuales o eróticos de cualquier tipo” quedó demostrada por el testimonio de las adolescentes y la incautación de una “lista de prelación”, en la que el explotador registraba de manera sistemática los nombres de las víctimas, sus ciudades de origen y los actos sexuales realizados, con el monto pagado y la fecha.
La defensa esgrimió, de acuerdo con el auto de procesamiento, que su cliente “nunca supo que las jóvenes con las cuales mantenía relaciones sexuales eran menores de edad”, que “siempre le expresaron que eran mayores” y que “eran ‘grandes’ de cuerpo”. Sobre el libro con anotaciones y las fotografías, la defensa aseguró que no fueron exhibidos a nadie.
La información recabada por la diaria indica que la Justicia trabaja sobre la hipótesis de una red, pero esto aún no se ha podido determinar, razón por la cual continuarán las indagatorias. De hecho, la jueza dejó en libertad a las otras personas detenidas -dos hombres y una mujer-, pero quedaron a disposición de la sede “en día y hora a determinar”.
Medidas
Ayer, dos de las siete adolescentes ya estaban siendo atendidas por el INAU, una a tiempo completo y otra a tiempo parcial. La directora departamental de la institución en Flores, Antonia Silva, coordinaba acciones con una ONG especializada en el tema para conformar equipos de intervención para el abordaje de la situación de las otras cinco adolescentes. A su vez, el INAU resolvió convocar, para el 27 de marzo, en Trinidad, a una jornada de sensibilización para operadores judiciales, de la salud, de la educación y la policía comunitaria.
Una vez que le llegó la notificación de lo ocurrido por parte del Poder Judicial, la Intendencia de Flores procedió a cerrar el parador. El intendente, Armando Castaingdebat, informó a la diaria que la concesión estaba vencida y que en las próximas horas habrá un nuevo llamado a licitación, que “ya estaba previsto” para el fin de la temporada. Antes, hubo dos llamados declarados desiertos, lo que el intendente atribuye a las exigencias del pliego. No obstante, Castaingdebat señaló que la inclusión del Parque Andresito en la Red Mundial de Geoparques por parte de la UNESCO “cambió la afluencia de público”, y que hoy recibió la llamada de tres interesados. Estima que esto “quedará resuelto” antes de la Semana de Turismo, fijada para la tercera semana de abril. Además, el jerarca recibió ayer a las tres trabajadoras del parador -dos cocineras y una empleada de mantenimiento-, quienes quedaron sin empleo tras el cierre. “Desconocemos cuál era la relación contractual. Lo máximo que podemos hacer es recomendarlas al nuevo adjudicatario”, aseguró.
Falta
El director del INAU, Jorge Ferrando, advirtió que “aún hay cosas que aclarar”, pero valoró que luego de presentada la denuncia la actuación judicial haya sido “rápida y efectiva”. “A partir de las campañas, la Ley [sobre Violencia Sexual Comercial o no Comercial cometida contra Niños, Adolescentes o Incapaces, Nº 17.815] es más conocida y manejada por los propios jueces. Al haber procesamiento, rompe cierta sensación de impunidad, por aquello de que se denuncia y no pasa nada”, opinó. Como punto débil, Ferrando señaló la falta de visibilidad de las personas que facilitan la explotación sexual, pero principalmente de los explotadores y clientes: “Salvo excepciones, las personas procesadas son las que organizan la red. Los clientes todavía son como fantasmas. Ése es un debe importante para la investigación policial y judicial”.
Otro aspecto mencionado por el jerarca, al que apuntaba la campaña “No hay excusas”, es el desconocimiento de que se trata de menores, al que apelan los explotadores: “Es una excusa, no es que no se sepa. Hay gente que busca especialmente que sean menores. La norma está clara: nadie puede decir que la desconoce. El asunto es que aún tiene una triste legitimación social, que tiende a culpabilizar a la adolescente por cómo se viste o cómo seduce. Claramente, tiene un justificativo cultural. Esto implica cambios a largo plazo”.