El Poder Ejecutivo y la Intendencia de Montevideo lanzaron esta semana una ofensiva conjunta contra Uber, mediante una ley enviada al Parlamento en el primer caso y un decreto en el segundo. El intendente de Montevideo, Daniel Martínez, consideró que la decisión del Poder Ejecutivo “es una clara señal de que este gobierno está del lado de la gente, protegiendo las fuentes laborales de los obreros del volante, y la mía también, porque si en las próximas elecciones no salgo presidente me quedo sin trabajo. Esto de la intendencia es un curro de cinco años, no más”.
El miércoles Martínez había hecho unas declaraciones que causaron “molestia” entre los taxistas: “La respuesta es mala en tiempo y forma; a veces hay taxistas que andan a los gritos peleando con la gente; a veces por la presencia física te da miedo meterte en un taxi; el tema de la mugre, ni que hablar”, aseguró. Desde el Sindicato Único de Automóviles con Taxímetro y Telefonistas (SUATT) consideraron “poco felices” estos términos. Un dirigente del gremio le sugirió a Martínez “que se meta el decreto bien en el orto, y si le molesta la mugre de los taxis, que empiece a usar la bicicletita esa. Y ojalá lo maten”. Otro integrante del SUATT opinó que con el decreto firmado ayer, que también contempla un espacio mínimo que deberían tener los taxis entre el asiento trasero y la mampara, Martínez “demostró que no entendió nada”. “Nosotros no queríamos que regularan a Uber. Lo que nosotros queríamos era ser tan ilegales como Uber. Ahora lo único que falta es que nos prohíban pasear a la gente, gritarles ordinarieces a las adolescentes y no llevar pasajeros porque no tienen cambio”, dijo.
El presidente de la Gremial Única del Taxi, Óscar Dourado, evitó referirse al decreto, pero extraoficialmente los propietarios de taxímetros habrían manifestado su descontento por el punto de este que obliga a cambiar los automóviles con mayor frecuencia. “Con los anormales que contratamos para manejar, gastar mucho en coches es una locura”, aseguró uno de ellos.