Los ojos de la opinión pública de Brasil y de buena parte de Sudamérica están puestos en el Senado del país norteño, que deberá decidir si el pedido de juicio político contra Dilma Rouseff, que ya fue aprobado por la Cámara de Diputados, tiene la suficiente base jurídica como para seguir su curso. Varios dirigentes frenteamplistas vieron la decisión de los diputados brasileños como “golpe de Estado parlamentario”, “alteración del orden democrático”, una medida “profundamente antidemocrática”, fruto del accionar de “golpistas”. “No estamos diciendo que se quiere imponer una democracia burguesa y por eso hay que tomar las armas para derrocarla. Todavía. En todo caso, venga a preguntarme después de la votación del Senado”, aseguró un diputado del Frente Amplio (FA).
Desde la fuerza política varios dirigentes reclamaron que se aplique a Brasil la cláusula democrática del Mercosur, tal como ocurrió con Paraguay cuando el Senado votó la destitución del presidente Fernando Lugo. En aquella oportunidad, Argentina, Brasil y Uruguay aprovecharon la destitución para aprobar el ingreso de Venezuela al bloque, algo que venía siendo resistido por el Parlamento paraguayo. “Creo que esto podría servirnos de inspiración, porque nos fue muy bien con Venezuela. Ahora podríamos aprovechar para firmar un par de TLC con gobiernos de derecha de países de fuera del Mercosur, como Perú, Estados Unidos o la Unión Europea”, aseguró un integrante de la Mesa Política del FA. De todas maneras, aclaró que la situación de Brasil es “lamentable”, y el objetivo de la medida “sería precisamente asegurarnos de que el sacrificio de Dilma [Rousseff] no haya sido en vano y todos sus contratiempos sirvan para que avancemos en nuestro proyecto político profundamente izquierdista, basado en la asociación con oligarquías nacionales y empresas multinacionales, que tanto inquieta a la derecha”.