El presidente Tabaré Vázquez se reunió esta semana con el intendente de Montevideo, Daniel Martínez, el de Canelones, Yamandú Orsi, el de Durazno, Carmelo Vidalín, y el de Florida, Carlos Enciso, para analizar los impactos que podría tener la instalación de una planta de UPM sobre el río Negro. El mandatario declaró al respecto: “Esto es una muestra del carácter profundamente integrador de este emprendimiento, que arruina por igual ciudades grandes, ciudades pequeñas, pueblos y zonas rurales”. Pero ayer se encendió una luz de alarma en el gobierno, debido a un comunicado de UPM, destinado a “tranquilizar a los mercados”, en el que aclaraba que la decisión final de instalar la planta no había sido tomada y el asunto aún se estaba estudiando. Desde el Poder Ejecutivo reconocieron que quizá hubo un “apresuramiento” a la hora de dar como un hecho la instalación de la planta, algo que podría traer “complicaciones”. “Tenemos que afinar una estrategia para que no se note que estamos desesperados, porque si no, nos van a seguir planteando exigencias y vamos a terminar ofreciendo los favores sexuales del presidente y los ministros”, explicó el secretario de Presidencia, Miguel Ángel Toma. Para el jerarca las reuniones deberían anunciarse con una agenda más abierta, por ejemplo: “Políticas culturales y territorialidad, seguridad cibernética aplicada al Plan Ceibal, instalación de la planta de UPM, organización del Mundial de Fútbol de 2030 y cambio de día feriado del 2 de noviembre”. Pero desde la empresa aseguraron que las autoridades uruguayas no deberían preocuparse por el asunto, ya que, según expresó un vocero de esta, “la decisión de instalarnos o no en Uruguay no depende del gobierno uruguayo. De hecho, nos importa tanto lo que piense el gobierno sobre nuestra futura planta como lo que piense sobre la actual, sus efluentes, su impacto en las rutas o en la economía, es decir, nada”.