Estudiantes avanzados de las facultades de Ciencias Sociales y de Humanidades y Ciencias de la Educación, de la Universidad de la República (Udelar), elaboraron, con la supervisión de los docentes Nilia Viscardi y Pablo Martinis, un documento que sintetiza los debates de las 19 instancias departamentales del tercer Congreso Nacional de Educación (CNE). El documento será un insumo para que los 779 participantes electos para el Plenario Final discutan, el sábado 9 y el domingo 10 en el Campus de Maldonado, y le den cierre al tercer CNE. En el texto quedan claras las diversas posturas en los cuatro ejes en que está dividida la discusión; es posible encontrar algunos puntos que alcanzaron amplia mayoría en todo el país: la pertinencia de un Plan Nacional de Educación (principal objetivo del CNE), la necesidad de atender los diversos contextos locales –con énfasis en el medio rural–, lograr la universalización, hacer hincapié en la educación en derechos humanos, educación física, sexual y por medio del trabajo, al tiempo que también hubo consenso en la creación de una Universidad Nacional de la Educación independiente y en revalorizar el rol docente.

El debate del CNE, que lleva el nombre de Enriqueta Compte y Riqué, está dividido en cuatro ejes: aportes para un Plan Nacional de Educación; democratización, universalización y educación de calidad; educación, diversidad y diversificación; y desafíos de la educación. De la misma manera está dividido el documento que ordena los plenarios departamentales. Los autores aclaran: “Los Informes Departamentales presentaron los debates de forma heterogénea, lo cual demandó la creación de categorías complementarias al temario para respetar la riqueza de los aportes que emergieron de la discusión. El documento, si bien es una selección, contempla la diversidad de enfoques emanados del debate nacional, y pretende servir como disparador para la discusión”.

Plan Nacional de Educación

Este primer eje de debate fue el único que logró un consenso total: “Ningún Plenario Departamental se posicionó como contrario a la elaboración de un Plan Nacional de Educación [PNE], y en varios Informes se hizo explícito el acuerdo sobre la necesidad de uno”. Según los autores, en la mayoría de los informes departamentales “se valoró a un PNE como herramienta para la coordinación entre los distintos ciclos y niveles, ya que proporcionaría una línea orientadora común para la superación de la fragmentación” que los plenarios ven a la interna de la educación.

Un PNE también está asociado a la autonomía de la educación con respecto al poder político. Según destaca el documento, “prácticamente en todos los departamentos se hizo énfasis en la importancia de que un eventual plan se constituya en política de Estado, como requisito para mantener su continuidad y para que puedan apreciarse los resultados, lo que se vinculó con una profundización de la autonomía de la educación”.

Para la construcción del PNE, la mayoría se inclinó al trabajo cooperativo “con una mirada global y un marco normativo común, sin crear nuevos organismos”. Asimismo, el documento síntesis explica que en varios casos se asoció al CNE con la elaboración del plan. En relación con la evaluación y el seguimiento del PNE, los informes se cuestionaron el tiempo que debería pasar para que una revisión recoja resultados sustentados, y dejaron en claro que esta tarea es de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineed).

Educación de calidad para todos

El segundo eje (democratización, universalización y educación de calidad) tuvo una importante discusión en torno al territorio. “En varios Informes Departamentales surgieron propuestas que tienen como común denominador la demanda de ofertas educativas dirigidas a atender diversas necesidades de distintos contextos locales”; algunas de ellas son cursos de forestación y de gastronomía, políticas educativas de frontera o aumentar la formación en oficios según la demanda local.

Hubo un fuerte énfasis en la educación rural, con varias propuestas que muchas veces se repetían: “Por un lado, en algunos informes se propuso que las escuelas rurales implementen el pupilaje cuando las familias no se hacen cargo de los niños, mientras que en otros se consideró necesario revisar las políticas de internado considerándolas insuficientes y causantes de desarraigo”, señala el documento.

Con respecto a la universalización, los informes que abordaron el tema se posicionaron a favor y plantearon la necesidad de alcanzarla en varios sentidos: “Todavía no se dispone de los recursos necesarios para alcanzar la universalización. En este sentido, en varios informes se expresó que no se ha creado la infraestructura necesaria para abastecer al contingente de jóvenes que se incorporaron a la educación formal en el último tiempo, lo que generó sobrepoblación de estudiantes”.

Varios departamentos también remarcaron la necesidad de alcanzar una educación de calidad en todos los niveles y en todo el territorio nacional; también se señaló a la descentralización como factor para una mejor calidad y, en este sentido, destacaron el papel que debe jugar el Estado como responsable de diversificar la oferta en el país.

La educación en la primera infancia planteó opiniones opuestas: por un lado, algunos informes consideraron positiva la idea de extender la obligatoriedad desde los tres años; por otro, surgieron posturas que sostienen que debería tener carácter optativo. Aquellos que están de acuerdo con la obligatoriedad proponen “que desde el nacimiento hasta los tres años se favorezca el vínculo afectivo del niño con su hogar, con un seguimiento que incluya equipos multidisciplinarios acompañando a la familia. Se planteó la posibilidad de apuntar a la institucionalización de centros como los CAIF [Centros de Atención a la Infancia y la Familia] con la creación de un mayor número de estos o de otros similares que correspondan a la órbita del Consejo de Educación Inicial y Primaria”.

Todo tipo de educación

En el tercer eje los plenarios departamentales se detuvieron en las distintas líneas transversales de la Ley General de Educación. Las que más se trabajaron fueron educación en derechos humanos, educación por medio del trabajo, educación física, recreación y deporte, y educación sexual.

En lo que refiere a derechos humanos, surgió la idea de que la educación es de por sí un derecho “que permite profundizar otros”, a la vez que “se manifestó la necesidad de desarrollar tanto el trabajo en esta línea como en la agenda de Derechos Humanos, su conocimiento y ejercicio”. Con respecto a la educación por medio del trabajo, los plenarios departamentales propusieron tres grandes líneas: el vínculo entre la educación y el trabajo, el cooperativismo y el equilibrio entre el trabajo manual y el intelectual.

Con respecto a la educación física, se propuso profundizar en el desarrollo de las políticas y mejorar la infraestructura, los materiales y los recursos humanos. En materia de educación sexual –un tema “ampliamente debatido”– existen varios aportes que buscan abordar el tema desde la transversalidad e integrado al currículo, para evitar que sea abordado sólo de forma puntual.

Los informes destacan “la necesidad de definir qué se entiende por diversidad y por inclusión, pues son términos que admiten distintas interpretaciones. Se apeló a atender las necesidades de personas en situación de discapacidad, pero también otros aspectos que hacen a la diversidad de los y las estudiantes (ideológica, cultural, de edad, de sexo, de género, etcétera). En particular se mencionó a estudiantes lesbianas, gay, bisexuales y transexuales (LGBT), afrodescendientes, estudiantes con problemas de aprendizaje, con trastornos del espectro autista y en situación de vulnerabilidad”.

Puede y debe mejorar

En cuanto a los desafíos que enfrenta la educación nacional, la mayoría de los informes plantearon la necesidad de reivindicar el rol docente. Según el documento de síntesis, hay “una falta de reconocimiento cuando el desempeño y la planificación son muy buenos. Se expresó que hay un exceso de responsabilidad depositada en los docentes y que la falta de comprensión por la sociedad en los reclamos salariales produce desmotivación en el colectivo”.

Con respecto a la formación universitaria, “varios plenarios entienden impostergable la creación de la Uned, porque permitiría la profesionalización del cuerpo docente”, y exigen crear “mecanismos reales, y no sólo teóricos, para formar docentes críticos, reflexivos, creativos y con pensamiento autónomo, además de investigadores”.

Las inquietudes de los plenarios pasaron por las condiciones edilicias y la plantilla docente: “Ambas deben ser adecuadas para brindar una formación docente de nivel universitario”. Por otro lado, propusieron mantener los recursos humanos de los centros de formación docente del país e impulsar la creación de Consejos Académicos Locales, Regionales y Nacionales.

Sobre el cogobierno que podría regir a la nueva Uned, se encontraron opiniones diversas. Mientras que la mayoría se presentó a favor y remarcó la representación de los tres órdenes –estudiantes, docentes y egresados–, otros cuestionaron “si este es el camino para gobernar la futura universidad”. El documento señala que “también apareció la discusión y la pertinencia de considerar un cuarto orden integrado por los funcionarios no docentes y que este sea a nivel nacional y en todos sus centros”.

En los plenarios departamentales también se destacó el rasgo de autonomía que debe tener la Uned con respecto a la Udelar, por un lado, y del Poder Ejecutivo, por otro. En particular, proponen independencia en la asignación de autoridades, en lo económico y en lo administrativo.