A fines de 2016, el Consejo de Relaciones Exteriores de Estados Unidos divulgó su Informe Anual “Prioridades preventivas 2017”, un documento de referencia desde la óptica de los intereses estadounidenses, que identifica los puntos de conflicto bélico más importantes a nivel global. Entre los cinco mayores focos de conflicto identificados, ninguno se encuentra en América del Sur. Desde el Acuerdo de Paz firmado entre el gobierno de Colombia y las FARC y el inicio de las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la región avanzó en el objetivo de ser una “zona de paz”, en el sentido dado por la Declaración de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) de enero de 2014.

Sin embargo, ese mismo Informe de Estados Unidos también coloca la crisis política en Venezuela como un potencial foco de conflicto regional. De hecho, todas las grandes potencias se han manifestado y siguen con detenimiento la crisis en Venezuela, desde China, Rusia, Estados Unidos y la Unión Europea hasta todos los países de la región, particularmente Colombia, Brasil y México.

Existen ejemplos recientes en la situación geopolítica mundial que alertan sobre conflictos internos que se van fogoneando desde el exterior por obra de intereses de grandes potencias que terminan convirtiéndose en conflictos regionales con graves consecuencias para los pueblos. El paralelismo con el origen del conflicto en Siria no es forzado. Antes de 2011 el contexto sirio era de enfrentamiento político interno, crisis económica y demandas sociales por mayor apertura en el régimen dinástico de la familia Assad hacia reformas liberales inspiradas en la denominada “primavera árabe”.

Hoy conocemos el trágico saldo de la guerra en Siria: más de 400.000 muertos según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), cerca de 6.000.000 de desplazados y un conflicto regional que no tiene salida a la vista.

En nuestra región es precisamente eso lo que debemos tratar de evitar a cualquier costo: que la situación interna de Venezuela genere un conflicto que desestabilice a toda la región. El contexto venezolano tiene todos los ingredientes necesarios para que se convierta en un conflicto de características globales: presencia de los mayores recursos petroleros a nivel global, un gobierno que no se alinea con los intereses de Estados Unidos, una amplia región fronteriza con un país que se encuentra desactivando, por la vía de la negociación política, el último conflicto bélico de América del Sur, abundante mano de obra ociosa en el negocio de la guerra, polarización política y escasez de productos básicos por la vía de la guerra económica, el acaparamiento, el contrabando y la especulación.

Mientras que las acciones de acompañamiento, convocatoria al diálogo y a la solución pacífica de la crisis son escasas, las acciones de aislamiento, intervención y desestabilización se van sucediendo una tras otra.

Recientemente se supo que el gobierno brasileño invitó a Estados Unidos a participar en un ejercicio militar en la región fronteriza entre Brasil, Perú y Colombia. La operación “América Unida” será realizada en noviembre y tendrá base en la ciudad de Tabatinga, en el estado Amazonas, que hace frontera con Leticia, en Colombia, y Santa Rosa, en Perú; cerca de 700 kilómetros de la frontera entre Brasil y Venezuela.

Por el lado de Colombia, en una reciente entrevista, el analista político Eduardo Pizarro, autor de Cambiar el futuro (libro en el que analiza los diferentes procesos de paz del país), manifestó que 70% del ELN está ubicado en la frontera con Venezuela, y en esa guerrilla hay un sector radical que considera que su futuro “no está en Quito, sino en Caracas. Si hay una guerra civil [en Venezuela], el ELN se jugaría su futuro apoyando el sector del Gobierno de Maduro, entonces hay una coyuntura internacional que está afectando la negociación en Quito”, señaló.

La semana pasada, durante una manifestación en Venezuela fueron identificados tres ex miembros de grupos paramilitares de Colombia.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contactó al presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, vía telefónica, y le comunicó la propuesta para “hacer frente al deterioro de la crisis política y económica en Venezuela”. Según el comunicado oficial posterior emitido por la Casa Blanca, se subrayó que Estados Unidos “trabajará junto con Perú en la búsqueda de mejorar las instituciones democráticas y ayudar al pueblo de Venezuela”.

Debe tenerse en cuenta que a fines de marzo, Perú anunció el retiro definitivo de su embajador en Caracas ante la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela de asumir las funciones de la Asamblea Nacional. Perú es el país que más activamente está promoviendo en la Organización de Estados Americanos (OEA) la propuesta de aplicar la Carta Democrática a Venezuela.

Sin embargo, Estados Unidos no se ha quedado solamente en acciones indirectas. El secretario de Estado de ese país, Rex Tillerson, ya había denunciado que en Venezuela está ocurriendo una “verdadera tragedia”. El jueves 4 de mayo, un grupo de 15 congresistas estadounidenses enviaron una carta al presidente Trump solicitando que su país presente al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas la situación de Venezuela. En la carta, los legisladores de la cámara baja del Congreso (de ambos partidos) llamaron al gobierno estadounidense a “usar su voz, voto e influencia” en el Consejo de Seguridad para instar a Venezuela a permitir el suministro de ayuda humanitaria y levantar los obstáculos a las organizaciones de asistencia. En esa carta le pidieron al gobierno de Estados Unidos que impulse una resolución en el Consejo de Seguridad de la ONU para incrementar la presión internacional al gobierno de Maduro. Días antes de enviar la carta, ocho senadores presentaron un proyecto de ley para sancionar a funcionarios venezolanos. Ambos pasos se concretaron: Estados Unidos presentó el tema de Venezuela en el Consejo de Seguridad de la ONU, y también se conocieron sanciones a magistrados venezolanos integrantes del Tribunal Superior de Justicia.

Estas acciones no pasaron desapercibidas por Rusia y China. La semana pasada el gobierno ruso se manifestó por tercera vez en lo que va de este año mediante la portavoz de la cancillería, esta vez en rueda de prensa, en la que afirmó: “Rusia se ha manifestado y lo continúa haciendo sobre la resolución de los conflictos internos de Venezuela a través de medios pacíficos y civilizados. Estamos preparados para hablar con todas las fuerzas políticas de Venezuela dispuestas a dialogar. Si fuese requerida la participación de Rusia en este proceso, proporcionaremos la asistencia en la medida en que nos la pidan. Cualquier acción de las partes, tanto del gobierno como de las fuerzas opositoras, debe regirse únicamente dentro del ámbito jurídico, en estricta conformidad con la Constitución y sin la destructiva injerencia externa”.

En el caso de China y Venezuela, ambos países tienen una “asociación estratégica integral”. En ese marco, el apoyo económico y financiero proveniente de China es una pieza importante en el contexto actual. Por ello, el gobierno chino se expresó mediante el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores en conferencia de prensa a fines de abril, afirmando: “Esperamos y creemos sinceramente que el pueblo [de Venezuela] puede manejar sus asuntos internos adecuadamente”.

A diferencia de la OEA, que busca desencadenar un proceso sancionatorio y aislacionista, los otros procesos de integración se encuentran pasivos ante este grave riesgo regional. Por el lado de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), desde que Argentina asumió la presidencia pro témpore del bloque, no se ha manifestado sobre la situación regional ni tampoco sobre la situación de Venezuela. A esto se suma que desde la finalización del mandato de Ernesto Samper como secretario general de la Unasur, el bloque ha perdido protagonismo en el contexto regional.

Lo que menos necesita la región es un foco de conflicto bélico, abierto y con derivaciones insospechadas a todo nivel como el que se está gestando mediante la intervención en Venezuela. Uruguay necesita mirar lejos y tener un deber previsor en sus posicionamientos internacionales, y particularmente respecto de un país hermano, miembro del Mercosur y la Unasur como Venezuela. Es necesario mantener un equilibrio para no caer en la injerencia o el aislamiento. Nuestro gobierno ha hecho saber su intención de formar parte de un grupo facilitador del diálogo, junto con Granadinas y República Dominicana, entre otros, y eso es un paso positivo. En primer lugar, porque trata de no abonar el aislamiento internacional de Venezuela. Abundan los ejemplos de aislamiento de la comunidad internacional hacia un país para ejercer presión sobre el gobierno, y en general las consecuencias son negativas para el país en cuestión, para su pueblo y para la región en su conjunto. En segundo lugar, la injerencia en los asuntos internos les quita la posibilidad a los venezolanos de encontrar la solución a su crisis por la vía pacífica. Debemos dar nuestro apoyo para que esto último sea lo que finalmente suceda.