Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
En una transición conviven los marcos legales y los criterios políticos de flexibilidad, pero estos últimos no son obligatorios, y las gobiernos pueden, hasta el último día de sus mandatos, ejercer todas las potestades que les corresponden, sin tener en cuenta las aspiraciones de quienes van a sucederlos. Este es el caso en lo referido a los aumentos de tarifas y a la aprobación de proyectos en un Parlamento donde los frenteamplistas aún cuentan con mayoría propia.
Sucede lo mismo con los tradicionales ascensos veraniegos en las Fuerzas Armadas, que muchas veces los presidentes salientes han tomado la iniciativa de acordar con los entrantes. En esta ocasión, sin embargo, el ministro de Defensa Nacional, José Bayardi, manifestó que si Luis Lacalle Pou quiere plantear alguna propuesta será escuchado, pero que el actual Poder Ejecutivo tomará las decisiones hasta el 29 de febrero (ya que el año que viene es bisiesto). Cabe señalar que en el trasfondo está el antecedente de que la actual oposición se negó a votar, hace unos meses, las venias de destitución solicitadas por Tabaré Vázquez para los generales actuantes en los tribunales de honor que juzgaron a José Gavazzo, Luis Maurente y Jorge Silveira.
En lo vinculado con las tarifas, el Ejecutivo reiteró que no hay razones económicas para aumentarlas hasta el fin del período, aunque Lacalle Pou esperaba que se ajustaran “por gastos” (presumiblemente, teniendo en cuenta los aumentos de costos que correspondieran en cada caso). El presidente electo, quizá demasiado locuaz en estos días, comentó que si bien el actual gobierno había anunciado su intención de no disponer más aumentos, él pensó que eso era una promesa de campaña que el oficialismo no pensaba cumplir, y sostuvo que cumplirla ahora “es una irresponsabilidad”.
Mientras decide qué hará con las tarifas tras asumir, Lacalle Pou termina de definir los equipos que actuarán en cada ministerio, y adelantó que en los entes autónomos “más importantes” se propone no nombrar a políticos, sino a técnicos.
Otro asunto en el que obviamente el actual Poder Ejecutivo se propone continuar con lineamientos distintos a los que se aplicarán desde marzo de 2020 es el de la política exterior. El Ministerio de Relaciones Exteriores le propuso al Mercosur que activara su “cláusula democrática” ante, debido a la “ruptura institucional” en Bolivia, y que exigiera al “gobierno de facto boliviano el máximo respeto a los derechos humanos y el cese de la represión indiscriminada”. Respaldó esta iniciativa el gobierno entrante de Argentina, que se dispone a tomar en lo internacional posiciones semejantes a las de Vázquez, sobre asuntos en los que Lacalle Pou probablemente se acercará más a las de Mauricio Macri. Por ejemplo, acerca de quién es el legítimo presidente de Venezuela, y mencionar a ese país da pie a señalar que, si bien la jueza Adriana Chamsarian decidió procesar sin prisión al ex diputado Daniel Placeres por conjunción del interés personal con el público, también archivó las denuncias sobre presuntas irregularidades en los negocios del actual gobierno con el venezolano.
Mientras tanto, el MGAP señaló la importancia de mantener y perfeccionar políticas de Estado, por lo menos para prevenir la erosión de los suelos.
Hasta mañana.