Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Mientras la Unión Europea aumenta las medidas de prevención ante un nuevo empuje de la covid-19, las noticias sobre la emergencia sanitaria en Uruguay preocupan. Ayer, el registro de 80 casos nuevos y 559 personas cursando la enfermedad marcaron sendos récords, y hay un millar de personas en cuarentena sólo en el departamento de Cerro Largo, todas ellas por contacto directo con otras que tienen diagnóstico positivo.

Esto último muestra una importante capacidad de rastreo de contactos previos a partir de la detección de cada contagiado, pero también una trama densa de interacciones riesgosas, que aumenta la dificultad de identificar todos los hilos epidemiológicos. En la actualidad no hay una proliferación inmanejable de brotes, pero varios de los brotes plantean la necesidad de aislar y monitorear a una alta cantidad de personas.

El origen de los contagios no tiene nada de misterioso: se debe a la ausencia de precauciones básicas que todos conocemos. También es claro que la reiteración de conductas poco responsables puede desbordar la capacidad de rastreo retroactivo, y con ella la de prevención de contagios, instalando una situación mucho más complicada para el sistema sanitario.

De todos modos, es preciso tener presente que la existencia de un problema no hace desaparecer a los demás. Por ejemplo, los daños asociados con que niñas y niños falten a la escuela no se vuelven menores, ni pasan a ser aceptables, por el aumento de casos diarios y de personas contagiadas.

También siguen planteadas, y sin solución a la vista, otras calamidades que no tienen relación directa con la emergencia sanitaria, aunque esta agrave su contexto.

La intención de reducir el gasto público fue anunciada por quienes hoy gobiernan el país mucho antes de que hubiera noticias sobre la existencia del nuevo coronavirus, con la premisa de que disminuir ese gasto aliviará “el costo del Estado” que recae sobre el sector privado. Por más que se insista en el relato oficialista sobre despilfarros e ineficiencias de gobiernos anteriores, el hecho cada vez más obvio es que esa reducción del gasto repercute directamente sobre las políticas sociales.

Todavía no han terminado los forcejeos entre el Ministerio de Vivienda y Presidencia por el control del Programa de Mejoramiento de Barrios, centrado en los asentamientos, pero la no renovación de 40% de los contratos para ese programa y la postergación de obras previstas tendrán consecuencias sociales graves, con independencia de quién lo dirija.

A su vez, las batallas retóricas acerca de lo que se hizo antes y lo que se hace ahora desde el Ministerio de Desarrollo Social no cambian un dato penoso de la realidad: las necesidades han aumentado mucho más que la asignación presupuestal.

Como si todo lo antedicho no bastara, la Suprema Corte de Justicia adoptó una decisión inusitada. Ratificó que una ley aprobada en 2013 privó a seis empresas forestales de su derecho a exoneraciones fiscales, establecido por una ley anterior de 1987, y que el Poder Legislativo debe pagar indemnizaciones por el daño que causó.

Hasta mañana.