Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

En los casi ocho meses que han transcurrido desde que el Poder Ejecutivo declaró la emergencia sanitaria, una de las palabras a las que más nos hemos acostumbrado es “protocolo”. Hay conjuntos de criterios y reglas planteados para gran parte de nuestras actividades, y cuando no está definido el protocolo, se discute cuál debería ser.

Sin embargo, al mismo tiempo se ha desarrollado una intensa y sostenida prédica sobre la importancia de la “libertad responsable”, presentada como una clave de los relativamente buenos resultados que se han obtenido en la contención de la pandemia. Los protocolos dan orientaciones y marcan límites, pero queda un espacio considerable para la libertad, y se espera que esta sea ejercida con responsabilidad.

El problema con las intervenciones policiales para prevenir aglomeraciones es que se dan en un marco normativo impreciso: no está claro el protocolo. El margen de libertad para la gente común y corriente es una apuesta con riesgos pero saludable; el margen de libertad para la actuación de quienes comandan a personas armadas es indudablemente peligroso.

El ministro del Interior, Jorge Larrañaga, dice que la Policía cuida “que se respeten las reglas sanitarias”, pero esas normas no son muy específicas. Hay dos decretos; el primero dispuso el 13 de marzo que “las autoridades nacionales, departamentales y municipales competentes deberán evaluar suspender aquellos eventos que impliquen la aglomeración de personas, dado que constituye un factor de riesgo para el contagio de la enfermedad”. El otro decreto, del 30 de marzo, les asignó a los ministerios del Interior y de Defensa Nacional las tareas de “evitar y disuadir aglomeraciones”, “en el marco de sus competencias legales y reglamentarias”.

No está definido con qué criterios se evalúa si hay una aglomeración, ni qué deben hacer las fuerzas de seguridad cuando las personas a las que consideran aglomeradas no resultan disuadidas, o no se dispersan hasta que la distancia entre ellas le parezca satisfactoria a quien comanda un operativo.

El margen para la actuación es muy laxo, y la cuestión se complica cuando empieza a jugar el criterio de que discutir una exhortación policial o no hacer caso a ella constituye un delito de desacato o de agravio a la autoridad, que habilita a detenciones y abre paso a distintos niveles de violencia.

La imprecisión de las normas complica la evaluación de lo que hacen en estas situaciones las personas a las que se intenta dispersar y los funcionarios del Ministerio del Interior. Dista mucho de ser sencillo el trabajo que tienen a su cargo la Fiscalía y la Institución Nacional de Derechos Humanos en relación con lo que ocurrió el domingo en la plaza Seregni montevideana, y, llegado el caso, con incidentes en varios otros departamentos.

Sería muy productivo y necesario que se avanzara en acuerdos y definiciones durante la interpelación a Larrañaga que decidió realizar el Frente Amplio en el Senado. Para eso haría falta que oficialistas y opositores coincidieran en la voluntad de aclarar los objetivos y los protocolos, a fin de que la prevención sanitaria no resulte más peligrosa que la covid-19.

Hasta mañana.