Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

El Poder Ejecutivo envió ayer al Legislativo su anunciado proyecto de urgente consideración para limitar las posibilidades de contagio de la covid-19. Las polémicas no se hicieron esperar, y en esta ocasión el camino elegido por el Frente Amplio (FA) no fue limitarse a expresar desacuerdos y tratar de lograr modificaciones, sino presentar un proyecto alternativo.

Esto señala los inconvenientes causados por la inexistencia de un organismo estable de diálogo acerca de la emergencia sanitaria, que la oposición reclamó durante todo el año y el oficialismo se negó siempre a instalar. Si se hubiera trabajado en un ámbito así, ya estarían consolidados varios consensos muy útiles para afrontar una situación crítica como la actual.

Las diferencias entre el proyecto del Ejecutivo y el del FA son numerosas; entre ellas se destacan la definición de lo que se pretende evitar y la de las autoridades competentes para actuar.

El Ejecutivo habla de “aglomeraciones de personas [sin indicar cuántas] que generen un notorio riesgo sanitario”, y las caracteriza por “la concentración, permanencia o circulación [...] en espacios públicos o privados de uso público”, sin respetar “las medidas de distanciamiento social sanitario” y sin usar “elementos de protección personal adecuados, tales como tapabocas, mascarillas y protectores faciales, etcétera” (mala técnica legislativa el “etcétera”).

El FA propone establecer “un número máximo de 30 personas”, si respetan el distanciamiento y otras medidas de protección, salvo en actividades para las que haya un protocolo específico aprobado. Esto evitaría que la identificación de un delito dependiera de apreciaciones subjetivas que pueden variar mucho, aunque por otra parte puede ser engorroso verificar las distancias respectivas entre 30 personas.

El Ejecutivo da potestades para intervenir a “los ministerios competentes”, sin establecer cuáles serían, y a los gobiernos departamentales. Uno de los problemas es que, con tantas autoridades involucradas, parece poco probable que se aplique el mismo criterio en todos los casos. Y si dos autoridades tuvieran apreciaciones distintas sobre el mismo hecho, es una gran incógnita cuál debería prevalecer.

El FA asigna la responsabilidad al Ministerio de Salud Pública (MSP), que “luego de haber agotado todos los pasos” podría pedir la intervención del Ministerio del Interior. Esto también plantea problemas: el MSP tiene claras competencias como “policía sanitaria”, pero eso no significa que disponga del personal necesario para monitorear todos los espacios públicos del país, o siquiera para acudir con rapidez ante la existencia de denuncias.

Los proyectos también se diferencian en lo referido al ingreso de uruguayos provenientes de otros países. El Ejecutivo sólo lo permitiría a quienes acreditaran haber comprado pasajes antes de ayer, si contaran “con las autorizaciones necesarias”. El FA establece que quienes lleguen “con los correspondientes protocolos sanitarios, [...] podrán ingresar al país respetando la cuarentena obligatoria”.

Lo ideal sería que el conjunto de los parlamentarios se abocara a buscar una síntesis. Lamentablemente, caben otras posibilidades.

Hasta el lunes.