Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Lo último que habíamos sabido sobre el proyecto de ley de urgente consideración (LUC), antes de que se declarara la emergencia sanitaria el 13 de marzo, era que se había realizado una serie de ajustes a su borrador, a partir de aportes de los partidos que integran la “coalición multicolor”, y que el presidente Luis Lacalle Pou se proponía enviarla al Parlamento, luego de que todos los integrantes del Consejo de Ministros la firmaran el 16 de ese mes, pero la reunión prevista a tal efecto fue suspendida.

La vicepresidenta Beatriz Argimón explicó, en aquel momento, que la postergación se debía a que Lacalle Pou consideraba “muy importante” que se pudieran producir, en el acotado plazo para el tratamiento legislativo de este tipo de iniciativas, “las instancias de intercambio con la ciudadanía, con los gremios y con las instituciones que quieran venir”, y que eso no era posible en el nuevo “contexto de emergencia y prevención”.

Ayer el presidente les hizo llegar a todos los parlamentarios, por intermedio de Argimón, el texto del proyecto que se propone enviar al Poder Legislativo, que ahora tiene una serie de cambios y más artículos, pese a que los referidos a telemedicina ya habían sido enviados por separado y aprobados. No sabemos si es el que se pensaba firmar el 16 de marzo, o si se le hizo algún cambio, pero esto no importa demasiado.

Lo que sí tiene muchísima importancia es saber si la frase “En unos días lo presentaremos formalmente”, en el anuncio tuiteado por Lacalle Pou ayer, significa que pronto se producirá el ingreso al Parlamento. En tal caso, comenzarían a correr los plazos establecidos en la Constitución, tras cuyo cumplimiento el proyecto se considerará aprobado salvo que las cámaras lo rechacen expresamente.

Poner el texto en conocimiento de los legisladores y del conjunto de la población antes de que comience su trámite legislativo es una buena idea, ya que permite estudiarlo y realizar consultas en forma menos acelerada, así como el adelanto de las propuestas de cambio que puedan surgir desde fuera del oficialismo (y le da más tiempo a este para considerarlas).

En cambio, que los plazos empezaran a correr durante el período de emergencia sanitaria sería un desatino, porque hay otras prioridades, e introduciría un grave factor de conflicto político y social en el momento menos adecuado. Esto es lo que se interpretó desde el Frente Amplio.

Argimón sostuvo en conferencia de prensa que “el Poder Ejecutivo aún no tiene una fecha prevista para el ingreso formal”, pero esto no aclara qué quiso decir Lacalle Pou que hará “en unos días”. A su vez, las declaraciones de varios legisladores oficialistas no dieron la impresión de que tuvieran eso claro, y en general apuntaron a considerar inconveniente que comiencen a correr los plazos.

Por otra parte, la Federación Uruguaya de Magisterio expresó sus objeciones a la reanudación de clases en escuelas rurales, y el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (SUNCA) sostuvo que no están dadas las condiciones sanitarias para que se retomen las obras el lunes 13 de este mes. En ambos casos, los sindicatos afirman que es prematura y peligrosa la intención gubernamental de comenzar un gradual “retorno a la normalidad” (que también parece manifestarse en relación con la LUC). Además, conviene tener presente que el sector de la construcción requiere insumos de muchos otros: volver a ponerlo en marcha implicaría, sin duda, un efecto multiplicador, pero no sólo de la actividad económica, sino también de los riesgos sanitarios.

Hasta el lunes.