Según el sistema Offender Assessment System 2.0 (Oasys), que se utiliza en las cárceles del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) para medir los riesgos de reincidencia, 8 de cada 10 personas tienen uso problemático de drogas. Esto genera otras consecuencias, como narcotráfico interno, deudas y abstinencia.
En mayo se registraron cinco homicidios en la Unidad 4 Santiago Vázquez (ex Comcar). Cuatro fueron en el módulo 11, el espacio más complejo de este establecimiento penitenciario.
En esta cárcel, en la que viven 3.600 de las 12.100 personas privadas de libertad en Uruguay, la conflictividad es alta. La cantidad de homicidios en este mes supera la tendencia mensual de homicidios intracarcelarios. La tasa de homicidios en cárceles es 19 veces la del afuera.
En entrevista con Subrayado, el ministro Jorge Larrañaga sostuvo que “la mayor tensión interna en las cárceles se debe a la abstinencia de drogas”. Según dijo, en el ingreso a los establecimientos ‘hay mayor control y eso está repercutiendo en la violencia’.
Se presume que en el Comcar se limitó una de las principales entradas de pasta base al establecimiento, pero no se previeron acciones de contingencia para las situaciones de conflictividad, las complejidades asociadas a las deudas que genera esta economía ilegal y los cuadros agudos de abstinencia.
Según las investigaciones de los homicidios del último mes, los casos estarían vinculados a esta problemática. A pesar de eso, desde el Servicio de Atención Integral para Personas Privadas de Libertad de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) no se han implementado programas de salud mental para asumir esta realidad y reducir los riesgos de estos cuadros.