La redacción del proyecto de ley de urgente consideración llevó más tiempo del previsto, y aun luego de su ingreso al Parlamento, hace tres semanas, han quedado en evidencia varias discrepancias internas del oficialismo sobre su contenido, reveladoras de que la prolongada negociación previa resultó insuficiente.

Algunos artículos se incluyeron a sabiendas de que no contaban con los votos necesarios para ser aprobados, como sucede con los que eliminan el monopolio estatal de la importación y refinación de combustibles. Otros ya quedaron descartados, a veces con la elegante fórmula de que el Poder Ejecutivo “decidió retirarlos”, cuando lo que ocurre es que el Partido Colorado (PC), Cabildo Abierto (CA) o ambos no los aceptan, y por lo tanto su aprobación es inviable. Así sucedió con el que establecía la obligación de que Antel alquilara sus redes de transmisión de datos a sus competidores.

En varios casos da la impresión de que las discrepancias no se conocían de antemano, como ocurre con los artículos que ubicaban a algunos organismos (entre ellos Secretaría e Inteligencia) como dependencias de Presidencia, sustrayéndolos del contralor parlamentario. Hay diferencias no resueltas acerca de los aumentos de penas para adolescentes, resistidos incluso dentro del Partido Nacional (PN), nada menos que por la vicepresidenta Beatriz Argimón.

Hay objeciones a los artículos que requieren, para el ingreso de una propiedad privada al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, la autorización del dueño o la expropiación estatal; a los que disponen modificaciones del Código Civil (incluidos por iniciativa de la Asociación de Escribanos); a los referidos a la seguridad en los espectáculos deportivos (rechazados por el secretario nacional de Deportes, Sebastián Bauzá); a los que eliminan la exigencia de que el Instituto Nacional de Carnes controle la calidad de las exportaciones; o a los que crean una nueva dirección dentro del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.

En la semana que termina quedó planteada una situación muy extraña con respecto a la propuesta de permitir la propiedad anónima de tierras. El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Carlos María Uriarte (PC), anunció que quedaba sin efecto y señaló que la decisión de “retirarla” no había sido sólo suya (hay quienes la atribuyen a presiones de CA). Sin embargo, al día siguiente el senador Jorge Gandini (PN) declaró que es partidario de que se mantenga y se apruebe.

En varias otras áreas, organizaciones sindicales y empresariales les han planteado a los legisladores que consideran inconveniente legislar con urgencia sobre asuntos complejos. Y es probable que, en las próximas semanas, se revelen nuevas discrepancias.

Todo lo antedicho indica que Luis Lacalle Pou quiso aprobar rápido estos más de 500 artículos porque sabía que la “coalición multicolor” no es un prodigio de solidez. Pero esa urgencia, ajena a las previsiones constitucionales, ha expuesto los conflictos internos en vez de disimularlos, y va camino a forzar malos resultados en una gran cantidad de asuntos relevantes.