Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

En Uruguay existe y opera una minoría contrariada por la aprobación de la ley sobre interrupción voluntaria del embarazo, que incluye a grupos motivados por convicciones religiosas y que fracasó en el intento de lograr un referéndum contra la norma. Desde 2012 trata de aprovechar algunos resquicios que deja la ley vigente.

Uno de los integrantes de esa minoría es el exdiputado suplente nacionalista Carlos Iafigliola, cuya escasa actuación parlamentaria no reveló que tuviera especial interés en el área de las telecomunicaciones, pero que hoy es asesor del presidente de Antel, Gabriel Gurméndez. En los ratos libres que le deja tan importante tarea, hace ahora lobby para que el Centro de Promoción por la Dignidad Humana (Ceprodih) cuente con apoyo estatal para “desestimular” a las mujeres que quieren abortar.

El Ceprodih se fundó en 1998, según indica su sitio web, para complementar y fortalecer el servicio brindado por la Red de Refugios Nocturnos, formada un par de años antes por “organizaciones de origen religioso”. Algunos de sus programas buscan crear mejores condiciones para la maternidad en sectores vulnerables, brindándoles a las mujeres capacitación y oportunidades laborales, así como apoyo durante el embarazo y los primeros años de vida de sus hijos. Por ese lado viene el lobby de Iafigliola.

La negociación para que se aprobara la ley de 2012 llevó a que incluyera la intervención de un equipo interdisciplinario cuando una mujer quiere ejercer su derecho al aborto legal. Ese equipo le informa sobre lo establecido en la ley, “las características de la interrupción del embarazo”, “los riesgos inherentes a esta práctica” y “alternativas al aborto provocado, incluyendo los programas disponibles de apoyo social y económico, así como respecto a la posibilidad de dar su hijo en adopción”. Después la mujer dispone de “un período de reflexión”.

El adjetivo “paternalista” es muy apropiado para ese proceso, que parece atribuir la voluntad de interrumpir el embarazo a ignorancia y ligereza. En todo caso, 97% de las mujeres ratifican su decisión. El trámite implica un menosprecio indeseable pero es, en los hechos, poco más que una especie de peaje para seguir adelante en el ejercicio del derecho.

La iniciativa de Iafigliola, que lo llevó a reunirse con el presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Leonardo Cipriani, tiene dos componentes, uno de ellos innecesario y el otro impertinente. El primero es que se incluyan los programas de Ceprodih en la información que brindan los equipos interdisciplinarios, y cabe señalar que, en el caso de que eso no ocurra ya, la propia organización debería ocuparse del asunto.

El segundo es que las “alternativas” al aborto que ofrece Ceprodih sean potenciadas mediante un “plan piloto” en las policlínicas de ASSE, con participación del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional y de los ministerios de Desarrollo Social y de Vivienda y Ordenamiento Territorial. Esto implicaría, entre otros problemas, un fuerte e indebido favoritismo estatal hacia una institución privada.

Dice Iafigliola que encontró en Cipriani “un muy buen socio”, con “voluntad política” de apoyar su propuesta. Ojalá que se equivoque.

Hasta mañana.