El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, y otras autoridades de la cartera se reúnen a estas horas con los legisladores de todos los partidos en el ministerio para buscar soluciones al cierre de Casa de Galicia, que fue decretado por la Justicia el jueves 23 de diciembre. Mientras tanto, el funcionamiento de las policlínicas y el cuidado de los pacientes retoma su frecuencia habitual.

Según se informó desde la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), “está funcionando con normalidad el block quirúrgico” y se destacaron algunos puntos que restaban resolver al momento: se informó que “las 100 desinometrías óseas atrasadas vienen siendo coordinadas para su realización”, al igual que los marcadores tumorales atrasados y la medicación de pacientes del Hogar Español.

Desde las 9.30 de este lunes las autoridades del Ministerio de Salud Pública (MSP) están reunidas con los legisladores, y a las 14.00 quedó pautada la reunión con los trabajadores de la salud, que también buscan ser parte de la solución para el cierre de la institución que afecta a 40.000 usuarios y 2.000 trabajadores.

También este lunes se conoció la respuesta del MSP al juez letrado de Concursos de Primer Turno, Leonardo Méndez. En una carta de 12 páginas que está colgada en la web del MSP se destaca que la secretaría de Estado “no comparte” la decisión del magistrado, asegura que implicó una “problemática aún mayor” para el Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) y la califica de “inconveniente” e “inoportuna”.

El MSP entiende que Casa de Galicia es “un actor clave dentro del escenario mutual, que cuenta con recursos y personal imprescindible para el cumplimiento de los objetivos” del SNIS. En la respuesta del MSP se apuntó directamente a la gestión del Poder Judicial; aseguran que la actuación concursal “se basa en parámetros netamente economicistas y está orientada principalmente al pago de acreedores”, mientras que la intervención del MSP reconoce “el inherente fin social de estas instituciones”.

El ministerio pidió que sean “refutadas con firmeza” las expresiones sobre “falta de compromiso” por parte de la cartera. Afirman que el ministerio fue el “principal ocupado y preocupado por mantener en funcionamiento a Casa de Galicia”, y responsabilizan a las anteriores autoridades de la mutualista, que, “a pesar de los reiterados y millonarios apoyos económicos brindados por el Estado, continuaron con un déficit altamente superior al promedio del resto de los prestadores”. Asimismo, se destaca que el ministerio se alejó del caso “no por voluntad propia” sino porque fue “desplazado” por la sede judicial.

La carta señala también que durante la intervención del MSP se priorizó “la situación asistencial y se adoptó un rol negociador y conciliador”, mientras que la intervención del síndico propuso estrategias que “no se podían compartir”, como aumentar el “ya muy elevado pasivo” de la empresa y que el Estado pasara a tener un rol “asesor no vinculante”.

Además, en el escrito se establece que no se comparte la valoración “positiva” de la actuación de la sindicatura en tanto culminó con “el cierre intempestivo y abrupto de Casa de Galicia, en una situación que si bien era compleja, podía haber implicado otras decisiones, como por ejemplo no despedir a técnicos que eran el sostén de la Dirección Técnica”.

FA también considera “inconveniente” el cierre de la mutualista y presenta proyecto de ley al respecto

Al salir de la reunión, los legisladores oficialistas Carmen Asiaín (Partido Nacional, PN), Carmen Sanguinetti (Partido Colorado), Silvana Pérez Bonavita (Cabildo Abierto) y Alfredo de Mattos (PN) informaron que las autoridades aseguraron que el pago de los salarios de diciembre se hará el 3 de enero y que para el 6 de enero se abonará el aguinaldo. Asiaín comentó que la sentencia judicial fue apelada, por lo que no quedó firme, aunque se está instrumentando el plan de acción que dispuso el pasaje de la atención a ASSE.

Sanguinetti valoró que “está todo el sistema político unido” para encontrar una solución a la situación de Casa de Galicia, y que la de hoy “fue una reunión de extrema colaboración tanto entre el Ejecutivo como el Legislativo”.

Tal como dijo Asiaín, se conversaron las propuestas de salida para la institución que llevó el Frente Amplio. El senador de esa fuerza política Daniel Olesker comentó en rueda de prensa las posibilidades que se barajaron. En primer lugar destacó las coincidencias entre todos los presentes respecto de que cualquier solución debe tener en cuenta el respaldo a los afiliados, la protección de las fuentes de trabajo y el cuidado de la infraestructura sanitaria, que es la principal referencia del noroeste montevideano.

Entre las propuestas que llevó el Frente Amplio a la reunión está un proyecto de ley que obligue al Poder Judicial en caso similares a estos a convocar permanentemente al MSP, “todo lo contrario de lo que pasó acá, que se desplazó al ministerio y no fue bueno”, comentó el legislador, y agregó que no se descarta trabajar en esto en la sesión extraordinaria del Senado convocada para este miércoles.

Consultado por la respuesta que dio el MSP al Poder Judicial, Olesker opinó que “fue inconveniente que el Poder Judicial no se quedara con el MSP adentro, y creemos que actuó abstrayéndose de que era una institución de asistencia sanitaria, donde se atienden las personas; eso no fue tomado en consideración”.

Sobre la respuesta del MSP a la sentencia judicial, la diputada cabildante Pérez Bonavita opinó: “Amparamos totalmente lo dicho por el ministerio, realmente fue una especie de atropello del Poder Judicial, de eso no cabe duda”, y saludó que la respuesta se preparara y difundiera hoy, “en respuesta a todo ese tipo de acusaciones que no tenían cabida en el tema”.

Posibles soluciones

Los legisladores del FA presentaron otro proyecto de ley que permitiría darle potestades a ASSE para comprar la infraestructura de Casa de Galicia, algo que según Olesker será estudiado por los legisladores de la coalición y el ministerio.

“Nosotros hicimos una propuesta para que ASSE tomara parte de este asunto, replicando un poco lo que hicimos con el Hospital Español [en 2006], con la diferencia de que el Hospital Español no tenía afiliados, pero sí replicando el punto de vista institucional y del financiamiento”, comentó Olesker a la diaria.

El legislador dijo que si se avanza en esa solución, ASSE puede quedarse con toda la institución o sólo con una parte. “Una opción es que los afiliados de Casa de Galicia pasen a ser Fonasa [Fondo Nacional de Salud] de ASSE y ASSE se quede con todo, o que se quede con una parte y los usuarios pasen a formar parte de un conglomerado con otras instituciones de la zona”, detalló Olesker.

El legislador aseguró que no se descartó ningún camino de salida a esta situación. “Una u otra solución tiene el trípode de mantenimiento de la infraestructura, la atención y los puestos de trabajo. Cuáles son los mejores criterios para determinar las condiciones para la incorporación, se seguirá trabajando, pero cualquiera de las dos opciones tiene ventajas y desventajas para cumplir los tres objetivos”, adelantó Olesker a la prensa.

Consultado por la diaria sobre la propuesta del conglomerado o consorcio de instituciones del SNIS, Olesker puntualizó que la idea es que “instituciones privadas, o ASSE mismo, conformaran una cogestión de esta institución”.

Acerca del destino de los usuarios de Casa de Galicia, Olesker explicó que “la mejor distribución es aquella que garantiza ciertos criterios de regulación”, y que en la reunión con el ministro se discutieron algunos de esos criterios. “Fueron bastante receptivos a los criterios que nosotros les comentamos, que son los que me tocó armar para el plan B de 2001”, cuando cerraron varias mutualistas en Montevideo.

El senador no quiso adelantar cuáles eran esos criterios, pero sí dijo que en el tema de Casa de Galicia aparece con fuerza el aspecto geográfico, que no había tenido mayor relevancia entre 2001 y 2004, pero sí ahora, cuando muchos trabajadores y afiliados viven en el entorno de esta mutualista y “quieren seguir atendiéndose allí, entonces la cuestión geográfica ahora pesa bastante más”.

Otros criterios que se tuvieron en cuenta en 2001 fue el tamaño de la institución, que no fuera muy grande ni muy chica, para poder atender al volumen de usuarios que ingresara, que las instituciones tuvieran servicios propios -acotó que este no es un problema ahora porque sólo hay una mutualista de Montevideo que no tiene sanatorio propio- y que también se tuvo en cuenta el perfil etario.

Según Olesker, Alberto Yagoda, presidente de la Junasa, se comprometió a informar a los legisladores de la situación de los afiliados, para que estén en conocimiento de “cómo va ese análisis”.

En cualquiera de las dos opciones que se manejan, la de ASSE o la del consorcio, se buscará preservar la identidad de Casa de Galicia, agregó el senador.