Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

La Ley 19.580, sobre violencia hacia las mujeres basada en género, se aprobó a fines de 2017, pero fue reglamentada recién a fines de 2019, después del balotaje, y aún no se ha podido aplicar cabalmente, porque tanto en el gobierno anterior como en el actual han faltado los recursos necesarios.

Esta situación involucra a los tres poderes del Estado. El Ejecutivo no propuso asignar los fondos correspondientes en sucesivos proyectos de presupuesto y rendición de cuentas, y el Legislativo no logró las modificaciones que hacían falta cuando trató esas iniciativas (pese a que la norma había tenido votos de todos los partidos). En el Judicial, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) ha considerado durante años que corresponde postergar la aplicación, alegando que había y hay otras prioridades para el empleo del dinero disponible.

El penúltimo capítulo de esta historia se escribió el año pasado. El programa de gobierno de Luis Lacalle Pou incluyó un compromiso de “combate frontal a la violencia basada en género, asegurando el real cumplimiento de la Ley 19.580”, y aseguró que para ello se dotaría al Poder Judicial “de los recursos necesarios”. Sin embargo, en 2020 el Ejecutivo y la SCJ acordaron que el proyecto de presupuesto postergara la implementación de esa ley hasta 2024, y que dejara una vez más en suspenso la creación de más juzgados especializados en violencia de género.

Cuando ese proyecto ingresó al Parlamento, en un marco de protestas y reclamos por parte de organizaciones feministas, la vicepresidenta Beatriz Argimón medió para que por lo menos se avanzara en una implementación gradual, y finalmente se aprobó la creación de tres nuevos juzgados especializados fuera de Montevideo, mediante la reasignación de 57 millones de pesos anuales que ya estaban destinados al Poder Judicial.

De todos modos, pronto estuvo claro que incluso la instalación de esos juzgados iba para largo. En enero de este año, la entonces presidenta de la SCJ, Bernardette Minvielle, le comunicó por escrito a Lacalle Pou que no iba a ser posible cumplir con lo dispuesto en la Ley de Presupuesto. Pocos días después, el actual sucesor de Minvielle, Tabaré Sosa, dijo a integrantes de la bancada bicameral femenina que había “voluntad” de crear no tres sino seis juzgados, pero finalmente no se ha instalado ni uno.

Ahora Sosa le envió al Parlamento, en nombre de la SCJ, un anteproyecto de ley para postergar hasta el 1º julio del año que viene la creación de los tres juzgados previstos el año pasado. De seis ya ni habla.

Sosa alega que cumplir con esa disposición no es posible “en el actual marco presupuestal y competencial”. Esto último se refiere una vieja discrepancia de la SCJ con la creación de “juzgados multimateria”, previstos en la Ley 19.580 para darles un tratamiento integral a los casos y evitar el peregrinaje de las mujeres por distintas dependencias. A todo esto, la violencia de género sigue.

Pocas dudas caben de que las movilizaciones del 8 de marzo y el 20 de mayo están, cada año, entre las mayores que se realizan en Uruguay. También tienen en común que las demandas planteadas en esas fechas siguen lejos de ser cumplidas. Da para pensar.

Hasta mañana.