Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

El relato de la oposición sobre el precio de los combustibles antes de 2020 tenía el atractivo de lo simple. Decía que los gobiernos del Frente Amplio utilizaban impuestos y tarifas para solventar gastos excesivos e ineficientes del Estado, en perjuicio del “país productivo”. Este discurso fue amplificado desde comienzos de 2018 por el movimiento Un Solo Uruguay (USU), y el caso del precio del gasoil se destacaba por su efecto directo en los costos de los productores agropecuarios.

Por todo el país se reiteró la promesa preelectoral de que le tocaría al Estado ajustarse el cinturón, de modo que, una vez reducidos con rapidez sus gastos, el peso de los impuestos y tarifas no sólo dejaría de crecer sino que además disminuiría. “Si gana el Partido Nacional se acabó el aumento de impuestos, de las tarifas y los combustibles. ¡Se terminó!”, aseguró por ejemplo Luis Lacalle Pou, en marzo de 2019, cuando lanzó su campaña como candidato a la presidencia.

Las expectativas creadas no se han cumplido, y aquel relato simplificado se vuelve contra sus autores. Unos sostienen que el gobierno sigue quitándoles dinero porque se ha quedado corto en la reducción de los gastos del Estado. Otros, cuando Lacalle Pou destaca el “ahorro” estatal de 600 millones de dólares, preguntan por qué eso no derivó en beneficios para el “país productivo”. Reaparece la demanda de que se libere la importación de combustibles, que según el mismo relato preelectoral determinaría un importante descenso de precios.

En realidad, el Poder Ejecutivo ya decidió variar el precio de los combustibles, mes a mes, en función de cálculos sobre lo que le costaría importarlos a un empresario privado. Tales cálculos son realizados por la Unidad Reguladora de los Servicios de Energía y Agua, y su metodología es discutida, pero este no es el único problema.

Los precios internacionales del petróleo han tenido un período de alza, que arrastra en la misma dirección los ajustes dispuestos por el Ejecutivo. Además, las autoridades cambiaron de criterio, y ahora le agregan al “precio de paridad de importación” un recargo por “sobrecostos de Ancap”. Estos corresponden, según el Ministerio de Economía, al subsidio del precio del supergás, la mezcla de etanol en las naftas, las pérdidas del pórtland, el acumulado de resultados y el costo financiero por pérdidas anteriores.

No está muy claro cuál es la intención. Quizá se trata de crear un escenario propicio a la eliminación de esos “sobrecostos”. Quizá el Ejecutivo aumenta ahora para poder rebajar luego, cuando considere que es el momento oportuno.

Sea como fuere, los aumentos no sólo son criticados por la oposición, sino también por USU, que el sábado realizará una asamblea de delegados para planificar su protesta contra lo que considera “un mazazo para toda la economía”. También se quejan la Federación Rural y las gremiales de productores lácteos y arroceros, que sinceraron su posición señalando que no sólo aspiran a la eliminación de “sobrecostos”, sino a asegurar que su actividad logre “un precio competitivo”. Vale decir que si la paridad con la importación les resulta demasiado cara, se los subsidie.

Hasta mañana.