Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
La cancillería uruguaya decidió pedirle al gobierno de Venezuela, encabezado por Nicolás Maduro, que acepte la designación como embajador en ese país de Eber da Rosa. Es el mismo Maduro a quien Luis Lacalle Pou decidió no invitar a su asunción como presidente y calificó en aquel momento de dictador.
La noticia causó expresiones de preocupación por parte de dirigentes del Partido Colorado. Quizá han olvidado que el actual secretario general de ese partido, Julio María Sanguinetti, restableció en su primera presidencia las relaciones diplomáticas con Cuba, rotas por nuestro país en 1964, y en la segunda invitó a Fidel Castro a visitar Uruguay.
De todos modos, la relación bilateral entre Uruguay y Venezuela no se había mantenido en términos armoniosos durante los períodos de gobierno frenteamplista. Desde 2015 no hay embajador de nuestro país en el caribeño y la representación ha estado a cargo de sucesivos encargados de negocios.
En 2017 Maduro acusó al entonces canciller, Rodolfo Nin Novoa, de coordinar acciones contra Venezuela con el gobierno de Estados Unidos. El vínculo mejoró en 2019, cuando Uruguay impulsó un grupo internacional para mediar (sin éxito) entre el gobierno venezolano y sus opositores, y volvió a empeorar tras la asunción de Lacalle Pou.
Todo esto sucedió mientras en Venezuela se desarrollaban largos y a veces inverosímiles conflictos entre chavistas y antichavistas, articulados con una creciente hostilidad hacia el gobierno de Maduro por parte de Estados Unidos y la Unión Europea.
La oposición venezolana ganó las elecciones parlamentarias de 2016, pero Maduro desconoció la legitimidad de la Asamblea Nacional, invocando que estaba en desacato ante el Tribunal Supremo de Justicia por irregularidades en su elección (que no afectaban la mayoría opositora).
En 2017 el chavismo impulsó la elección de una Asamblea Nacional Constituyente, que asumió potestades superiores a las del Parlamento y aprobó 98 decretos, 84 acuerdos, 14 leyes constitucionales y 40 “actos de otra naturaleza” antes de disolverse en diciembre de 2020. En ese momento su presidente, Diosdado Cabello, sostuvo que el organismo había cumplido todos sus objetivos, salvo el de proponer un proyecto de nueva Constitución.
En 2018 hubo elecciones presidenciales en las que resultó reelecto Maduro, pero la oposición las rechazó por ilegítimas y a comienzos de 2019 proclamó a Juan Guaidó, que en ese momento era el presidente de turno de la Asamblea Nacional, como “presidente encargado” de Venezuela. Su “gobierno interino” nunca tuvo mando sobre el aparato estatal, pero sí un fuerte respaldo internacional, incluyendo el de varios países latinoamericanos que en ese momento tenían presidentes derechistas, el del Parlamento Europeo y el del gobierno estadounidense que encabezaba Donald Trump.
En los últimos años la situación cambió radicalmente con la derrota de Trump, las de gobiernos hostiles a Maduro en nuestra región y los conflictos entre sectores antichavistas, pero también por un dato básico: en 2016 el precio del petróleo acumulaba cuatro años de caída; y desde 2020 hasta hoy viene en fuerte ascenso. Con esa referencia, todo el proceso es más fácil de entender.
Hasta mañana.