Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Uno de los recursos preferidos por los defensores del No en el referéndum es alegar que los artículos impugnados de la Ley de Urgente Consideración (LUC) no han causado ningún daño en más de un año y medio de vigencia. Tal afirmación sobrevive mejor cuando se realiza sin interlocutores que respondan, y quizá por eso el oficialismo se ha mostrado tan reacio a participar en debates.

Desde el comienzo de la discusión parlamentaria del proyecto de la LUC numerosos especialistas convocados señalaron que los cambios propuestos en lo relacionado con los procedimientos de detención policial eran desaconsejables y peligrosos. Entre otras cosas destacaron que, en la experiencia internacional, normas de ese tipo han traído consigo un aumento de los abusos. Aprobado el proyecto, comenzaron a verse las consecuencias.

La Asociación de Defensores Públicos presentó a la Suprema Corte de Justicia un centenar de denuncias sobre procedimientos policiales en 2020 y parte de 2021 en los que identificaron allanamientos sin orden judicial, detenciones ilegales, abusos, maltratos, lesiones y falta de atención médica.

El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) de la Institución Nacional de Derechos Humanos, tras solicitar a los defensores públicos una ampliación de esas denuncias, realizó sus propias investigaciones y dio a conocer un informe.

Nótese que el tema es nada menos que la prevención de la tortura. Las garantías en las primeras horas de detención, que incluyen la notificación de los procedimientos a los fiscales y jueces, así como la comunicación de la persona detenida con alguien que pueda asumir su defensa legal, son cruciales para evitar que mientras está en poder de la Policía sea sometida a abusos.

Esto es justamente lo que señalaron los especialistas convocados al Parlamento en 2020, cuestionando que se extendiera de una hora a cuatro el período en el que se puede mantener una detención sin comunicarla al sistema judicial. El oficialismo no suele explicar cuál es la necesidad de ese cambio.

Algunas comparaciones son muy odiosas, pero durante el proceso de salida de la dictadura una de las propuestas resistidas por los partidos habilitados fue la de aumentar el tiempo de detención de las personas antes de presentarlas ante un juez. Esto se fundamentaba, y no por casualidad, con los mismos criterios que, en el marco de la llamada “Doctrina de la seguridad nacional”, se han utilizado en todo el mundo para defender la tortura.

La idea –abominable– era que cuando las fuerzas de seguridad capturan a una persona a la que consideran peligrosa, deben proceder a extraerle información con rapidez y sin que se las estorbe en esa tarea. Como sabemos, una vez instalada la falta de garantías, es demasiado frecuente que los malos tratos se incorporen a la rutina aunque no haya interrogatorio alguno.

Durante cuatro horas pueden pasar muchas cosas. Los casos sobre los que informa el MNP incluyen denuncias que abarcan desde períodos prolongados (ya no de cuatro horas, sino de nueve) sin recibir alimentos ni agua, hasta una perforación de oído. Tengámoslo presente la próxima vez que oigamos que la LUC no ha causado ningún daño.

Hasta mañana.