Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

“Compromiso por el país”, el acuerdo previo al balotaje de los partidos que hoy integran la coalición de gobierno, expresó los consensos posibles y planteó generalidades en varias áreas de gran importancia. Gran parte de su contenido ya se tradujo en normas aprobadas del presupuesto quinquenal y la Ley de Urgente Consideración (LUC), pero queda más de la mitad del período de gobierno, y un período bastante menor para que la negociación oficialista dé resultados significativos, antes de que cada uno atienda su propio juego con miras a las elecciones de 2024.

De todos modos, algunas decisiones ya tomadas por el Poder Ejecutivo mostraron que, incluso mientras se procesaban el proyecto de Presupuesto y la LUC, se atendieron algunos puntos que no estaban en la agenda común. Uno de estos casos es el de la actividad portuaria. Sobre ella no había nada específico en “Compromiso por el país”, pero el Ejecutivo se dedicó con premura a una negociación reservada con la empresa Katoen Natie (KN), cuyo desenlace fue el polémico acuerdo que extiende su concesión hasta 2081 y mejora mucho las condiciones de su negocio.

Las aclaraciones oficialistas sobre esto no han sido muy abundantes, pero siempre se apoyaron en la necesidad de evitar una demanda multimillonaria de KN, y en la premisa nunca fundamentada de que si se llegaba a un juicio, el Estado uruguayo perdería.

El problema es que los beneficios para KN fueron perjuicios para la empresa Montecon, integrada por capitales chilenos y canadienses, y ahora es esta la que avanza hacia una demanda, como era obvio que sucedería, alegando que le han hecho perder “cientos de millones de dólares”.

Menos riesgoso desde el punto de vista económico, pero mucho más desde el político, es el proceso de definición de prioridades legislativas oficialistas. La campaña por el referéndum obligó a la coalición de gobierno a cerrar filas y postergar polémicas internas, pero ahora hay que afrontar una realidad caracterizada por la ausencia de una agenda común relevante, y agravada porque entre las prioridades de cada socio mayor hay proyectos que no cuentan con consenso. Entre ellos, por ejemplo, los de tenencia compartida, eutanasia y prisión domiciliaria para los condenados por su actuación en el marco del terrorismo de Estado.

Además, tanto el Frente Amplio como el Partido Colorado y Cabildo Abierto han dado a conocer numerosas propuestas para hacerle frente a la carestía, y los legisladores del Partido Nacional no tienen la menor intención de quedar ante la opinión pública como los únicos insensibles. El coordinador de la bancada nacionalista en el Senado, Carlos Camy, dijo ayer que hay “especial interés” en plantear iniciativas vinculadas con los precios al consumo, para lograr resultados “muy rápido”.

Los intereses de quienes actúan en el Parlamento no son los mismos que los de quienes tienen tareas en el Ejecutivo, y en medio de esta considerable dispersión poco eco tiene la opinión del presidente Luis Lacalle Pou, quien recomendó a los senadores de su partido jerarquizar los proyectos sobre personería jurídica de los sindicatos y regulación del juego en línea.

Hasta mañana.