Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Según las mediciones de la organización Transparencia Internacional (TI), Uruguay es el país con menor percepción de corrupción en América Latina, y en sólo 17 países del mundo esa percepción es más baja. El indicador llena de satisfacción a las personas honestas y probablemente también a las corruptas, porque contribuye a disimular sus fechorías.

TI no mide ni podría medir la magnitud o la extensión de las prácticas corruptas en cada país ni la cantidad de procesamientos o condenas en la materia, sino la percepción del fenómeno por parte de personas a las que considera expertas o vinculadas con el mundo de los negocios, y que responden a cuestionarios.

Antes de entusiasmarse con el indicador, es prudente considerar de qué herramientas institucionales contra la corrupción dispone Uruguay y qué actitudes al respecto adopta el elenco político, en cuyas manos están las decisiones para mejorar tales herramientas.

El contralor del financiamiento de las campañas electorales consiste en la obligación de presentar ante la Corte Electoral declaraciones de ingresos y gastos que ese organismo no tiene cómo verificar. La Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) tampoco está en condiciones de verificar la veracidad de las declaraciones de bienes e ingresos que a veces recibe y a veces no.

La Jutep, creada para cumplir con compromisos internacionales, es un servicio descentralizado con escasos recursos, que nunca ha estado cerca de poder contar con el personal necesario para cumplir con sus tareas. Sus actuales autoridades han decidido no realizar más investigaciones por iniciativa propia, salvo cuando les parezca (sin investigar) que existe una “flagrante falta de ética o de transparencia”.

El año pasado la Jutep se pronunció sobre el proceso de construcción del Antel Arena sobre la base del informe de una auditoría privada contratada por el directorio de Antel.

El Frente Amplio prepara un proyecto para fortalecer a este organismo, aumentando sus recursos, sus potestades y su independencia del Poder Ejecutivo. Según el senador nacionalista Gustavo Penadés, la iniciativa será bienvenida.

Esto también parece un motivo de satisfacción, pero una vez más hay que considerar otros datos antes de entusiasmarse. Ayer la mayoría oficialista de la Comisión de Constitución y Legislación del Senado decidió archivar el pedido de juicio político al exalcalde de Florencio Sánchez, que está preso por actos de corrupción cometidos en el ejercicio de ese cargo.

El oficialismo alegó que las normas constitucionales sobre el juicio político no abarcan a los municipios. Sin embargo, la Ley de Descentralización y Participación Ciudadana, aprobada en 2014, dice expresamente lo contrario en su artículo 18.

Una cosa es la percepción de corrupción, y otra la percepción de voluntad política contra la corrupción.

Hasta mañana.