Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Cuando Presidencia presentó su anteproyecto de reforma del sistema de jubilaciones y pensiones, puso énfasis en la divulgación de algunos argumentos favorables a los cambios que propone, que necesariamente simplifican un complejo andamiaje con muchas variables. Es lógico que haya procedido de este modo, pero también lo es que los partidos que deben tomar posición sobre el asunto en el Parlamento realicen un estudio detallado, en consulta con técnicos e intercambiando con representantes de los sectores sociales involucrados.

No basta con considerar apenas algunos datos generales y un reducido número de cálculos (o a veces sólo estimaciones preliminares) sobre lo que le ocurriría a tales o cuales trabajadores. Hubo un trabajo previo de la Comisión de Expertos en Seguridad Social (CESS), con representantes del oficialismo, la oposición frenteamplista y organizaciones de trabajadores, empresarios y jubilados y pensionistas, pero es necesario recordar que las reuniones conjuntas se interrumpieron cuando los partidos de la coalición de gobierno pasaron a discutir y negociar entre ellos.

Esos partidos acordaron una serie de recomendaciones generales al Poder Ejecutivo, y Presidencia elaboró luego durante meses su anteproyecto. Hay que pensar que lo hizo sin que todo el oficialismo estuviera plenamente involucrado en la tarea, ya que el texto fue presentado luego a los integrantes de la coalición, y estos también se han dedicado durante más de dos semanas a estudiarlo, sin adelantar conclusiones que tendrían de antemano si hubieran supervisado en detalle la redacción.

Hay un acuerdo muy amplio sobre la existencia de problemas en el sistema actual, que con el paso de los años tendrían consecuencias graves si no se hiciera nada para resolverlos, pero esto no significa que haya una sola solución posible y, como siempre, hay que tomar decisiones políticas acerca del reparto de costos y beneficios. ¿Basta, por ejemplo, con reducir el desembolso estatal, o hay que aumentar los ingresos del sistema? Y si hay que aumentarlos, ¿a costa de quiénes debe hacerse?

En la CESS no se llegó a una síntesis ni siquiera sobre las orientaciones generales, y está por verse si el anteproyecto de Presidencia satisface por completo a todos los oficialistas.

Cada partido tiene definiciones propias y legítimas sobre los intereses cuya defensa quiere priorizar (aunque todos aleguen que así contribuyen al interés general). Por lo tanto, las propuestas sobre el reparto de costos y beneficios no pueden ser las mismas, y es una ilusión ingenua pensar que la mejor respuesta depende sólo de consideraciones técnicas.

Las consecuencias de una eventual reforma afectarían a varias generaciones, de distintas formas en función de sus sectores de actividad, sus edades actuales y sus trayectorias laborales. No es un tema para resolver a la ligera o de apuro.

El período de emergencia sanitaria nos mostró que a partir de las evaluaciones y recomendaciones del Grupo Asesor Científico Honorario, sobre una cuestión mucho menos compleja, se podían tomar distintas decisiones. Para eso está la política, y menos mal que está.

Hasta mañana.