Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

El escándalo por las contrataciones directas en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM) resultó indisimulable para el oficialismo y ha tenido consecuencias. Algunas de ellas son sin duda pertinentes, pero el desenlace dista de ser plenamente satisfactorio.

El presidente de la delegación uruguaya, Carlos Albisu, tuvo que renunciar, pero dejó el cargo para volver a la actividad partidaria, que obviamente fue la razón de que manejara en forma indebida recursos públicos, y es posible que intente cosechar los favores realizados con una nueva candidatura a la Intendencia de Salto por el sector nacionalista que fundó y lidera el presidente Lacalle Pou.

El Parlamento maneja iniciativas para que este tipo de conducta no se repita, ni en la CTM ni en otros organismos similares. La idea es aplicarles a quienes representen a Uruguay inhibiciones parecidas a las que rigen, por mandato constitucional, para jueces, militares, policías e integrantes del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el Tribunal de Cuentas y los directorios de la administración descentralizada: “Abstenerse de formar parte de comisiones o clubes políticos y ejecutar cualquier otro acto público o privado de carácter político, salvo el voto”, con la aclaración de que pueden participar en organismos partidarios “que tengan como cometido específico el estudio de problemas de gobierno, legislación y administración”.

La prohibición constitucional, establecida en el artículo 77, numeral 4, incluye una diferencia relevante: establece para quienes la violen una pena de “destitución e inhabilitación de dos a diez años para ocupar cualquier empleo público”.

En todo caso, lo llamativo es que las normas propuestas para quienes integran comisiones binacionales no se hayan aprobado mucho antes, ya que esto resulta claramente aconsejable y nada lo impedía. El hecho de que estos organismos tengan sus propias normas de funcionamiento y estén exentos de algunos de los contralores a los que están sujetas las instituciones estatales no significa que Uruguay no pueda acotar la actividad política nacional de quienes los dirigen.

Tampoco había impedimento alguno para otras disposiciones de evidente conveniencia que ahora se plantean: que el gobierno uruguayo defina lineamientos para las decisiones presupuestales y financieras de quienes representan al país en comisiones binacionales, y que estas personas deban “rendir cuenta de los rubros ejecutados”.

Asimismo, no debe ser soslayado que el Poder Ejecutivo sólo está cumpliendo con la parte de los reclamos del Legislativo votada por todos los partidos, y no con la aprobada por una mayoría que formaron el Frente Amplio y Cabildo Abierto, tan legítima como cualquier otra de las posibles, para expresar la voluntad de que renunciaran todos los delegados uruguayos a la CTM y se realizara una auditoría externa de gestión.

Lacalle Pou alega que la resolución parlamentaria no es de cumplimiento obligatorio, y esto es formalmente cierto, pero también lo es que hay un conflicto de poderes, y que el respeto republicano corresponde entre las instituciones como tales, con independencia de consideraciones partidarias.

Hasta el lunes.