Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

El senador Guido Manini Ríos reconoció, en declaraciones registradas en un nuevo libro de Fernando Amado, que ideó la creación de Cabildo Abierto y supervisó a quienes la llevaron adelante (“casi todos militares”) cuando aún era comandante en jefe del Ejército, y que las firmas para registrar el partido se recolectaron con la promesa explícita de que él sería candidato a la presidencia, pero que no salió de las sombras porque habría sido “un escándalo”.

Esto último es sin duda cierto, pero la cuestión central es que Manini confesó haber violado la Constitución, cuyo artículo 77 establece, en su numeral 4º, que los militares en actividad tienen prohibido, “bajo pena de destitución e inhabilitación de dos a diez años para ocupar cualquier empleo público [...] autorizar el uso de su nombre y en general ejecutar cualquier otro acto público o privado de carácter político, salvo el voto”.

Lo de la destitución e inhabilitación está pensado, obviamente, para quienes son descubiertos mientras aún ocupan sus cargos, pero no hace falta ser un destacado jurista para darse cuenta de que el paso de cuatro o cinco años no puede ni debe dejar sin consecuencias una violación de la Constitución, grave para cualquier militar en actividad y gravísima para un comandante en jefe.

Por lo pronto, la misma Constitución prevé en su artículo 93 que el procedimiento al que se suele llamar “juicio político” corresponde por violarla. Sin embargo, caben dudas razonables de que en estos momentos se impulse por varios motivos.

Por un lado, y si bien Manini se ha ganado rencores dentro de la coalición de gobierno, es probable que en varios partidos y sectores se prefiera apostar a que lo castigue la ciudadanía en las elecciones del año que viene, sin darle la oportunidad de presentarse ahora como víctima. Por otro lado, juega a su favor que sólo este año, y luego de la conmoción que causaron y siguen causando el caso de Alejandro Astesiano y sus múltiples ramificaciones, la opinión pública ha tenido que asimilar varias otras.

Entre ellas, la relacionada con Gustavo Penadés, quien en pocos meses se precipitó desde las alturas del poder hasta su actual situación de imputado en prisión preventiva por numerosos y reiterados abusos sexuales de niños y adolescentes, renunciante al Partido Nacional y expulsado del Parlamento. También la causada por las declaraciones en la Fiscalía de Carolina Ache sobre una trama para ocultar información acerca del otorgamiento de un pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset, que ya les costaron el cargo al canciller Francisco Bustillo y, en el Ministerio del Interior, a Luis Alberto Heber y su subsecretario Guillermo Maciel, además de plantear interrogantes muy perturbadoras sobre responsabilidades del presidente Luis Lacalle Pou, cuyos intentos de explicación oscurecieron más de lo que aclararon.

En este marco, la confesión de Manini puede parecer menor, y quizá él ya se sienta impune, aunque no debería descartarse que simplemente haya sido muy torpe. Lo tremendo es que la acumulación de hechos escandalosos durante este período de gobierno tenga un efecto anestesiante, o diluya la percepción de lo que es grave e intolerable.

Hasta mañana.