Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Robert Silva renunció a la presidencia de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) porque prefirió competir en las internas del Partido Colorado que mantenerse hasta el final en la conducción de la polémica reforma educativa que impulsó. Para reemplazarlo en ese alto cargo, la persona propuesta por el oficialismo, por iniciativa del propio Silva, es la también colorada Virginia Cáceres, quien se desempeñó en este período como secretaria general del Consejo Directivo Central (Codicen), pero la designación tardará dos meses porque el Frente Amplio no votará la venia correspondiente, en el entendido de que la candidata no posee los méritos requeridos.

El artículo 187 de la Constitución dice que para integrar directorios de entes autónomos y servicios descentralizados se necesita el aval del Senado a una “propuesta motivada en las condiciones personales, funcionales y técnicas” y por una mayoría especial de tres quintos. También dice que si esa venia no es otorgada en 60 días, la designación se puede aprobar por mayoría simple del Senado, y esto es lo que ocurrirá, pero lo que cambia es la cantidad de votos necesarios, no los méritos que deben reunir las personas propuestas.

Lamentablemente, la exigencia de condiciones para desempeñar estos cargos no siempre se ha respetado, y son numerosos los casos en que el Ejecutivo ha propuesto y el Senado ha aceptado la designación de gente que no las tenía, aplicando criterios de reparto político y a menudo como “premio consuelo” para quienes se habían candidateado sin éxito al Parlamento.

La ANEP es un ente autónomo, y su directorio es el Codicen, para cuya integración rigen procedimientos y criterios adicionales. Forman parte de él cinco personas, y dos de ellas representan al cuerpo docente de la ANEP, que las elige por voto obligatorio y secreto. Las otras tres son designadas como indica la Constitución, pero para las cinco hay exigencias más específicas.

La Ley General de Educación aprobada en 2008 estableció que debían “poseer condiciones personales relevantes, reconocida solvencia y méritos acreditados en temas de educación”, y haber “actuado en la educación pública por un lapso no menor de diez años”. Este último requisito fue cambiado por la Ley de Urgente Consideración (LUC), aprobada en 2020, que lo sustituyó por el de tener simplemente “trayectoria en el ámbito educativo”, manteniendo los demás.

El problema con Cáceres es que desde el punto de vista de la “reconocida solvencia” y los “méritos acreditados” en temas de educación deja mucho que desear, y que incluso es muy discutible que cumpla con la exigencia reducida que estableció la LUC.

Que ella se haya desempeñado en un cargo de confianza del Codicen cuando lo presidía Silva no equivale, obviamente, a los requisitos legales, y poco tiene que ver con ellos que sea “una mujer joven”, como señaló el ministro Pablo da Silveira.

El oficialismo se llena la boca con las presuntas bondades de su reforma educativa y pretende presentarla en la campaña electoral como un gran logro, pero la devalúa con esta propuesta, cuyo principal motivo parece ser mantener la cuota colorada en la conducción de la ANEP.

Hasta mañana.