Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

El Movimiento de Participación Popular (MPP) y el Partido Socialista (PS) han manejado la posibilidad de impulsar sendas iniciativas de reforma constitucional. El Frente Amplio (FA) no tiene por el momento ese tipo de propuesta en su agenda, y hay motivos para ello.

La Constitución uruguaya tiene disposiciones que sería muy razonable revisar, y ausencias que resultaría conveniente subsanar, además de áreas enteras sobre cuya modificación habría debates intensos pero sin duda relevantes y formativos. Sin embargo, reformarla puede ser al mismo tiempo un objetivo estratégico de primer orden y un problema táctico enorme.

Las elecciones de 2019 determinaron, después de tres períodos consecutivos de gobierno nacional frenteamplista, el triunfo de la “coalición multicolor” integrada por la gran mayoría de los demás partidos. En las del año que viene, pocas dudas caben de que la cuestión central será si ese cambio se revierte o continúa el actual oficialismo.

En el referéndum sobre 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración, a comienzos del año pasado, se vio que los dos grandes bloques en pugna mantenían una relación de fuerzas bastante pareja, y las encuestas posteriores sobre intención de voto no indican que uno de ellos haya tomado la delantera en forma irreversible. Por lo tanto, lo más probable es que el resultado de 2024 dependa, una vez más, de las decisiones en un sector relativamente minoritario de la ciudadanía, que no está alineado de antemano y que inclinará la balanza hacia un lado o el otro.

Todo esto viene al caso porque, descartado el procedimiento de la Convención Nacional Constituyente (que ni el PS ni el MPP plantean), quedan varios que desembocan en plebiscitos simultáneos con elecciones nacionales, y sólo uno en el que se puede establecer una fecha distinta para la consulta popular: la aprobación previa de una iniciativa de ley constitucional por dos tercios del total de componentes de cada cámara, mediante un amplio acuerdo entre oficialistas y opositores.

En otras palabras, cualquier propuesta presentada ahora que enfrente a los dos grandes bloques terminaría votándose el último domingo de octubre de 2024, y los debates sobre ella incidirían, sin duda, en las decisiones del sector “indeciso” y crucial.

Esto conduce a la necesidad de que la oposición frenteamplista valore con mucho cuidado qué nuevos temas le conviene introducir en la próxima campaña electoral. Más precisamente, que considere de qué modo podrían repercutir las discusiones públicas sobre una propuesta de reforma constitucional en esa parte de la ciudadanía que no está alineada de antemano.

Debe tener en cuenta, además, que en esas discusiones operarían fuertes campañas simplificadoras o falsificadoras en redes sociales, cuya virulencia sería directamente proporcional a la profundidad de los cambios planteados, y que aprovecharían sin piedad cualquier punto débil de la propuesta. No hace mucho vimos un ejemplo de esto en Chile.

Algunos debates internos y con el resto de los partidos fueron muy difíciles para el FA cuando estaba consolidado en el gobierno, y serían mucho más complicados en este momento.

Hasta mañana.