Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
Estas investigaciones se centraron al comienzo en que el encargado de la custodia presidencial estaba vinculado con una organización criminal que vendía a ciudadanos rusos pasaportes uruguayos, gestionados a partir de la falsificación de documentos. Se empezó a llamarle “el caso Astesiano”.
La cantidad de información recuperada del celular del detenido era enorme y revisarla llevó tiempo, pero pronto quedó claro que lo de los pasaportes era sólo una parte menor de hechos con clara apariencia delictiva, en los que habían participado el excustodio y muchas otras personas, mediante el uso ilegal de recursos estatales. “El caso Astesiano” iba mucho más allá de Astesiano.
Entre los implicados estaba una parte considerable de la cúpula policial, con responsabilidad directa o indirecta sobre las investigaciones que debían realizarse para auxiliar a Fossati. A fines del año pasado, la fiscal afirmó en un mensaje de audio que esto creaba obstáculos insalvables y que ella no tenía intención de “inmolarse”.
Fossati decidió, por razones que nunca ha explicado públicamente en forma detallada, que buena parte de lo revelado por los datos recuperados del celular no merecía una investigación penal, dispuso que se mantuvieran en reserva los intercambios entre Lacalle Pou y Astesiano, no quiso llevar al excustodio a un juicio oral y público, e hizo con él un acuerdo abreviado, con reducción de condena y sentencia no apelable.
Mientras el escándalo político crecía, se hicieron frecuentes las salidas de tono de la fiscal. Cuestionó a Gómez y a periodistas, presentó una denuncia por difamación contra el presidente del Frente Amplio (FA) y luego otra, administrativa, contra su colega Fernando Romano por violencia de género. Se instaló una especie de espectáculo de cabaret, con riesgos ciertos de que la atención del público se centrara en “el caso Fossati” o “el caso Fiscalía”, deteriorando gravemente la imagen y la credibilidad de la institución conducida por Gómez.
Mientras tanto, se ha difundido un relato en el que el centro vuelve a los pasaportes. Como la organización que los vendía funcionaba desde 2013, se destacó primero que los gobiernos del FA no la detectaron y el actual sí. Luego se sostuvo que las autoridades frenteamplistas estaban involucradas en ella, y últimamente que Fossati estaba investigando el papel clave de Gustavo Leal en el negocio ilegal, y que por eso fue apartada de lo que, para quien cree tal historia, es en realidad “el caso Leal”.
Son grandes los desafíos que debe afrontar ahora la fiscal Sabrina Flores. Incluyen la revisión de una enorme cantidad de evidencia y de las decisiones de Fossati que no son irreversibles, apropiarse de una investigación muy delicada entre presiones de varios orígenes; restituirle seriedad y decoro al proceso y, por último pero no con menor importancia, lograr que el nombre popular del caso corresponda a la evidencia y no a fantasías o cortinas de humo. Ojalá que tenga éxito.
Hasta mañana.