Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Desde antes de que se aprobara la reforma jubilatoria impulsada por el oficialismo comenzó a manejarse la idea de que si el proyecto se convertía en ley, habría que revertir sus efectos mediante la democracia directa. La discusión al respecto se fue postergando, entre otras cosas, porque la propia iniciativa se modificó en numerosas ocasiones.

Luego se procesaron consultas jurídicas sobre la posibilidad de impulsar un referéndum contra la ley aprobada, pese a que siempre estuvo muy claro que esto no era viable, y que sólo había espacio para plebiscitar un proyecto de reforma constitucional. Pero había –hay– que definir cuál sería el contenido de esa reforma.

En este espacio se consideró el tema hace un par de meses y se señaló que algunos de los problemas a resolver tenían que ver con que cualquier disposición que se incluya en la Constitución quedará en pie hasta que haya una nueva reforma constitucional. Esto puede crear situaciones complejas, por ejemplo, en una coyuntura de crisis económica, o si los cambios acelerados en el mundo del trabajo modifican, como lo están haciendo año tras año, el modo en que se debe concebir la naturaleza misma de un sistema de seguridad social.

Hasta ahora parecía ganar terreno, tanto en el movimiento social como en el Frente Amplio, la idea de que quizá lo más prudente era apostar a que un cambio de gobierno abriera paso a la posibilidad de iniciar un nuevo proceso de reforma que contemplara las principales demandas planteadas contra la que se aprobó. Particularmente, en lo referido a no procesar el ajuste sólo con disminución de los desembolsos, y acompañar las medidas de saneamiento financiero con otras que apunten a mejorar muchas prestaciones actuales, que están muy lejos de asegurar una subsistencia digna.

De todos modos, hay en el movimiento social firmes defensores de una reforma constitucional, cuyos contenidos aún no se han definido en detalle pero que se centran en tres objetivos principales: la eliminación de las administradoras de fondos de ahorro previsional (AFAP), el bloqueo de la posibilidad de establecer en más de 60 años la edad mínima de retiro, y algún mecanismo que garantice la mejora de las jubilaciones y pensiones de menor monto. Esto último es lo menos definido hasta ahora, y habría que decidir no sólo cuál es la franja de ingresos actuales que se vería beneficiada, sino también cuál sería la referencia para su aumento y de qué manera se ajustaría periódicamente.

A esta posición se ha sumado el Partido Socialista, y es perfectamente legítimo, por supuesto, que distintos sectores del FA tengan opiniones diferentes acerca de lo que es mejor hacer, en este terreno o en cualquier otro. Lo que resulta un poco preocupante es que a esta altura del año preelectoral, y sin que sobre tiempo para una campaña de recolección de firmas, no se haya llegado aún a consensos o decisiones mayoritarias en las organizaciones sociales y políticas que se oponen a la reforma jubilatoria aprobada, no esté redactada la propuesta de quienes quieren una reforma constitucional y comience recién un debate público.

Hasta mañana.