Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Las personas que se han especializado en el estudio de la comunicación masiva señalan que el acceso a grandes cantidades de información importante, sobre cuestiones muy diversas, a menudo tiene un efecto paradójico similar al de la desinformación, porque impide que las personas tengan presentes a la vez todos los datos que reciben y les otorguen la debida atención. Se podría decir que este efecto beneficia en cierta medida al gobierno presidido por Luis Lacalle Pou, considerando que en estos días, por ejemplo, el escándalo vinculado con Gustavo Penadés y la crisis de abastecimiento de agua potable hacen olvidar o dejan en segundo plano otras cuestiones no menos graves, como las de la asociación para delinquir que integraba Alejandro Astesiano, el acuerdo con Katoen Natie o, entre muchas otras, el otorgamiento al narcotraficante Sebastián Marset de un pasaporte que le permitió ser liberado en Dubái, donde había sido detenido el 10 de setiembre de 2021, y abandonar ese país, para quedar hasta hoy prófugo.

Sin embargo, este último tema reapareció ahora y pelea por su espacio en la agenda pública debido a declaraciones de la exsubsecretaria de Relaciones Exteriores Carolina Ache.

Cuando fueron interpelados por este asunto el ministro Luis Alberto Heber y el canciller Francisco Bustillo, el 23 de agosto del año pasado, afirmaron que el pasaporte se había expedido sin saber quién era Marset. Menos de tres meses después, la difusión de chats entre Ache y el subsecretario del Ministerio del Interior, Guillermo Maciel, reveló que el segundo le había comunicado a la primera, después de que Marset fuera detenido en Dubái pero antes de que se le entregara el pasaporte, que se trataba de “un narco muy peligroso y pesado”.

Ache renunció pocos días después a su cargo en Relaciones Exteriores y dijo que no le había informado a Bustillo sobre sus chats con Maciel. Desde el Poder Ejecutivo se apostó a que quedaran libres de responsabilidad los ministros que habían sido interpelados, pero en los últimos días la exsubsecretaria, seis meses después de su renuncia, hizo declaraciones explosivas. Afirmó que había “omitido” mencionar sus intercambios con Maciel en la interpelación por “lealtad”, pero que tanto Bustillo como Heber y los demás jerarcas que comparecieron ante el Parlamento estaban al tanto. En otras palabras, que colaboró con un engaño al Parlamento decidido por dos de los ministros nacionalistas más importantes. Y de más está decir que la “lealtad” no puede ser considerada un atenuante de esta conducta.

Como Ache acompañó con su firma, hace pocos días, el pedido formal de reactivación de Vamos Uruguay por parte de Pedro Bordaberry, varios políticos oficialistas interpretan las declaraciones de la exsubsecretaria como una jugada del propio Bordaberry. Esto puede o no ser cierto, pero dista de ser lo más relevante.

El centro de la cuestión es que reaparecen y se agravan todas las dudas sobre la conducta del Ejecutivo en el caso Marset. Y la peor de esas dudas es si en esta historia hubo, además de la consabida voluntad de ocultar y negar errores, un intento de encubrir complicidades.

Hasta mañana.