Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Cuando un gobierno se acerca al fin de su mandato y no tiene certeza –como casi siempre sucede– de ser sucedido por otro con la misma orientación, son frecuentes los últimos intentos de aplicar, aunque sea en forma parcial e incluso meramente simbólica, medidas que estaban en su programa pero quedaron por el camino. Esto parece ser lo que sucede con la tardía reglamentación de la ley que anuló el monopolio de Ancap, vigente desde hace más de 90 años, para la importación y venta de combustibles en puertos y aeropuertos.

El plan inicial del presidente Luis Lacalle Pou, planteado como promesa durante la última campaña electoral, era eliminar ese monopolio en todo el país, con base en la vieja tesis de que esto conduciría a un descenso de los precios de venta al público.

La idea puede resultarle creíble a quienes cruzan la frontera para pagar menos cuando cargan el tanque, y suponen que el combustible proveniente de Argentina o Brasil también sería más barato en Uruguay si se importara, sin tener en cuenta que la principal causa de la diferencia de precios son los impuestos, que este gobierno en ningún momento ha hablado de rebajar y que se le cobrarían también a la nafta y el gasoil importados.

La propuesta de desmonopolización llegó al Parlamento ya en 2020, dentro del proyecto inicial de Ley de Urgente Consideración, pero no logró el respaldo oficialista necesario para aprobarla. En cambio se creó el actual mecanismo de ajuste en períodos cortos, tomando como referencia una estimación del “precio de paridad de importación” (PPI) realizada por la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea), pero manteniendo la libertad del Poder Ejecutivo para establecer los porcentajes que desee sin dar explicaciones.

El inicio de la aplicación de este sistema coincidió con un período de alza de los precios internacionales del petróleo. En más de una ocasión el Ejecutivo decidió, por evidentes motivos políticos, fijar precios por debajo del PPI, y en especial ha favorecido a los productores agropecuarios consumidores de gasoil.

De todos modos, la expectativa de que con este gobierno habría combustibles notoriamente más baratos no se ha visto satisfecha, ni en esos sectores empresariales ni en el resto de la población.

Ahora, como una especie de premio consuelo a las empresas internacionales que venden combustible en Uruguay (y a la autoestima de los oficialistas más liberales en lo económico), se dispone finalmente que Ancap afronte competencia en una parte no muy significativa del mercado, en la que además, por razones de escala, será difícil que el sector privado ofrezca precios muy ventajosos a las embarcaciones y aeronaves.

Este cambio no tendrá, por lo tanto, consecuencias relevantes para los consumidores, y mucho menos para la población en general. Tampoco “demostrará” nada acerca de los presuntos beneficios de la desmonopolización general, pero es muy probable que esta vuelva a ser defendida y prometida en la campaña para las elecciones del año que viene, porque en este asunto es obvio que no se trata de considerar la evidencia, sino de defender posiciones ideológicas e intereses empresariales.

Hasta mañana.