Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

En el tramo final de este gobierno se está volviendo difícil comprender su orientación en materia de seguridad pública. Al comienzo enfatizaba que las soluciones estaban al alcance de la mano y consistían, básicamente, en combinar un mayor despliegue de la Policía, un respaldo más firme a su actuación por parte de las autoridades y el desmantelamiento de políticas desarrolladas durante los gobiernos frenteamplistas para sustituirlas por procedimientos previos, al tiempo que también se restauraba a jerarcas de otros tiempos.

La profunda alteración de la convivencia social que trajo consigo la declaración de emergencia sanitaria complicó la evaluación del período en el que Jorge Larrañaga estuvo al frente del Ministerio del Interior (MI), pero ya entonces empezó a quedar claro que las líneas de trabajo priorizadas eran por lo menos insuficientes para producir los cambios prometidos, y se instaló la duda de que algunas mejorías en las estadísticas sobre delito estuvieran vinculadas con cambios de procedimiento en el manejo de las denuncias.

En todo caso, es evidente que la gestión de Luis Alberto Heber no ha producido una percepción ciudadana del “éxito” que él reivindica. Esto tiene que ver entre otras cosas (pero no únicamente) con la cantidad de homicidios, que el ministro insiste en presentar como una especie de daño colateral en su “guerra contra el narcotráfico”, pero poca gente considera satisfactoria la transformación de su barrio en un campo de batalla. Por otra parte, las noticias relacionadas con el narcotráfico en gran escala no indican que este haya menguado ni que se bata en retirada.

Este año el MI ha realizado, además, algunos movimientos que irritan a los sectores más derechistas de la coalición de gobierno y resultan bastante desconcertantes desde otros puntos de vista.

Entre ellos estuvo la convocatoria a un diálogo interpartidario en el que las autoridades parecieron abrirse, en forma tardía, a la idea de que varios criterios de prevención social del delito manejados por gobiernos frenteamplistas no estaban tan desencaminados y podían retomarse.

Otra señal difícil de interpretar fue la presentación ayer, por parte del MI, de dos trabajos académicos realizados mediante el Fondo Sectorial de Seguridad Ciudadana de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, uno de ellos sobre la “gobernanza criminal” en barrios periféricos de Montevideo y el otro sobre los homicidios en el período 2012-2022.

Son aportes valiosos, pero lo que llama la atención es que sus autores destacaron, entre otras conclusiones, que las estrategias de “mano dura” se asocian en muchos casos con aumentos de la violencia homicida, y que en lo referido a los intentos de control territorial por parte de organizaciones criminales las políticas sociales contrarrestan las “estrategias no violentas, mientras que las políticas de seguridad fragmentan los grupos y elevan los niveles de violencia”.

El director general de Secretaría del MI, Nicolás Martinelli, admitió que los resultados de estos estudios pueden ser utilizados por la oposición, pero lo que hay que preguntarse es si el oficialismo va a aprovecharlos para reconsiderar sus políticas.

Hasta mañana.