Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

El mes que viene y el siguiente se realizará el segundo censo de personas privadas de libertad, en el marco de un convenio entre el Ministerio del Interior (MI) y el Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales (FCS) de la Universidad de la República. No se trata, por supuesto, de averiguar cuántas son esas personas; el sistema penitenciario uruguayo tiene muchas carencias graves, pero no está en la absurda situación de desconocer el dato. Sin embargo, sí le falta conocer, sistematizar y analizar otras informaciones que son muy relevantes, sobre todo si existe la intención de gestionar mejor las cárceles.

Cuando alguien ingresa a un establecimiento de reclusión, se registran entre otras cosas su nombre, su edad, su lugar de nacimiento y su último domicilio. Diego Sanjurjo, actual asesor del MI que permanecerá en su cargo cuando cambie el gobierno nacional, destacó la importancia de disponer también de información centralizada (con la protección debida de los datos) sobre otros aspectos. Por ejemplo, la constitución de los hogares de los que se separa a las personas privadas de libertad, su ascendencia étnica, su estado de salud, si tienen alguna discapacidad o consumo problemático de drogas, qué tratamientos han recibido, su identidad de género y sus perspectivas para cuando queden en libertad.

Resulta obviamente necesario, asimismo, que el censo aporte conocimiento sobre las condiciones de reclusión, desde los aspectos materiales más básicos hasta los vinculados con los usos del tiempo y la participación en actividades educativas.

Todo lo antedicho está en los objetivos de este segundo censo, que será liderado por la criminóloga Ana Vigna (futura asesora del MI a partir del 1º de marzo) y Eduardo Bottinelli (director de Factum y docente en la FCS). Se trata de producir insumos de gran valor, no sólo en términos estadísticos y académicos, sino también para basar en evidencia actualizada los programas, los traslados y otras decisiones sobre las personas que el Estado tiene a su cargo en el sistema carcelario. Para humanizarlo, y para acercar su organización y sus prácticas al objetivo de rehabilitación que tiene por mandato constitucional, es indispensable conocer el perfil humano de la población privada de libertad.

Hablamos de unas 16.000 personas, casi el doble de las 8.775 que contabilizó el primer censo, efectuado hace nada menos que 14 años. La idea es, acertadamente, que datos como los mencionados por Sanjurjo no sólo se registren ahora, sino que formen parte de los relevados con cada ingreso o se actualicen en forma sistemática con una frecuencia razonable.

Para hacerse cargo de esas 16.000 personas el Estado dispone, según la Organización de Funcionarios Civiles Penitenciarios, de unos 1.200 trabajadores. No hace falta decir que su labor sería muy dura y desgastante aun sin la insuficiencia de personal y recursos, que tiene especial relevancia en algunas áreas clave. Para optimizar la asignación de tareas y otras decisiones en el sistema penitenciario, sería muy útil contar también con información enriquecida sobre el perfil humano de esta gente, cuyo aporte es indispensable.

Hasta mañana.