Este jueves, la diaria Radio recibió al fiscal especializado en delitos de lesa humanidad, Ricardo Perciballe, en principio para repasar las novedades en la causa por el Plan Cóndor.
Sobre esto, aclaró que las primeras causas al respecto estuvieron a cargo de la fiscal Mirtha Guianze y, en la actualidad, la Fiscalía que encabeza trabaja sobre “la etapa pre Cóndor”. Incluye las causas por “la desaparición forzada de Washington Barrios y Manuel Liberoff; los asesinatos de Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, William Whitelaw y Rosario Barredo; las privaciones de libertad de Gabriela Schroeder; la apropiación de Macarena Gelman; la situación de Mariana Zaffaroni, y un conjunto de otros homicidios que se perpetraron en el período previo y en la etapa inicial del Cóndor, porque la investigación comienza en febrero de 1974 y termina en octubre de 1976”.
En total, la causa involucra “cuatro desapariciones forzadas, 12 homicidios y unas 60 o 70 privaciones de libertad, más el caso de los niños con la supresión de estado civil”. “Son alrededor de 100 testimonios”, unos “34 operativos distintos”, y alcanzó a “tres acusados, pero quedan dos al fallecer Ricardo Arab”. Se trata de Ricardo Medina y Jorge Silveira: el primero trabajó en el Servicio de Información de Defensa (SID) en julio de 1976, por lo que “se imputa lo posterior”, y el segundo perteneció al Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA), y “lo real es que la información obtenida aquí bajo tortura fue utilizada en Argentina para la detención de militantes del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP)”.
A su vez, comentó, el origen de la causa se vincula con Argentina porque “las víctimas presentan esta denuncia tras constatar la existencia de Bacacay en 2020 a raíz de un documento desclasificado de Estados Unidos”, un centro de detencion y tortura en Buenos Aires: “Por ahí sin duda pasaron Schroeder, Barredo, Liberoff y Whitelaw”, entre otros, aunque “hay algunas diferencias de matices con la Justicia argentina, porque ellos dan por probado que pasaron Michelini y Ruiz, pero no tenemos esa certeza, testimonios ni documentos”.
Por otro lado, dijo que en Argentina hay “imputaciones sobre víctimas uruguayas”, pero “no está constatado que hayan imputado a argentinos que operaron en Uruguay”, aunque existe “certeza de que vinieron” tanto al SID como para “llevarse” a Oscar de Gregorio, militante de Montoneros secuestrado en territorio nacional. Al mismo tiempo, confirmó la existencia y utilización de mecanismos interinstitucionales para intercambiar información.
“Estamos en la etapa de control de acusación” –la audiencia intermedia, después de la acusación y previa a la investigación, en la que se controlan las pruebas para ver si es admisible– y “suponemos que este año la vamos a terminar y el año próximo va a comenzar el juicio”, adelantó. “Cuando se trata de causas complejas, el control de acusación es largo. En este caso, además de que las defensas solicitaron una “excepción de inconvencionalidad” y “una recusación” para la jueza subrogante, lo que resta es “engorroso” porque “son centenares de pruebas”.
En ese sentido, Perciballe dijo que están concentrados en responder “las decenas de recursos” que presentan las defensas y van “desde chicanas” hasta “recursos sustanciales”. “En el 100% de las causas en que hicimos imputaciones todas fueron acogidas por los tribunales. Para aquellos que cuestionan nuestra labor, tiene que quedar claro que las posiciones que hemos adoptado desde Fiscalía han sido adoptadas”, aclaró.
Además de un reciente pedido de recusación sobre su persona que desestimó Mónica Ferrero en octubre, el funcionario tuvo “varias denuncias administrativas, una penal, dos pedidos de informes de exsenadores de Cabildo Abierto y dos amenazas” que llegaron por parte de grupos organizados a su correo institucional, listó.
Al mismo tiempo, “muchos políticos han hablado sobre la actuación de Fiscalía”, pero “cuando la atacan, atacan al Poder Judicial, porque los fiscales no condenamos, formalizamos ni procesamos a nadie”.
La condena de Tróccoli en Italia y el juicio por la colonia rusa
En el eje de la cooperación internacional de cara a la condena perpetua para el represor Jorge Néstor Tróccoli, en Italia, Perciballe dijo que desde Uruguay “proporcionaron toda la información” y que “estuvo reunido con un abogado italiano” para guiarlo. “No es necesario obtener nada de la Justicia italiana, y, de ser así, lo reclamaremos, pero si se ha extraditado a personas desde Italia y aún hay pedidos pendientes”, cerró.
Según dijo en TV Ciudad la investigadora y testigo en la causa de Tróccoli, Fabiana Larrobla, la condena muestra que el secuestro de Elena Quinteros, atribuido al OCOA, tiene nueva información que señala la participación de servicios vinculados al Cuerpo de Fusileros Navales (Fusna). Perciballe opinó que “la línea de trabajo que han tenido es que ella termina desapareciendo en 300 Carlos, pero no quita que haya pasado por el Fusna, porque hay versiones que lo indican”. “Lo que tenemos constatado es que en su secuestro participó gente de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia de la Policía, porque las agencias se complementaban”, y “queda claro que trabajaron en conjunto”, finalizó.
Por otro lado, la fiscalía especializada prepara para noviembre el juicio en Fray Bentos por las torturas y privación de libertad contra habitantes de San Javier, la “colonia rusa” de Río Negro. El funcionario dijo que “el juicio comienza el lunes 3”, se extenderá por toda la semana y que “la gente no tiene ni idea del trabajo que significa armar toda la estructura para un juicio oral y público de esta magnitud”, algo que es “muy significativo”.
La causa focaliza dos operativos que se dieron en 1980 –una “maniobra” antes del plebiscito para sugerir “la existencia de una célula comunista” en la que se detuvo y torturó “a 22 personas” y se procesó a 11, incluyendo menores y adolescentes– y 1984, cuando se detuvo a nueve personas, incluyendo a Vladimir Roslik, fallecido por torturas. “Después de este juicio en San Javier seguramente acusemos en una causa por el nuevo Código en Bella Unión, el año que viene, vinculada a torturas en 1972”, concluyó.