Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

El Instituto Nacional de Alimentación (INDA) y el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) presentaron este martes un nuevo informe sobre inseguridad alimentaria, que, en líneas generales, revela que, si bien “hay una estabilización de las cifras”, este “sigue siendo un problema prevalente en Uruguay, que afecta de manera desproporcionada a los hogares con menos recursos y a aquellos que tienen niños, niñas y adolescentes”, dijo María Eugenia Oholeguy, adjunta a la dirección del instituto.

Los principales resultados señalan que 13,2% de los hogares –132 de cada 1.000– sufren inseguridad alimentaria moderada o grave, por lo que tuvieron que reducir la cantidad o calidad de los alimentos por falta de dinero, mientras que la inseguridad alimentaria grave afecta 1,9% de los hogares, lo que significa que 19 de cada 1.000 pasaron todo un día sin comer. “Existe una brecha profunda entre las personas que pueden planificar su alimentación y quienes tienen que resolverla día a día”, y este acceso desigual “tiene consecuencias directas y graves en la malnutrición”, apuntó Oholeguy.

Otro tipo de inseguridad es el que viven las mujeres en un país en el que, de cada diez asesinadas, siete lo son por razones de violencia basada en género, según los hallazgos del estudio Femicidios en Uruguay: Análisis para la homogeneización de criterios y su categorización (2019-2024), elaborado por el Observatorio de Violencia Basada en Género hacia las Mujeres y presentado en el marco del 25N. Entre los datos que aporta el documento aparece que la mayoría de los casos fueron femicidios íntimos (71%) –en el marco de una pareja, expareja o vínculo afectivo-sexual–; que en el 44% de las tentativas había denuncias previas de violencia entre la víctima y el victimario, y que durante ese período hubo sólo 112 imputaciones por el agravante de femicidio.

En el terreno legislativo, dos novedades. Por un lado, la Cámara de Diputados aprobó este martes el proyecto de ley que establece la edad mínima de matrimonio en los 18 años, con excepciones para adolescentes de 16 y 17 que cuenten con una autorización judicial. La iniciativa, que en setiembre había obtenido el apoyo unánime del Senado, fue aprobada en general con 81 votos afirmativos y nueve negativos (de los diputados de Cabildo Abierto e Identidad Soberana, y tres legisladores del Partido Nacional). La diputada frenteamplista Margarita Libschitz, miembro informante, dijo que uno de los fundamentos es que “la infancia y la adolescencia deben ser etapas de protección, aprendizaje y crecimiento, no de responsabilidades adultas impuestas antes de tiempo”.

Por otro lado, también este martes, el plenario de Diputados aprobó una moción para tratar el miércoles 10 la conformación de la investigadora por la compra de la estancia María Dolores por parte del Instituto Nacional de Colonización. Según supo la diaria, las opiniones sobre la propuesta no son unánimes en la oposición y se dividen entre quienes quieren seguir adelante para determinar posibles “irregularidades” y quienes consideran que el asunto quedó cerrado con la denuncia penal que presentaron en setiembre los diputados Juan Martín Jorge (Partido Colorado) y Gustavo Salle (Identidad Soberana), con el respaldo de blancos e independientes.

Hasta mañana.