Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

La disputa política por la opinión pública es permanente y no debería llamarle la atención a nadie, pero las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en la última semana de su mandato, la están llevando a cabo de una forma tan inusual como imprudente.

El lunes un comunicado del MEF criticó el informe más reciente del Consejo Fiscal Asesor (CFA), en el que este organismo técnico e independiente expresó su preocupación por el incumplimiento de las metas fiscales en el año electoral. El miércoles otro comunicado del mismo ministerio salió al cruce del Instituto Nacional de Estadística (INE), al sostener que sus procedimientos actuales para medir el empleo y la pobreza producen resultados incompatibles entre sí.

Cuando las elecciones determinan la alternancia entre fuerzas políticas contrapuestas, como pasó en 2019 y en 2024, cada una de ellas propone y busca imponer su relato. Quienes llegan al gobierno alegan en forma más o menos explícita que reciben una “herencia maldita”, mientras que quienes se van defienden su gestión y cuestionan la veracidad de las críticas. Esto sucede siempre, aunque no siempre se apoya en evidencias, y a menudo los debates se prolongan mucho más allá de lo razonable: las actuales autoridades salientes, al término de su mandato, todavía culpan de innumerables males a los gobiernos previos del Frente Amplio.

Las autoridades cuyo desempeño queda en tela de juicio polemizan frecuentemente con políticos adversarios, con organizaciones sociales y con personas o instituciones del mundo académico. Es muy raro que, como lo está haciendo el MEF, entren en debate con otros organismos del Estado, como el INE, que depende de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y, por su intermedio, de la presidencia que aún ejerce Luis Lacalle Pou. O con organismos como el CFA, creado por la ley de urgente consideración de 2020 y cuyos integrantes fueron designados por el Poder Ejecutivo que todavía está en funciones, con el aval de la propia titular del MEF, Azucena Arbeleche. No es sólo raro, sino también riesgoso.

El CFA es parte del diseño institucional de una “regla fiscal” que puede y debe perfeccionarse, pero cuyos objetivos son sin duda beneficiosos para el país en términos estratégicos: se trata de contribuir a la transparencia en el manejo de las finanzas públicas y de evitar desequilibrios indeseables entre los ingresos y los egresos del Estado.

Poner en duda los datos del INE es socavar lo que debe ser una base de evidencias aceptadas por todo el sistema partidario y por el resto de la sociedad como punto de partida para los debates sobre innumerables políticas públicas. Que esa base quede bajo sospecha tiene un enorme potencial nocivo para la convivencia democrática; hemos tenido un ejemplo notorio y reciente de ello en Argentina. También es relevante cuidar la imagen del propio MEF.

Resulta grave que un gobierno saliente deje organismos desfinanciados, problemas sociales agudizados, juicios internacionales en ciernes y otras bombas con la mecha encendida. Puede ser aún más dañino que deje deteriorada la credibilidad de las instituciones.

Hasta mañana.