Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

El Parlamento anterior tuvo un quinquenio para tratar el tema del financiamiento de los partidos, pero el tema estuvo trancado durante años. Recién en junio de 2024, por urgencias vinculadas a la campaña electoral, se aprobó un proyecto con notorias insuficiencias, y ahora informes de la Corte Electoral y el Tribunal de Cuentas señalan que el cumplimiento de esa norma, en lo referido a la regulación de la publicidad partidaria en medios audiovisuales, fue muy escaso.

La calidad de la democracia depende, en gran medida, de que la presencia partidaria en los poderes del Estado represente a la ciudadanía del modo más fiel que sea posible. Las normas sobre el financiamiento de los partidos deben prevenir que grupos poderosos distorsionen esa representación con prácticas corruptoras. De lo contrario, integrantes del elenco político pueden convertirse en defensores de intereses ajenos a sus compromisos públicos. Con ese criterio preventivo se prohíben, por ejemplo, los aportes al sistema partidario de empresas que contratan con el Estado y, por supuesto, también los de organizaciones criminales.

Los medios masivos de comunicación también desempeñan un papel crucial en la democracia. Entre otras cosas, contribuyen a que la ciudadanía maneje informaciones y opiniones para decidir su voto, y esto exige garantías de diversidad y libertad de expresión para los propios medios, para el sistema partidario y para el conjunto de la población. Además, cuando se trata de medios que lucran con la utilización de frecuencias que son un bien público, corresponde que las contrapartidas incluyan, en los espacios publicitarios preelectorales, por lo menos una porción gratuita para todos los partidos.

En Uruguay, el dispositivo de contralor sobre el financiamiento partidario ha sido históricamente débil, y las normas legales están muy retrasadas en relación con los avances tecnológicos, con los cambios sociales y con el evidente avance del crimen organizado. Para peor, los grandes medios no han actuado al servicio de los intereses ciudadanos, sino como otro grupo de poder que establece alianzas con las autoridades.

Esos medios hacen grandes contribuciones a los partidos. No lo hacen con aportes monetarios, sino con espacios en sus programas y sus tandas, y no aplican criterios equitativos o neutrales, sino que priorizan las afinidades políticas y el intercambio de favores.

Cuando el Parlamento discutió sobre publicidad electoral gratuita, las empresas sostuvieron que conceder cinco minutos por hora las pondría al borde de la quiebra. Sin embargo, durante la campaña varias de ellas otorgaron grandes descuentos en la publicidad paga, violando la obligación legal de cobrarles lo mismo por minuto a todos los partidos (y a algunos se les cobró por encima de la tarifa declarada). En muchos otros casos no sabemos qué pasó, porque ni siquiera se presentaron las declaraciones juradas que la ley exige.

Las sanciones son de rigor y con rigor deberán aplicarse, pero será aún más importante que se legisle seriamente y que haya compromisos firmes con el cumplimiento de la ley.

Hasta mañana.